Investigación federal avanza y órdenes judiciales se ejecutan con precisión.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el 29 de noviembre obtuvo información suficiente que permitió abrir la carpeta de investigación ministerial (928/2024) por delincuencia organizada, y se integraron datos relacionados con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas en territorio nacional.

POr su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal informó que los indicios fueron recabados mediante procedimientos formales, y los documentos se remitieron a la instancia correspondiente para su análisis. Las autoridades federales señalaron que la investigación avanzó conforme a los lineamientos legales establecidos.

En esa misma carpeta, hace 10 días el juez federal competente otorgó órdenes de aprehensión contra 13 personas, y los expedientes se mantuvieron en estricta reserva por motivos procesales. Los informes judiciales precisaron que cada mandato se sustentó en elementos comprobatorios, y las instituciones involucradas notificaron los actos ministeriales aplicables. Los procesos se radicaron ante los órganos jurisdiccionales que definieron los tiempos de cumplimiento.

La dependencia indicó que hoy se cumplió una orden de aprehensión en contra de una funcionaria federal acusada de participar en los delitos investigados, y los agentes ministeriales confirmaron la ejecución del mandato. La autoridad explicó que el procedimiento se llevó a cabo con apego a derecho, y se realizaron las certificaciones que el expediente exigió. Las instancias responsables notificaron que la persona quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF).

Caso Raúl Rocha Cantú

En relación con uno de los señalados, Raúl Rocha Cantú, la Fiscalía comunicó que se obtuvieron datos fundamentales que permitirán al Ministerio Público Federal (MPF) ampliar el curso de la indagatoria, y los documentos se integraron al expediente en tiempo y forma. El organismo reiteró que la información pública previa fue considerada en el análisis, y se añadieron elementos provenientes de entrevistas procesales. Las autoridades determinaron que los avances se difundirán conforme se validen los registros.

La dependencia precisó que la situación jurídica del mencionado individuo se dará a conocer cuando los elementos probatorios sean ratificados con plena certeza, y los informes ministeriales se encuentren completos. El MPF señaló que se realizarán las diligencias correspondientes, y los resultados serán presentados ante la autoridad judicial. La instancia federal confirmó que el expediente continúa en revisión.

La autoridad judicial explicó que las diligencias se mantendrán en curso para determinar la validez de cada prueba, y se establecerán las conclusiones procedimentales una vez que concluyan los peritajes. Las instituciones reiteraron que los tiempos procesales se ajustaron a lo dispuesto en la ley, y no se anticiparon resoluciones. El proceso fue supervisado por los órganos técnicos de cada área. –sn–

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