Repartidores exigen justicia y rechazan impuesto en Cdmx. Manifestación frente a la SCJN.
Por Martín García | Reportero
Más de 300 personas repartidoras de diversas plataformas, agrupadas en Repartidores Unidos de México (RUM), se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mientras se discutía el proyecto de aplicar un impuesto del 2 por ciento al reparto por aplicaciones en la Ciudad de México (Cdmx). Los manifestantes expresaron su rechazo a la medida y aseguraron que afectará directamente sus ingresos diarios. La protesta se realizó de manera pacífica, con pancartas y consignas que evidenciaron su preocupación por la estabilidad económica familiar.
Los repartidores declararon sentirse decepcionados y molestos tras la votación que validó la aplicación del nuevo impuesto. Afirmaron que, a pesar de expresar sus preocupaciones, los ministros y ministras no modificaron ninguna propuesta y mantuvieron la medida vigente. Los trabajadores señalaron que ya cumplen con el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), además de las obligaciones derivadas de la reforma laboral.
La decisión de la SCJN fue percibida como una omisión a las demandas de los repartidores que laboran diariamente en la capital. La validación del impuesto representa, según los manifestantes, un precedente que podría afectar a miles de familias. Los trabajadores advirtieron que el aumento en los costos del servicio impactará negativamente sus ingresos netos y la economía de sus hogares.
Impacto económico y social
Los integrantes de RUM señalaron que el nuevo impuesto del 2 por ciento generará un aumento directo en los gastos de operación de las plataformas de reparto. Esta medida incrementará la carga fiscal sobre los trabajadores que ya enfrentan costos por combustible, mantenimiento y servicios. Los repartidores alertaron que el gravamen podría trasladarse al precio final del servicio, afectando también a los consumidores de la Cdmx.
Según los manifestantes, la medida ignora el esfuerzo diario de quienes garantizan la entrega de productos en tiempo y forma. La protesta buscó visibilizar la vulnerabilidad económica de los repartidores frente a decisiones legislativas y judiciales. La agrupación RUM enfatizó que el impuesto compromete la seguridad financiera de cientos de familias dependientes de esta actividad.
Los trabajadores hicieron un llamado al gobierno federal y a las autoridades locales para reconsiderar el impacto del impuesto en la economía de la población. Reclamaron que la política pública debe equilibrar la recaudación fiscal con la protección del sustento de los trabajadores. La SCJN, al validar la medida, estableció un precedente que podría replicarse en otras entidades federativas, alertaron los repartidores. –sn–


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