SN Redacción
«Afortunadamente, no estamos en ninguna de las tres circunstancias que planteó (Andrés Manuel López Obrador para su reincorporación a la vida pública). El pueblo de México está con el proyecto, lo vemos todos los días, lo dicen las encuestas por si había alguna duda», aseveró la presidente Claudia Sheinbaum. Subrayó que no ve ese escenario actualmente, con relación a las tres premisas que mencionó su antecesor: riesgo para la democracia, para la soberanía y un eventual golpe de Estado.
La Junta de Coordinación Política del Senado dio a conocer ayer oficialmente la lista de los 43 aspirantes que cumplieron con los requisitos y el perfil para encabezar la Fiscalía General de la República (FGR) que dejó Alejandro Gertz. Aunque no se dio a conocer la lista general de quienes se inscribieron y fueron eliminados o vetados, entre los nominados sobresalen los nombres de Ernestina Godoy -como se anticipó y ya se esperaba-, quien recién dejó la Consejería Jurídica de la Presidencia, fue fiscal de la Cdmx y ya es la titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial en la FGR y, por ende, encargada del despacho del organismo.
Tras ser inaugurada en 2023, la Línea Metropolitana, que abastecería de agua potable a 12 municipios del edomex y a dos alcaldías de la Cdmx, está en desuso, vandalizada y presenta daños en un área que fue construida en suelo propenso a hundimientos. El estatus del proyecto fue confirmado por el gobierno del Estado de México en una respuesta que hizo por escrito a un Juez de Distrito que lo conminó a suministrar agua a vecinos de Ecatepec que padecen escasez y quienes ganaron un amparo.
El año 2025 marcó un giro con la transformación de la manera en que se eligen a jueces, magistrados y ministros. La reforma judicial, que culminó en la primera elección por voto popular para dichos cargos, reconfiguró el Equilibrio de Poderes y sembró las bases de una nueva era en el sistema de justicia. Desde la controvertida integración de las listas de candidatos hasta las primeras renuncias de juzgadores, el nuevo Poder Judicial se mantuvo en el ojo del huracán mediático.
El TDJ del PJF destituyó del cargo a un magistrado adscrito a Tabasco e inhabilitó para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un año a otro magistrado de Morelos, a ambos por hostigamiento sexual contra una y cinco servidoras públicas, respectivamente, e inhabilitó a una juez de Zacatecas por maltrato profesional contra tres empleados.
Mediante comunicado de prensa, la Comisión de Disciplina del TDJ, que preside Rufino León Tovar, informó que entre el 21 de enero y el 30 de abril del año 2000 un Magistrado de Tabasco «llevó a cabo insinuaciones de tipo sexual y petición de favores sexuales en contra de la denunciante a cambio de nombramientos, hasta lograr imponerle la cópula. En este asunto, la valoración de pruebas permitió establecer que el denunciado incurrió en conductas de hostigamiento sexual valiéndose de su posición jerárquica y afectando la dignidad de la víctima, razón por la cual se resolvió destituirlo del cargo».
Tres jueces federales revocaron todos los frenos que estaban vigentes contra la reforma judicial y que, hasta ahora, protegían los sueldos de juzgadores y ex juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, luego de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, interpretó una resolución del viejo Máximo Tribunal para considerar toda la reforma judicial como electoral y, eventualmente, preparar la cancelación de todos los amparos que fueron tramitados en su contra, consideró Luis Miguel Cano, abogado de diversos juzgadores que desde 2024 impugnaron la reforma para intentar evitar la remoción de sus cargos impuesta por la “elección judicial”. Ayer, los quejosos de cientos de amparos contra la reforma judicial fueron notificados por los jueces Tercero, Quinto y Séptimo de Distrito en Zapopan, Jalisco, de la revocación de las suspensiones definitivas que tenían y que ordenaban no removerlos de sus puestos, ni reducir sus sueldos.
El INEGI dio a conocer en octubre de este año los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, en los que se expone que las fiscalías no tienen la capacidad para llevar ante una juez la imputación de un delito que solo deriva en un clima de impunidad, donde se han abierto un millón 908 mil 616 carpetas de investigación. De ese total, según la condición de presentación de la persona imputada, 693 mil 040 fueron con persona imputada lo que representa el 36.3 por ciento y 1 millón 85 mil 909, es decir el 56.9 por ciento, sin persona imputada, detalló el INEGI Durante 2024, la FGR reportó 91 mil 911 determinaciones o conclusiones en las carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial. Estas cifras ponen sobre la mesa que los fiscales en un principio ven un probable delito, pero finalmente un juez determina que no, por lo que el caso acaba en un sobreseimiento. Este censo pone más dudas que certezas sobre el sistema de justicia en México.
Los señalamientos contra Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración del IPN, tardaron alrededor de tres años en surtir efectos mayores, pues su vinculación con una red de corrupción relacionada con el sector salud estaba radicada desde 2022. Fue en diciembre de 2023 cuando la asociación civil contra la impunidad Tojil dio a conocer la entonces presunta existencia de una red de más de 80 empresas con las que se vinculó al también ex funcionario del ISSSTE, para supuestamente beneficiarse de contratos otorgados a las firmas, entre las cuales algunas ya estaban consideradas desde entonces como fantasma por el SAT.
Desde 2022 la FGR ya contaba con una carpeta de investigación en contra de Tapia y colaboradores, a los que se les señala de relacionarse con empresas que, en su momento, habrían triangulado más de tres mil 300 millones de pesos provenientes del erario. El informe de Tojil aseguró que desde que se inició la carpeta de investigación, el funcionario del IPN interpuso amparos para tener acceso a la indagatoria y frenar posibles medidas judiciales que se llegaran a dictar, como que se giraran órdenes de aprehensión en su contra o que se fincaran procedimientos de responsabilidad administrativa.
A más de siete años del fallecimiento de 10 personas que fueron arrolladas junto con sus vehículos por la conductora de un tráiler… en la carretera México-Toluca, en Santa Fe, los familiares siguen a la espera de justicia. Jenny, quien perdió a su padre el 7 de noviembre de 2018, dijo que «estamos peor», luego de que en septiembre del año pasado un juez federal ordenó reponer el procedimiento, con lo que la conductora del tráiler, Ana G, quedó en calidad de acusada y sin la sentencia de casi 15 años de prisión. La defensa de la conductora solicitó al juez el cambio de medida cautelar porque requiere de una operación en el tobillo, lo que causó el enojo de los familiares, a quienes no se ha reparado el daño por parte de la empresa de transporte. La audiencia se difirió para el siguiente lunes. Al respecto, Jenny expresó: «No entiendo por qué los jueces han aplazado esto por siete años, no entiendo por qué los jueces no tienen aquí a la empresa para que nos responda».
Durante un cateo en domicilio particular de Nuevo León, la FGR decomisó 30 mil litros de hidrocarburo e inhabilitó una toma clandestina. Por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional del estado, solicitó y obtuvo autorización de un juez para la ejecución de una orden de cateo, como parte de las investigaciones de hechos delictivos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer una serie de impuestos que pretendían aplicar municipios de diversos estados, como Durango, San Luis Potosí, Coahuila, Oaxaca y Jalisco. Por ejemplo, el impuesto a extranjeros que pisan territorio de Puerto Vallarta, la multa a quien venda bebidas alcohólicas a personas con discapacidad, otra proferir insultos a una autoridad, entre otros. En el caso de Puerto Vallarta, el gobierno municipal de Luis Munguía, del PVEM, impuso desde enero un impuesto a personas extranjeras que visitan este destino turístico. Por unanimidad y sin discusión, ministras y ministros invalidaron la Ley de Ingresos de Puerto Vallarta que preveía ese impuesto, de 1.25 UMA, equivalente a 141 pesos. El pago surtía efectos por un año y exentaba a niños, extranjeros con residencia y personas que permanecieran arriba de los cruceros, personas con discapacidad y personal que es parte de la industria turística.
En la mesa de diálogo que sostuvieron ministros de la Suprema Corte, dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Yasmín Esquivel aseguró que la ciudadanía quiere jueces prudentes, independientes y equilibrados, por lo que no debe haber excesos entre los mismos. Esquivel pidió no hacer uso político de la justicia o utilizarla para llegar a un espacio político, así como tampoco inventar figuras que el legislador no estableció: «Queremos jueces auténticamente correctos y esa es la invitación que hago a jueces y magistrados locales y federales», señaló. La ministra llamó a los jueces a apegarse a la Constitución y revisar cada caso, no como un expediente más, sino reconocer que detrás de cada folder está la vida, la seguridad, los bienes y la tranquilidad de las personas. También subrayó que lo que la ciudadanía espera del Poder Judicial es un Estado de Derecho, un país de leyes.
El Inegi calcula que el 23.5% del PIB corresponde a las labores no pagadas de cuidado y del hogar. Este porcentaje tan elevado ya se ve rebasado por la aportación de sectores enteros de la economía formal, como la manufactura, el comercio y los servicios financieros. En México, millones de mujeres cargan sobre los hombros una jornada que nunca termina. Amanece antes que todos, prepara desayunos, viste a los niños, atiende a un adulto mayor, sale a trabajar y, al volver, sigue cuidando. Sus nombres no aparecen en ninguna nómina, nadie le paga esas horas extra y: sin embargo, nada funcionaría sin ellas. En otras palabras, el mayor pilar económico del país ocurre en silencio, dentro de las casas, sin salario ni protección. «El gobierno federal ya se sentó a ver qué dinero tiene y qué servicios existen. Ahora toca escuchar más voces y construir la ley.» Lo que se ha logrado: La Constitución de la Cdmx reconoce el derecho al cuidado desde 2017; La Suprema Corte declaró en 2023 que el cuidado es un derecho humano exigible.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación aún está a la espera de los dictámenes periciales de las autoridades de justicia, del Inbal y del INAH para determinar el costo de la restauración del mural Tzompantli, del artista Rafael Cauduro, el cual sufrió daños graves causados por manifestantes de la marcha del 15 de noviembre y que ya dieron lugar a denuncias, informaron ayer autoridades del alto Tribunal. Señalaron que aún no han tenido comunicación con la Casa Estudio Cauduro, ya que al tratarse de un posible delito, deben esperar los dictámenes.
Pese al ambiente hostil en contra de los migrantes mexicanos, sobre todo en Chicago, Illinois, las remesas que envían los paisanos que viven en el exterior, principalmente desde Estados Unidos, repuntaron en octubre respecto al mes previo. Datos del Banco de México (Banxico) mostraron que durante el décimo mes del año los envíos de dinero que mandan a sus familiares en sus lugares de origen sumaron 5 mil 635 millones de dólares.
Las previsiones para el comportamiento de la economía mexicana se recortaron para este año y el 2026, de acuerdo con la encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, elaborada por el Banco de México (Banxico). Se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) apenas crezca 0.40 por ciento este año, desde el 0.50 por ciento previsto el mes anterior. Incluso, la probabilidad de que se observe una caída en este indicador aumentó entre los especialistas consultados en relación con el mes anterior para el cuarto trimestre de 2025 y para el primero y segundo trimestres de 2026.
En medio de una escalada retórica y de preparativos militares, el presidente Donald Trump se reunió ayer en la Casa Blanca con su equipo de seguridad nacional y diplomacia para examinar los siguientes pasos en relación con Venezuela. El encuentro, en el que participaron el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y líderes militares, tuvo lugar después que Trump declaró el cierre total del espacio aéreo venezolano en días pasados y anunció que posibles acciones contra blancos terrestres podrían comenzar «muy pronto», aunque no ofreció más detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes ante una movilización multitudinaria frente al palacio de Miraflores que no podrán sacarlo jamás y que nunca le fallará ni al comandante Hugo Chávez (1954-2013) ni al pueblo. Estas declaraciones se dan en un contexto de máxima amenaza por parte del gobierno de su par estadunidense, Donald Trump, quien aseguró hace pocos días que «pronto» ordenará ataques en tierra contra lo que denomina «grupos narcotraficantes», que reiteradamente ha asociado con el gobierno de Venezuela. Maduro y Trump sostuvieron una conversación telefónica hace poco más de una semana, aunque los detalles de la misma no han trascendido.
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