SN Redacción
Con cambios de última hora, el Senado aprobó la lista de 10 perfiles para encabezar la Fiscalía General de la República. La mayoría de Morena y sus aliados del PVEM y PT avalaron la lista, que deberá ser revisada por la presidente Claudia Sheinbaum, quien enviará una terna finalista. La votación se dio con 88 a favor, 28 en contra y cinco abstenciones.
El Pleno del Senado aprobó a los diez finalistas para ocupar la titularidad de la FGR y turnó la lista a la presidente Claudia Sheinbaum, quien regresará una terna que hoy sería votada. Morena excluyó a Alfredo Barrera para meter a Félix Roel Herrera, quien colaboró con Adán Augusto López cuando gobernó Tabasco. Adán Augusto López explicó que se excluyó el nombre de Alfredo Barrera Flores porque “quienes ayudaron en la revisión se les pasó el detalle; estaba impedido, porque era magistrado y no cumplía el tiempo para estar separado”. De acuerdo con el currículum vitae de Barrera Flores para competir en la elección judicial, era “magistrado de Circuito, base, (22/01/2024 a la fecha) Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, San Andrés Cholula, Puebla”.
La presidente Claudia Sheinbaum puso en marcha las Farmacias del Bienestar, nueva estrategia de distribución y alcance de medicamentos para adultos mayores y personas con discapacidad del programa Salud Casa por Casa. El programa inicia con 22 tipos de medicamentos que representan cerca de 80 por ciento de los que necesitan los adultos mayores, por lo que cada dos meses se visitará a los beneficiarios para hacer una revisión, así como para volver a emitir la receta.
La SCJN despenalizó el aborto en Tlaxcala con la invalidación de varios artículos de la Ley de Salud de ese estado que condicionaban la atención médica a la autorización de un Ministerio Público. Por unanimidad, los ministros invalidaron el artículo 44 Bis, adicionado en 2007, que supeditaba la interrupción del embarazo en instituciones públicas a la autorización del MP. Lo mismo ocurrió con las reformas de marzo de 2024, que condicionaban que hubiera una denuncia para que personas en situación de probable violencia familiar o sexual pudieran recibir atención médica. El artículo 53 quáter, agregado el año pasado, estableció que para el caso de una violación a niñas o adolescentes sólo se podría dar una pastilla anticonceptiva con consentimiento de su tutor. La sentencia de la Corte, dictada ayer, obligó al estado de Tlaxcala a eliminar las barreras que había en las leyes locales.
La nueva SCJN falló en contra de Inbursa, aseguradora del conglomerado de empresas de Carlos Slim, y determinó que deberá pagar indemnizaciones a dos personas que sufrieron descargas eléctricas provocadas por cables de la CFE. Esto se debe a que Inbursa es la aseguradora que la CFE contrató para responder por accidentes relacionados con sus redes eléctricas. La Corte confirmó que el artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro es válido. Esto permite que las personas afectadas por accidentes vinculados al servicio eléctrico puedan reclamar directamente a la aseguradora, sin necesidad de iniciar primero un procedimiento administrativo. La medida busca que las víctimas reciban su indemnización de manera más rápida y segura. La SCJN señaló que Inbursa, como aseguradora contratada por la CFE, es responsable de cubrir los daños causados por estas descargas.
Gildardo López Astudillo, El Gil, presunto líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos, denunció ayer que sufre tortura física y psicológica en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 “CPS” de Guanajuato, donde está recluido. El Gil, uno de los principales acusados de participar en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, inició un juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México contra el director de ese penal. En su demanda, reclamó la “incomunicación, segregación, aislamiento, menoscabo a la dignidad humana, integridad física, psicológica, tortura, tormento y pena inusitada”.
No obstante, el juzgador declinó su competencia y turnó el caso a su homólogo del Juzgado Decimosegundo de Distrito de Guanajuato, quien decidió no aceptarla. Por lo anterior, la demanda de garantías se turnó a un Tribunal Colegiado, que resolverá el conflicto competencial para determinar qué impartidor de justicia debe estudiar el caso.
Al considerar que obstruye el ejercicio de la libertad de expresión, un juez federal declaró inconstitucional la “Ley Censura” de Puebla, que castiga con hasta 3 años de cárcel a quien ofenda u hostigue a cualquier persona a través de redes sociales. Horacio Óscar Rosete Mentado, juez Tercero de Distrito en Materia Penal de Puebla, concedió al litigante César Pineda Zárate el primer amparo contra la reforma del artículo 480 del Código Penal de Puebla, impulsada por el gobernador morenista Alejandro Armenta.
En un firme posicionamiento sobre la situación laboral dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, Indira Isabel García Pérez, subrayó la urgente necesidad de garantizar entornos libres de hostigamiento, acoso y cualquier forma de violencia, enfatizando que “una justicia con miedo no es justicia: es sumisión”.
La Secretaría de Gobernación impugnó la resolución del Juzgado que ordenó la reapertura de algunos de los casinos señalados recientemente por probable lavado de dinero, dio a conocer ayer la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Consultada en su conferencia de prensa matutina sobre la posible presentación de un recurso ante el TDJ por la actuación del juzgador en ese caso, explicó que esos recursos deben venir del propio Poder Judicial, por lo que llamó a esperar la decisión en segunda instancia; sin embargo, expresó su desacuerdo con esa primera resolución.
Tres jueces federales revocaron todos los frenos que estaban vigentes contra la reforma judicial y que, hasta ahora, protegían los sueldos de juzgadores y ex juzgadores del PJF. Lo anterior, luego de que el ministro presidente de la nueva SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, interpretó una resolución del viejo Máximo Tribunal para considerar toda la reforma judicial como electoral y, eventualmente, preparar la cancelación de todos los amparos que fueron tramitados en su contra, consideró Luis Miguel Cano, abogado de diversos juzgadores que desde 2024 impugnaron la reforma para evitar la remoción de sus cargos impuesta por la “elección judicial”. Ayer, los quejosos de cientos de amparos contra la reforma judicial fueron notificados por los jueces Tercero, Quinto y Séptimo de Distrito en Zapopan, Jalisco, de la revocación de las suspensiones definitivas que tenían y que ordenaban no removerlos de sus puestos ni reducir sus sueldos.
El gobierno de Guatemala autorizó a la justicia mexicana la facultad de imputar más acusaciones contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. La FGR ya judicializó una nueva carpeta relacionada con desvíos de recursos federales durante su gestión, de diciembre de 2010 a octubre de 2016. Semanas atrás, la defensa de Duarte buscó que su cliente cumpliera en libertad vigilada los cuatro meses que restan de su condena, pero el recurso fue desechado por Ángela Zamorano Herrera, juez de Control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.
Universal Music reabrió la disputa legal contra Christian Nodal y sus padres al presentar un recurso de apelación contra el fallo que, el pasado 19 de noviembre de 2025, los había dejado fuera del proceso penal por presunta falsificación de contratos. La compañía ingresó su inconformidad ante el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con el propósito de que el juez reevalúe la decisión que liberó al cantante y a su familia.
La ONU —a través de una comunicación oficial firmada por nueve mandatos de Procedimientos Especiales y fechada el 2 de septiembre— cuestionó a México, EU y Singapur, así como a siete empresas involucradas, por los daños ambientales que organizaciones civiles y comunidades advierten que produciría la expansión de infraestructura de gas fósil–gas natural licuado (GNL) en el Golfo de California, conocido por su rica biodiversidad. Y es que, aunque la presidente Claudia Sheinbaum afirmó el 1 de diciembre que el proyecto “no es irregular” y que “se está revisando la disponibilidad de gas y si se requiere un gasoducto adicional”, hasta ahora hay 10 amparos interpuestos por ejidatarios y ciudadanos de comunidades costeras contra la reclasificación en 2018 del proyecto de regasificación a licuefacción sin una nueva Manifestación de Impacto Ambiental.
Pese a que la reforma ha sufrido más de 50 correcciones en el último mes, agricultores y ganaderos exigen que se aplace la votación, programada para este miércoles, pues aún no están satisfechas sus demandas y anunciaron nuevos cierres en diversas partes del país. Integrantes del Frente Nacional para Rescate al Campo Mexicano (FNRCM), productores y diversas organizaciones de la sociedad civil pidieron a los legisladores enmendar de nuevo la plana. Como uno de los puntos neurales, Eraclio Rodríguez, líder del FNRCM, resaltó que no hay reconocimiento a los derechos a la ganadería en cuanto a los pozos que tiene el sector debido a un amparo derivado de un decreto presidencial de 2013.
En caso de aprobarse las reformas en materia de aguas, la Conagua estaría a contrarreloj para resolver los más de 40,000 trámites en rezago que presentaba hasta el pasado junio. El proyecto de decreto que se discutirá hoy en la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados establece, en los transitorios de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que “los trámites que se encuentren pendientes de resolución por parte de la Conagua al momento de la publicación del presente Decreto se resolverán en términos de la normatividad vigente al momento de su presentación”. No obstante, en los últimos años se ha hecho común en el país que los trámites rezagados en la Conagua sean impugnados ante los Tribunales Federales por los peticionarios ante la falta de respuesta por parte de la autoridad.
La SCJN tiene previsto discutir este jueves la viabilidad de un amparo que busca invalidar el decreto que autorizó la regularización, en 2022, de autos «chocolates». La Corte agendó discutir un proyecto del ministro Arístides Guerrero García que propone declarar improcedente el recurso legal promovido por una asociación civil; los quejosos buscan anular con efectos generales el decreto del entonces presidente AMLO que permitió la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. La propuesta del togado no estudia el fondo de la impugnación, pues determina que una asociación civil no puede obtener la anulación a nivel nacional del fallo.
El proyecto de la ministra Lenia Batres, que se discutirá el próximo jueves, desestimó el amicus curiae que presentó una persona a favor de los salarios mínimos como modelo para fijar las indemnizaciones por responsabilidad civil derivadas de muerte o discapacidad, debido a precedentes internacionales y de la misma SCJN para otorgar montos más altos en reparaciones del daño. Un amicus curiae es un tercero que aporta información, análisis o experiencia especializada, sin que la Corte esté obligada a tomar en cuenta sus argumentos. En mayo pasado, el abogado Emiliano Antonio Moreno presentó un escrito con argumentos para que se mantenga como jurisprudencia el uso de salarios mínimos para calcular reparaciones del daño, como ha sido en los últimos años. Su justificación central es que para el pago de pensión alimenticia se dejó firme que ésta se cuantifique mediante el salario mínimo vigente y no en UMA, preservando así el principio propersona y la protección de los derechos humanos de menores de edad.
Con un amparo de una empresa vinculada con la familia de Ismael “El Mayo” Zambada, la ministra Lenia Batres propondrá eliminar el candado que la anterior integración de la SCJN impuso a la UIF para bloquear cuentas. Con el amparo directo en revisión en el que la empresa Fresh Packing Corp, supuestamente propiedad de Vicente Zambada Zazueta, sobrino de El Mayo Zambada, la ministra propondrá al Pleno de la Corte abandonar el llamado “criterio Medina Mora”, que exigía a la UIF acreditar una petición de un organismo internacional para bloquear cuentas bancarias. Este criterio fue emitido en 2018 a propuesta del entonces ministro Eduardo Medina Mora, poco antes de la llegada de AMLO a la Presidencia, quien utilizó a la UIF como principal “brazo” de la FGR para sustentar investigaciones penales. Dicho criterio establecía que, si la UIF no tenía orden judicial previa, el bloqueo de cuentas sólo era legal si derivaba del cumplimiento de obligaciones internacionales de México para congelar activos vinculados con operaciones de recursos ilícitos o financiamiento al terrorismo. La ministra agregó que el criterio Medina Mora contraviene los programas gubernamentales para combatir el blanqueo de capitales, las empresas factureras y otras figuras que dañan el sistema financiero y jurídico del país.
La percepción de los empresarios sobre la economía del país y de sus negocios se deterioró nuevamente en noviembre y extendió la racha negativa que inició en abril del año pasado. El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) disminuyó 3.2 unidades en su variación anual en noviembre, acumulando 19 meses en negativo y situándose en 48.3 puntos, su nivel más bajo desde diciembre de 2022. Todos sus componentes mostraron retrocesos.
México alcanzaría un nivel de deuda bruta de 60 por ciento del PIB en 2027, debido a una estructura fiscal que “ya no da”, por lo que más adelante se sacrificará la inversión y deberán aumentar los impuestos, advirtió el área de Estudios Económicos de Grupo Financiero Banamex.
El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en EU por narcotráfico, fue liberado tras un indulto presidencial de Donald Trump, quien lo describió como víctima de un “montaje” orquestado por el gobierno de Joe Biden. La esposa de Hernández, Ana García, confirmó en redes sociales que su marido “volvió a ser un hombre libre” desde la prisión federal de Hazelton, en Pensilvania.
La policía belga detuvo ayer a Federica Mogherini, alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea y vicepresidenta de la Comisión Europea entre 2014 y 2019, por presunto fraude con fondos europeos en la adjudicación de un proyecto… La acción policial fue ordenada por la Fiscalía Europea (EPPO) en el marco de una investigación sobre presunto fraude con fondos europeos destinados a la formación de jóvenes diplomáticos. Las autoridades tienen hasta 48 horas para presentarlos ante un juez de instrucción, según la prensa belga.
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