Harfuch explica motivaciones criminales en ataque.
Por Paola Ramírez | Reportera
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Sspc), Omar García Harfuch, afirmó que el caso del coche bomba en Coahuayana correspondió a actividades de delincuencia organizada y no a acciones de terrorismo, y señaló que las leyes nacional e internacional definen ese delito por la imposición de objetivos políticos o ideológicos.
Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, expuso que las evidencias mostraron que los responsables buscaban ampliar rutas de trasiego de droga, esquemas de extorsión y control territorial, sin elementos que vincularan el hecho con fines sociales o religiosos. Indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) descartó la clasificación de terrorismo y turnó la indagatoria a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
El funcionario detalló que el ataque formó parte de una confrontación criminal activa en la región, donde operaban grupos con disputas previas. Afirmó que no existían indicios de amenazas contra instancias gubernamentales ni de actos destinados a influir en políticas públicas. Añadió que los responsables buscaban consolidar presencia en Michoacán mediante acciones violentas dirigidas a actores delictivos rivales.
El responsable de Seguridad en el gobierno de Claudia Sheinbaum reiteró que la caracterización jurídica se sustentó en análisis técnicos y antecedentes criminales recopilados en la zona. Sostuvo que la evidencia señaló estrategias de intimidación entre grupos enfrentados y no un intento de alterar la estabilidad institucional. Subrayó que las pesquisas federales se orientaron al fortalecimiento de procesos contra estructuras de delincuencia organizada.
Disputa regional en Michoacán
El titular de la Sspc explicó que el estallido del coche bomba derivó de una pugna local entre organizaciones asentadas en la región de Coahuayana. Apuntó que un grupo afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) confrontó a la alianza denominada Cárteles Unidos, lo que generó movilizaciones violentas previas en distintos puntos limítrofes. Indicó que investigaciones de campo confirmaron la presencia de líderes regionales que mantenían una confrontación prolongada.
El funcionario añadió que en conferencias anteriores se habían documentado ataques previos con explosivos fabricados de forma artesanal, utilizados de manera irregular por ambos bandos. Recordó que algunos artefactos estallaron antes de su uso debido a su manufactura deficiente, lo que reforzó la hipótesis de enfrentamientos internos. Precisó que los ataques no se dirigieron a cuerpos de seguridad comunitarios ni a población civil.
García Harfuch señaló que el grupo aliado al CJNG correspondió al Cártel de Tepalcatepec, estructura con operaciones documentadas en distintas áreas rurales del estado. Indicó que la confrontación con Cárteles Unidos se intensificó en periodos recientes con el objetivo de controlar accesos estratégicos hacia rutas de trasiego. Recalcó que la caracterización del ataque se sustentó en patrones de violencia propios de disputas territoriales.
Sin afrenta al gobierno federal
En la conferencia del martes 9 de diciembre, Claudia Sheinbaum coincidió con García Harfuch en que el coche bomba no representó una afrenta del crimen organizado contra el gobierno federal. Afirmó que la fecha coincidió con actos públicos por los siete años de administraciones identificadas con la Transformación, sin elementos que relacionaran el hecho con esas actividades. Señaló que se trató de un evento estrictamente circunscrito al conflicto criminal regional.
La mandataria puntualizó que las líneas de investigación confirmaron un conflicto histórico entre el Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos, cuyo historial incluía diversos ataques entre sí registrados en administraciones anteriores. Aseguró que los análisis técnicos descartaron un mensaje político y situaron el hecho en dinámicas criminales previamente detectadas. Sostuvo que organismos de seguridad mantuvieron despliegues operativos para evitar riesgos adicionales.
García Harfuch enfatizó que el uso del término terrorismo debía sustentarse en criterios legales verificables y no en percepciones públicas generadas tras eventos de alto impacto. Indicó que la cooperación interinstitucional permitió consolidar una línea sólida de investigación en materia de delincuencia organizada. Afirmó que las autoridades continuaron con operativos de vigilancia en zonas críticas de Michoacán para inhibir nuevos actos violentos. –sn–
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