FGR obtuvo reparación millonaria de Ricardo Mejía Zayas y José Francisco Monroy Gaytán, y confirmó responsabilidad penal en convenio irregular.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la reparación del daño por casi 63 millones de pesos tras concluir un proceso penal contra un ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y un rector universitario, vinculados al caso conocido como La Estafa Maestra.

La institución, que dirige la senaadora con licencia de Morena, Enrnestina Godoy, señaló que ambos firmaron un convenio con anomalías que afectaron recursos públicos. Las autoridades precisaron que el monto quedó plenamente acreditado como perjuicio al Estado Mexicano.

Los imputados fueron identificados como Ricardo Mejía Zayas y José Francisco Monroy Gaytán, quienes ocuparon cargos directivos en la entonces Sedesol y en la Universidad Intercultural del Estado de México. Las investigaciones confirmaron que sus funciones permitieron la celebración del convenio cuestionado. Los registros oficiales indicaron que su intervención comprometió recursos federales.

El acuerdo se suscribió sin garantizar las condiciones más favorables para el Estado, de acuerdo con la carpeta judicial. Las evaluaciones técnicas mostraron que la universidad involucrada subcontrató la totalidad de los servicios pactados con la dependencia federal. Los dictámenes revelaron que los servicios se adquirieron a un costo inferior, lo que generó un perjuicio directo a la hacienda pública federal.

Convenio bajo investigación

La FGR explicó que la cifra establecida como reparación ascendió a 62 millones 877 mil 192 pesos, resultado de la diferencia entre el monto pagado y el costo real de los servicios. Las autoridades detallaron que esta operación formó parte de las prácticas asociadas al esquema conocido como La Estafa Maestra. El análisis ministerial determinó que existió un uso indebido de atribuciones en la firma del convenio.

El Ministerio Público Federal integró pruebas documentales y periciales para sostener la acusación ante el juez. Los indicios incluyeron contratos, reportes financieros y comparativos de costos. La autoridad judicial evaluó cada elemento y concluyó que se acreditó la responsabilidad penal de los involucrados.

Los funcionarios obtuvieron beneficios legales previstos en el Código Penal Federal, aunque condicionados al pago total de la reparación económica. El juzgado estableció que este requisito constituía un elemento indispensable para acceder a los sustitutivos. La resolución precisó que el Estado Mexicano debía recuperar íntegramente los recursos afectados.

Fallos y obligaciones

Las autoridades ministeriales supervisaron el cumplimiento de las obligaciones dictadas por la sentencia. La FGR confirmó que el monto quedó garantizado, tal como lo ordenó la autoridad judicial. El proceso avanzó hacia su conclusión una vez establecido el resarcimiento.

El caso reforzó los mecanismos de revisión aplicados por la FGR en investigaciones sobre irregularidades administrativas. Los expedientes mostraron la forma en que decisiones institucionales afectaron el patrimonio público. Los dictámenes finales subrayaron la necesidad de verificar cada convenio suscrito con instituciones educativas.

La resolución judicial también permitió documentar el esquema de subcontrataciones observado en la universidad estatal. Las autoridades establecieron que este sistema disminuyó la calidad y el valor del servicio contratado originalmente. El análisis ministerial determinó que la operación afectó los principios de eficiencia administrativa. –sn–

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