Exalcaldesa denunció persecución política y proceso judicial contra su equipo.

Por Martín García | Reportero                                      

La ex presidente municipal de Múzquiz, Tania Vanessa Flores Guerra, afirmó que enfrentó una persecución institucional en su contra y de sus allegados. Señaló como responsable al gobernador Manolo Jiménez Salinas. Indicó que el conflicto se originó tras diferencias previas cuando él ocupó una secretaría estatal.

La ex funcionaria realizó una transmisión en vivo desde Monterrey. Informó que buscó asesoría legal para su defensa y la de su equipo. Horas antes había difundido mensajes en redes sociales sobre su regreso a Múzquiz.

Durante la transmisión sostuvo que no existieron delitos penales en su contra. Afirmó que las instituciones se usaron para iniciar procedimientos administrativos. Relacionó estas acciones con decisiones del Ejecutivo estatal.

Medidas cautelares

La denuncia pública surgió tras una resolución judicial contra su extesorero. Víctor Manuel “N” recibió la orden de portar un monitor electrónico. La medida se dictó dentro de un proceso de la Fiscalía Anticorrupción estatal.

Flores Guerra explicó que la audiencia se celebró en el Centro de Justicia de Sabinas. Precisó que no se notificaron cargos por desvío de recursos o peculado. Indicó que el señalamiento fue por ejercicio abusivo de funciones.

Pese a ello, el juzgado impuso la medida cautelar del dispositivo electrónico. El proceso continuó con el imputado en libertad. La exalcaldesa relacionó esta decisión con presión política.

Acusaciones públicas

La exfuncionaria afirmó que el caso se originó por un dictamen administrativo. Señaló que los recursos federales ya habían sido auditados. Indicó que el asunto correspondía a un tribunal administrativo.

Sostuvo que las actuaciones contra su equipo provinieron de órdenes directas del Ejecutivo estatal. Afirmó que el Poder Judicial participó en esas acciones. Señaló que dichas decisiones evidenciaron un abuso de poder.

También afirmó que las faltas señaladas no tuvieron observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Indicó que las autoridades estatales reabrieron los casos. Aseguró que el gobernador no acreditó delitos penales. –sn–

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