PAN cuestionó reformas de agua y vapeadores por control federal.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Las reformas aprobadas por Morena y aliados en el Congreso de la Unión en materia de agua y vapeadores fueron cuestionadas por su alcance regulatorio. El planteamiento legislativo fue señalado por su impacto en derechos y vida privada. La discusión pública se centró en agua y dispositivos electrónicos.

El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, expresó señalamientos sobre el contenido de las reformas. Sus declaraciones se refirieron a la concentración de decisiones en el ámbito federal. El pronunciamiento ocurrió tras la aprobación legislativa.

Romero Herrera afirmó que la legislación en aguas redujo autonomía local y certeza jurídica. El planteamiento señaló una politización del acceso al recurso. La crítica indicó afectaciones al derecho humano al agua.

Reforma hídrica

El dirigente del PAN sostuvo que la norma permitió decisiones centralizadas sobre sistemas municipales. La referencia incluyó operación de pozos, tuberías y redes locales. El señalamiento apuntó a cambios administrativos de alcance nacional.

Las declaraciones indicaron que el acceso al agua quedó sujeto a modificaciones federales. El argumento sostuvo que el derecho estable se transformó en autorización administrativa. La crítica describió posibles impactos en municipios.

El pronunciamiento aludió a una narrativa oficial sobre garantizar agua. La revisión del texto legal fue citada como base del señalamiento. El tema fue colocado en el debate legislativo.

Vapeadores

Respecto a vapeadores y cigarros electrónicos, Jorge Romero Herrera advirtió efectos de una prohibición total. El señalamiento refirió experiencias internacionales previas. La crítica señaló traslado del consumo a mercados informales.

El dirigente indicó riesgos sanitarios por falta de controles. La referencia incluyó afectaciones a consumidores jóvenes. El argumento se apoyó en ausencia de vigilancia sanitaria.

Romero Herrera explicó que la prohibición eliminó opciones de regulación. El señalamiento describió pérdida de supervisión oficial. La postura fue expresada tras la votación. –sn–

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