Gestión municipal otorgó contratos millonarios y concentró adjudicaciones directas cuestionadas.

Por Ángel Verduzco | Corresponsal                                         

El gobierno municipal encabezado por Abelina López Rodríguez, presidente de Acapulco, otorgó contratos millonarios a empresas de reciente creación y a personas físicas sin actividad empresarial comprobable. Las adjudicaciones incluyeron constructoras señaladas previamente por irregularidades en obra pública. La información fue documentada mediante revisión de expedientes oficiales y contratos públicos durante 2025.

Una investigación periodística acreditó que varias de las contratistas tenían domicilios fiscales atípicos o carecían de infraestructura visible. En algunos casos, los registros oficiales ubicaron a las empresas en inmuebles sin relación con actividades industriales o de construcción. Las adjudicaciones fueron realizadas principalmente de manera directa por el Ayuntamiento de Acapulco.

El análisis de casi 200 contratos municipales reveló un patrón de asignaciones concentradas en proveedores jóvenes o sin experiencia comprobada. Los montos entregados superaron los 400 millones de pesos durante los primeros nueve meses de 2025. Parte de los beneficiarios mantuvieron vínculos con funcionarios o con redes políticas de Morena en Guerrero.

Uso de recursos públicos

Una proporción significativa de las contrataciones fue financiada mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun). Este mecanismo fue creado para atender zonas con pobreza extrema o rezago social en municipios del país. En Acapulco, los recursos del fondo ascendieron a cerca de 900 millones de pesos.

Documentos oficiales mostraron que el Faismun fue utilizado para obras de limpieza, desazolve y pavimentación sin procesos competitivos. Varias adjudicaciones directas se realizaron bajo criterios administrativos internos. Los contratos no acreditaron competencia entre proveedores ni licitaciones públicas abiertas.

El manejo financiero del municipio fue objeto de señalamientos por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE). La instancia fiscalizadora solicitó revisar presuntas irregularidades por 898 millones de pesos transferidos por el gobierno federal. La administración municipal promovió recursos legales para frenar las auditorías locales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió suspensiones para evitar la remoción del cargo del presidente municipal. Las medidas se mantuvieron vigentes mientras se resolvieron controversias constitucionales promovidas por Abelina López Rodríguez. Las resoluciones impidieron acciones legales inmediatas en su contra durante 2025.

Contratistas recurrentes

Entre los casos documentados figuró Silvia Guerrero Navez, quien obtuvo 43 contratos por más de 159 millones de pesos entre 2023 y 2025. Su domicilio fiscal se localizó sobre un salón de belleza cercano a la playa El Morro. Los contratos correspondieron principalmente a la renta de maquinaria pesada para desazolve de canales pluviales.

El padrón municipal indicó que la contratista se registró en 2023 y declaró múltiples actividades económicas. Durante los procesos de contratación no compitió contra otras empresas, ya que las adjudicaciones fueron directas. Los expedientes oficiales justificaron su selección bajo criterios de eficiencia y economía.

Las revisiones físicas realizadas por este medio no localizaron maquinaria identificada ni personal con distintivos empresariales. Los intentos de contacto telefónico y electrónico no obtuvieron respuesta al cierre de edición. Registros partidistas indicaron su afiliación a Morena en 2023.

Otro contrato relevante fue otorgado a Desarrollos Integrales de Construcción Kafra S.A. de C.V., por más de 86 millones de pesos. La empresa fue creada en 2022 y tuvo su domicilio fiscal en un edificio antiguo de Acapulco. Sus socios fundadores no contaban con trayectoria previa en el sector de la construcción.

El contrato correspondió a la segunda etapa del Mercado Central de Acapulco, afectado por un incendio en 2023. Aunque el documento estableció diciembre de 2025 como fecha de conclusión, la Dirección de Obras Públicas informó que la entrega permaneció indefinida. La obra continuó inconclusa durante el periodo revisado.

Red de beneficiarios

La empresa Constructora Gro Blue S.A. de C.V. recibió adjudicaciones directas por 8.3 millones de pesos pese a haberse constituido en abril de 2025. Sus accionistas fueron identificadas como familiares directos de un exfuncionario estatal fallecido. La compañía asumió compromisos de ocho obras municipales sin experiencia previa comprobable.

La apoderada legal de la constructora había trabajado como auxiliar administrativo en el Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco (Fidaca). La misma representante firmó contratos de otra empresa beneficiada con recursos públicos en 2025. Los expedientes no acreditaron procesos de licitación abiertos. –sn–

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