Empresarios denunciaron extorsión sindical de la CATEM, del diputado Pedro Haces, y alertaron impacto laboral e inversión.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
Empresarios de diversos sectores productivos de Sonora denunciaron presuntas prácticas sistemáticas de extorsión y chantaje sindical. Las acusaciones señalan simulación de procesos de representación laboral mediante el uso fraudulento del nuevo modelo laboral. Las afectaciones impactaron la operación de empresas formales y la estabilidad de trabajadores.
Las denuncias ubicaron al estado como un nuevo foco de alerta nacional por el uso indebido de mecanismos creados tras la reforma laboral de 2019. El señalamiento principal recayó en estructuras sindicales afiliadas a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). Los empresarios afirmaron que el fenómeno ya había sido documentado en otras entidades.
De acuerdo con los reportes, las prácticas denunciadas alteraron el clima de inversión en Sonora. Las empresas afectadas señalaron presiones económicas directas derivadas de amenazas de huelga. El esquema generó incertidumbre operativa en sectores estratégicos.
Señalamientos sindicales
Las acusaciones apuntaron a liderazgos sindicales de CATEM Sonora. Entre los nombres mencionados figuraron Carolina Lara Moreno, Marisela Parra Martínez y Brenda Esquer Palma. Las denunciantes empresariales atribuyeron a estas dirigentes la promoción de constancias de representatividad presuntamente irregulares.
Según los empresarios, dichas constancias incluyeron firmas que no correspondieron a trabajadores reales. Los documentos fueron utilizados para exigir la firma de contratos colectivos. Posteriormente se promovieron emplazamientos a huelga como mecanismo de presión.
Las empresas indicaron que al consultar directamente a su personal, los trabajadores desconocieron a las dirigentes señaladas. Ninguno reconoció haber otorgado consentimiento o respaldo sindical. Esta situación quedó documentada en testimonios internos recabados por las compañías.
Trayectorias y roles
Carolina Lara Moreno, actual secretaria general de CATEM Sonora, fue identificada como una de las principales operadoras del esquema. Su trayectoria incluyó cargos previos como diputada local por el PAN y dirigente del partido Fuerza por México. Su nombre apareció vinculado a denuncias públicas por amenazas y extorsión.
En el mismo contexto, los empresarios señalaron a Marisela Parra Martínez como la figura que encabezó negociaciones directas. De acuerdo con los testimonios, ella se presentó ante empresas como experta en manejo sindical. Su participación incluyó reuniones presenciales y exigencias económicas.
Brenda Esquer Palma fue mencionada como parte del mismo grupo de dirigencia. Las denuncias indicaron coordinación entre las tres para promover emplazamientos laborales sin aval real. El objetivo señalado fue obtener beneficios económicos mediante presión sindical.
Modus operandi
El esquema descrito por los empresarios siguió un patrón definido. Primero se promovieron emplazamientos a huelga con base en constancias cuestionadas. Posteriormente se exigieron pagos mensuales o montos específicos para desistirse de las acciones laborales.
Las empresas calificaron estas acciones como simulación sindical. El uso del marco legal laboral fue señalado como instrumento de presión económica. Las prácticas se apartaron del espíritu de la reforma laboral vigente desde el 1 de mayo de 2019.
Los denunciantes indicaron que el nuevo modelo buscó fortalecer la democracia sindical. Sin embargo, señalaron que fue utilizado para generar cobros ilegales. Las consecuencias afectaron la operación cotidiana de centros de trabajo. –sn–
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