Kilómetro Cero | Lo que tienes que saber antes dea salir de casa | Martes 16 de diciembre de 2025

SN Redacción                                                                                      

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva para declarar al fentanilo —droga que ha generado estragos en la población estadounidense en años recientes— «como un arma de destrucción masiva (ADM)». «Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es», declaró Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca.


La presidente Claudia Sheinbaum descartó que en México triunfe la ultraderecha en las elecciones presidenciales, como sucedió el domingo en Chile con la victoria de José Antonio Kast. «Yo creo que esto no se va a dar aquí, porque hay mucho apoyo popular al gobierno, pues estamos cumpliendo lo que prometimos, y hay resultados: la disminución de la pobreza y de la desigualdad; la mayoría de los mexicanos está de acuerdo con la transformación que se vive.


En 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver, entre otros temas relevantes heredados de la anterior integración, la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH sobre prisión preventiva oficiosa. Los nuevos ministros habrán de determinar si declaran la invalidez de diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; del Código Penal Federal; de la Ley General de Salud; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, cuyo decreto fue promulgado el 19 de febrero de 2021.


El Tratado de Aguas de 1944 permite a México que los faltantes en la entrega de este líquido a Estados Unidos se puedan cumplir hasta octubre de 2030, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Esa exención, aclaró, se marca en la normativa cuando se presente una situación de «sequía extraordinaria» en el afluente del Río Bravo. Anoche, en una nota informativa, explicó que el pacto bilateral establece que la transferencia obligada de cada país se debe completar en periodos de cinco años, pero que en casos de «sequía extraordinaria» las entregas pendientes al final de un ciclo se pueden reponer en el siguiente.


Un tribunal federal ratificó que es inaceptable que Emilio Lozoya sea beneficiario del acuerdo reparatorio de Alonso Ancira con Pemex, y por ello resolvió que no suspenderá en forma condicional su proceso por el caso Agronitrogenados. El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México negó al exdirector de Pemex el amparo con el que pretendía la suspensión condicional de su proceso por lavado de dinero, derivado de la compraventa de la planta «chatarra» en el complejo Pajaritos, en Veracruz.


Ezequiel Altamirano Roches, magistrado del tribunal, resolvió en forma unitaria la negativa porque estimó que no existe ninguna norma que establezca que un acuerdo reparatorio celebrado por un imputado beneficie terceras personas que no fueron parte de ese convenio ni pagaron peso. De hecho, recordó que Ancira, dueño de Altos Hornos de México, no ha cubierto por completo la reparación del daño a Pemex. Lo que no menciona el magistrado de elección popular es que Ancira ya desconoció ese acuerdo y dejó de pagar desde hace más de un año.


Un juez federal condenó a la Sedena a pagar hasta 9 mil 534 millones de pesos a la empresa Security Tracking Devices (STD), porque el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos cometió dos errores básicos: no acreditar su personalidad como apoderado de la dependencia, y otra pifia, al presentar una apelación fuera de tiempo.


Se trata de la empresa de José Susumo Azano, que demandó en septiembre de 2023 para reclamar el pago de 13 facturas derivadas de 9 contratos para equipos de espionaje, adjudicados directamente por la Sedena entre 2010 y 2012. «Se condena a la parte demandada (Sedena) al pago del monto de las obligaciones incumplidas actualizadas», ordenó Gabriel Regis, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa. «La cantidad adeudada total, actualizada con sus accesorios ascendería a 9 mil 534 millones de pesos», agrega el fallo, notificado el 21 de noviembre.


Luego de que por haber tramitado y obtenido una pensión vitalicia por viudez la FGR procedió penalmente contra María Amparo Casar, titular de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la presidente Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el tema penal y pidió al organismo que explique el caso… Mencionó que el caso puede recordarse por la forma en que se otorgó la pensión, pero insistió en que no le corresponde opinar sobre la investigación en curso ni sobre posibles responsabilidades penales. La juez federal Diana Selene Medina canceló la audiencia en la que hoy María Amparo Casar iba a ser imputada por el caso de la supuesta obtención ilegal de una pensión vitalicia por viudez. La jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente estimó que el caso debe llevarlo un juzgador del Reclusorio Norte.


La FGR detalló cómo César Duarte, exgobernador de Chihuahua, mezcló diversos recursos del erario estatal y pretendió ocultar el origen ilícito de 73 millones 925 mil 995 pesos de un total de 96 millones 685 mil 253 pesos sin poderse acreditar su legítima procedencia, lo que se conoce como «la licuadora». El domingo un juez de Control con sede en Almoloya vinculó a proceso a Duarte Jáquez por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita y permanece en prisión preventiva oficiosa en El Altiplano, y se concedió un plazo de seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias. En la Causa Penal 142/2024, se detalla que para acreditar el hecho delictivo de operaciones con recursos de procedencia ilícita el 12 de mayo de 2022 fue signado por el director General de Procesos Legales perteneciente a la UIF de la SHCP, mediante el cual amplió la denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito contra familiares de Duarte Jáquez.


El abogado Héctor Villasana, defensor del exgobernador de Chihuahua César Duarte, informó que apelará la resolución de la juez federal que determinó vincularlo a proceso y dictar la prisión preventiva como medida cautelar. Adelantó que estarán promoviendo recursos de amparo para dar marcha atrás tanto a la medida cautelar como al auto de vinculación a proceso, pues consideraron que «no se tomaron en cuenta debidamente los argumentos presentados». Asimismo, señaló que no existe alguna justificación para que su cliente permanezca en prisión preventiva y menos en el penal del Altiplano, en el estado de México, donde permanece actualmente…


Un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro negó a la FGR la orden de aprehensión contra cuatro personas de los 13 implicados en la red criminal dedicada a delincuencia organizada, huachicol y tráfico de armas donde forma parte el copropietario de Miss Universo Raúl Rocha Cantú, quien busca ser testigo protegido.


Esto ocurre luego de que los elementos que se aportaron en la carpeta de investigación no se consideraron suficientes para girar la orden de aprehensión, pero se tiene la posibilidad de impugnar la resolución y un Tribunal Colegiado de Apelación tiene que resolver el recurso, es decir, la FGR debe solicitarlo. «Situación con respecto a la cual se insiste, si bien se refiere un nombre —sin apellidos o referencia específica y posible actividad—, ésta no guarda corroboración con datos de prueba objetivos que puedan robustecer la aserción generada en esa llamada telefónica con respecto a dichas actividades que le son atribuidas», resalta la causa penal.


Es «clara y evidente» la relación de Édgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones, del grupo delincuencial Los Cabrera, con la morenista Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), por lo que es «anticipada» la defensa que hace el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó el vicecoordinador Económico del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez. Dijo que el secretario «realiza un deslinde desesperado».


«Esto es un acto de cinismo político y una afrenta flagrante a la justicia mexicana. Esta declaración no sólo carece de toda base legal, pues las facultades del secretario de Seguridad se limitan a la coordinación de políticas de seguridad pública, prevención del delito y protección ciudadana, y no a resoluciones penales anticipadas», explicó. Por eso, «García Harfuch invade la esfera que corresponde a la FGR o a un juez».


México avanza hacia un modelo de censura legalizada en el que jueces, fiscales y autoridades administrativas son utilizados para acallar a la prensa, alertó Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, en el marco de la presentación del libro Cállense: los nuevos rostros de la censura, que se presenta este 15 de diciembre en la Cdmx. En entrevista, Maldonado afirmó que la libertad de expresión en México se encuentra bajo un riesgo significativo debido a la combinación de estos ataques judiciales sin precedentes y una estrategia política de estigmatización constante.


De acuerdo con un informe publicado por la organización en septiembre, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se documentaron 51 casos de periodistas llevados ante tribunales o autoridades administrativas, principalmente electorales. La cifra ya supera el peor año del que se tenía registro, 2021, cuando se documentaron 40 casos en todo el año. A la par del acoso judicial, de acuerdo con Leopoldo Maldonado, se ha consolidado una estrategia política de estigmatización constante contra la prensa, incentivada desde el discurso oficial a través de las conferencias diarias.


La salida temporal de la juez Ruth Haggi Huerta del caso de quiebra y concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA) ha introducido un factor de incertidumbre en el proceso. El síndico del concurso mercantil, Víctor Manuel Aguilera Gómez, había informado a senadores el 25NOV25 que la subasta de la planta podría llevarse a cabo en enero de 2026, una vez que se autorizara la convocatoria correspondiente. Sin embargo, el reciente cambio en la titularidad del juzgado pone en duda ese cronograma.


El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, clausuró ayer el primer periodo de sesiones de la nueva integración del Pleno y advirtió que el principal desafío rumbo a 2026 será «consolidarse» como un tribunal «distinto, de a pie y de justicia real», que no regrese a las malas prácticas de sus antecesores. «Si nosotros regresamos a los principios que sustentaban a la Corte anterior, ministros que no escuchan, que no dialogan, una Corte encerrada en sus paredes, no habrá cambio», declaró el togado en un encuentro con la prensa previo a la sesión.


Agregó que en sus primeros casi cuatro meses de trabajo el Pleno consolidó «las bases para tener una corte distinta», que garantiza certeza jurídica a toda la sociedad, tanto «a los de abajo como a los inversionistas, empresarios, que también van a tener el respaldo de la Corte… cuando así corresponda, cuando se cumpla a cabalidad el marco jurídico». Más tarde, durante la sesión de clausura, Aguilar Ortiz también llamó a la unidad.


La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reveló este lunes un abandono sistemático en materia de transparencia que dejó sin resolver más de 80 recursos de revisión, algunos desde 2020. Esto ocurre luego de que el Comité Especializado de Ministros en Transparencia dejara de sesionar durante más de 860 días por la imposibilidad de «compaginar agendas» de los anteriores ministros.


El ministro Arístides Guerrero denunció la gravedad de la situación al señalar que «pasaron más de 860 días sin que hubiera una sesión del Comité de Transparencia» desde el 23 de abril de 2023, lo que derivó en «incumplimientos desde el año 2019» y recursos sin atender desde 2020. Esta inactividad implica incumplimientos a la Constitución, a la Ley General de Transparencia y a tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.


Citi anunció el cierre de la venta de una participación accionaria de 25 por ciento en Grupo Financiero Banamex a una compañía propiedad de Fernando Chico Pardo y miembros de su familia inmediata. Como parte del acuerdo, y con efecto inmediato, Fernando Chico Pardo asumirá la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex. La operación, anunciada en septiembre, recibió todas las autorizaciones necesarias de los reguladores financieros y de competencia en México, y se cumplieron todas las condiciones de cierre.


En esta época se quedarán sin aguinaldo 13.7 millones de trabajadores, de acuerdo con la encuesta que el Inegi aplicó de julio a septiembre. Esta cifra significa 33.6% de los trabajadores subordinados y remunerados, así como 22.3% de la Población Económicamente Activa. El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, explicó que la mayoría de los trabajadores sin prestaciones operan en la informalidad y por eso los empleadores evaden esta obligación.


El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el 6 de enero el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, que propone, mediante dos acciones de inconstitucionalidad, invalidar una reforma de Aguascalientes que redujo de 12 a seis semanas el plazo máximo para poder abortar, al considerar que se trata de una medida regresiva. «Hay que decir algo, el aborto ya está despenalizado en México desde 2023», recordó este lunes el ponente en una reunión con la prensa en la sede de la Corte.


Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha aplicado la política arancelaria como estrategia comercial, política y de presión, como instrumento de identidad política hacia adentro y como palanca de presión hacia afuera. La política implica «un arancel casi universal y permanente que se añade a los gravámenes previos por sectores y que altera de un plumazo los precios relativos de miles de bienes en la economía estadounidense y, por arrastre, en el resto del mundo», señala el economista Iván Jiménez.


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