ONU Derechos Humanos

ONU alerta riesgos por planta de amoníaco en Bahía de Ohuira, Sinaloa

La ONU advirtió riesgos ambientales y violaciones de derechos humanos en Sinaloa.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

Once relatores especiales de Naciones Unidas alertaron sobre riesgos críticos por la construcción de una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, al noroeste de México. Las advertencias se hicieron públicas mediante seis cartas enviadas en septiembre a empresas, un banco europeo y autoridades de tres países. Los expertos señalaron impactos ambientales y posibles violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.

Las comunicaciones fueron dirigidas a empresas involucradas, al banco financiador y a autoridades del gobierno federal, así como a gobiernos de Suiza y Alemania. Los documentos señalaron que el proyecto representó amenazas para comunidades indígenas yoreme-mayo y poblaciones pesqueras locales. También se advirtió sobre actos de violencia y persecución contra personas opositoras al proyecto.

La misión que originó las cartas fue realizada por la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La visita a la región ocurrió en noviembre de 2024 y recabó información directa en comunidades afectadas. Los relatores integraron testimonios, análisis técnicos y documentación oficial.

Advertencias internacionales

Los expertos indicaron que la planta fue desarrollada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suiza Proman. El proyecto fue financiado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW IPEX-Bank), con sede en Alemania, y contó con recursos públicos de ese país. La instalación fue diseñada para producir dos mil 200 toneladas diarias de amoníaco anhidro.

Las cartas señalaron que las actividades afectarían derechos al medio ambiente sano, a la salud y al desarrollo. También advirtieron impactos sobre prácticas culturales vinculadas al territorio y la naturaleza. El documento expuso riesgos para comunidades indígenas, población infantil y pescadores.

Los relatores advirtieron que las emisiones del complejo contribuirían al cambio climático. Asimismo, alertaron sobre pérdida de biodiversidad y contaminación tóxica en un ecosistema protegido. La Bahía de Ohuira fue identificada como humedal de importancia internacional.

Respuestas oficiales

Los relatores solicitaron respuestas formales en un plazo de 60 días a todas las instancias involucradas. Hasta el momento, únicamente Proman GPO y KfW IPEX-Bank respondieron de manera pública. Ambas instituciones enviaron sus posicionamientos por correo electrónico.

Proman GPO afirmó que presentó una respuesta integral respaldada por estudios técnicos y permisos vigentes. La empresa aseguró que el proyecto cumplió con normativas nacionales e internacionales. También sostuvo que las operaciones respetaron el medio ambiente y comunidades locales.

El banco alemán KfW IPEX-Bank informó que entregó una respuesta detallada a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Señaló que el procedimiento seguía en curso. Indicó que no anticiparía conclusiones públicas.

Antecedentes legales

La construcción de la planta inició en 2014 sin consulta previa, libre e informada, según denunciaron comunidades yoreme-mayo. La oposición comunitaria derivó en acciones legales. En abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó permisos y ordenó suspender temporalmente las obras.

La SCJN instruyó la realización de una consulta indígena ampliada. El proceso se efectuó a finales de 2022 con resultados divididos. Ocho comunidades votaron a favor y cuatro cercanas al sitio rechazaron el proyecto.

En agosto de 2024, un juez federal declaró superado el proceso de consulta. Esta resolución permitió reanudar las obras. Los relatores señalaron que el consentimiento indígena aún no quedó garantizado conforme a estándares internacionales. –sn–

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