GIDH alerta por uso del delito de terrorismo para criminalizar al periodismo.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, a través de su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández, manifestó su profunda preocupación por la imputación del delito de terrorismo en contra del periodista veracruzano Rafael “Lafita” León Segovia, al considerar que se trata de un acto extremo, desproporcionado y altamente riesgoso para la libertad de expresión y la vida democrática del país.

El doctor Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, respaldó la queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el activista Ángel Kú, quien señaló que la acusación no debe analizarse como un caso individual, sino como una alerta colectiva frente al uso indebido del derecho penal para inhibir el ejercicio periodístico. “Cuando se acusa a un periodista de terrorismo por informar y llamar a las cosas por su nombre, no solo se vulneran sus derechos, sino el derecho de la sociedad a estar informada”, subrayó.

El defensor del pueblo afirmó que resulta particularmente grave que, mientras el gobierno federal niega de manera reiterada la existencia de terrorismo en México, incluso frente a hechos de violencia extrema, en el estado de Veracruz se recurra a esta figura penal máxima contra un comunicador. “Esta contradicción revela un uso selectivo del derecho penal como mecanismo de intimidación”, advirtió.

Efecto disciplinador

El abogado litigante Jesús Rey señaló que criminalizar al periodismo tiene un efecto disciplinador sobre todo el gremio. “Cuando el Estado persigue a un periodista, intenta enviar un mensaje de miedo a todas las voces críticas. Se trata de control desde el poder”, afirmó.

Recordó que Veracruz encabeza el país en procesos de acoso judicial contra periodistas, con al menos diez casos registrados, y ha advertido una tendencia sostenida de judicialización del ejercicio periodístico en la entidad. En ese contexto, imputar el delito de terrorismo a un comunicador se inserta en un patrón de criminalización que debe ser investigado y detenido de inmediato.

El GIDH “Lex-magister” exigió que se investigue la actuación de las autoridades estatales involucradas en este caso, que se analice el uso del delito de terrorismo contra un periodista bajo estándares constitucionales e interncionales, y que se emita un pronunciamiento público claro y no evasivo por parte de las instancias competentes.

Intimidación política

Asimismo, demandó que se recomienden y adopten medidas de no repetición para impedir que el derecho penal sea utilizado como herramienta de intimidación política contra la prensa. “Defender la libertad de expresión implica poner límites al poder, no administrar excusas. Hoy se acusa a un periodista de terrorismo en Veracruz; si esto se normaliza, mañana cualquier voz incómoda puede ser la siguiente”, enfatizó Jesús Rey Fierro Hernández.

Finalmente, el GIDH reiteró su llamado a respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada, y se sumó a la exigencia de organizaciones nacionales e internacionales para que cese de inmediato la criminalización de la labor periodística en México. –sn–

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