SN Redacción
Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que habrá que “hacer algo” contra el narcotráfico en México, tras la intervención militar realizada en Venezuela, la mandataria Claudia Sheinbaum afirmó que Washington sabe que una acción de ese tipo no es opción para el país y exigió corresponsabilidad en materia de seguridad. Tras supervisar la refinería de Tula, la jefe del Ejecutivo subrayó que México mantendrá su política exterior con Estados Unidos sin cambios, incluso después del operativo realizado este sábado en Venezuela para detener a Nicolás Maduro.
El alto mando militar de Venezuela se pronunció en pleno por apoyar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que designa a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidente-encargada de la república, así como la implementación del decreto de conmoción exterior. El general en jefe Vladimir Padrino López, quien leyó en cadena nacional un documento oficial, afirmó que el gobierno garantiza la gobernabilidad del país y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada en todo el territorio nacional.
Estados Unidos no asumirá un papel cotidiano en el gobierno de Venezuela más allá de operar el bloqueo petrolero y buscar un cambio de rumbo en ese país, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, luego de que Donald Trump afirmara que Washington gobernaría Venezuela tras la captura de Maduro. Rubio incluso afirmó que EU trabajará con la presidente encargado Delcy Rodríguez y los líderes actuales de Venezuela si toman “las decisiones adecuadas”.
Tras su captura, Nicolás Maduro se encuentra detenido en la famosa cárcel de Brooklyn. El Centro de Detención Metropolitano (MDC Brooklyn) es el principal centro de detención para personas que esperan juicio en tribunales federales de Manhattan y Brooklyn; conviven presuntos gánsteres y narcotraficantes acusados de delitos financieros. Ha sido descrita como un “infierno en la tierra” y una “tragedia continua” por detenidos, abogados y jueces. Algunos magistrados se han negado a enviar detenidos al lugar debido a sus condiciones.
La presidente Claudia Sheinbaum Pardo aprovechó la visita que hizo a la refinería de Tula, Hidalgo, como parte de los trabajos de modernización, para reivindicar la soberanía nacional, tanto en materia energética como en el plano general. “Es un muy buen día para iniciar el 2026 recuperando, reconociendo al general Lázaro Cárdenas y su visión, reconociendo la importancia de la soberanía nacional y la soberanía energética y, sobre todo, reconociendo a Petróleos Mexicanos”, dijo en su intervención.
Además de la reforma electoral que, de acuerdo con la presidente Claudia Sheinbaum, se enviará al Legislativo a mediados de enero, la Cámara de Diputados prevé procesar al menos seis reformas prioritarias durante el periodo ordinario de sesiones que iniciará en febrero próximo. Se trata de modificaciones en materia de abuso sexual, delitos ambientales, jueces sin rostro, reducción de la jornada laboral y procedimiento contencioso. La Cámara de Diputados se alista para votar reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de “jueces sin rostro”.
La Fiscalía de la Ciudad de México logró la vinculación a proceso de 13 personas detenidas durante la marcha convocada por la Generación Z. Inicialmente buscó imputar por tentativa de homicidio contra policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a seis de los 18 detenidos, pero sólo en tres casos el juez consideró acreditadas las pruebas, mientras que en otros tres el delito fue reclasificado como resistencia de particulares por falta de pruebas. Fernando “N”, Francisco “N” y Gabriel “N” fueron vinculados por presuntamente poner en riesgo la vida de dos agentes. Gabriel obtuvo libertad condicional, mientras que los otros dos permanecen en prisión preventiva justificada.
La Fiscalía General del Estado de Durango informó que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Pedro Isidro “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de una mujer de 50 años, ocurrido en el municipio de Tamazula. Se trata del primer caso de este tipo registrado este año en la entidad.
Especialistas señalaron que no existe una presencia relevante de mafias venezolanas en el país; el ataque se consolida como un mensaje de advertencia para otros países de la región y la captura de Nicolás Maduro no provocará cambios sustanciales en la dinámica del crimen organizado en México ni en las rutas del narcotráfico que atraviesan la región. Sin embargo, sí representa un reacomodo en la narrativa de poder de EU en América Latina y un mensaje político con posibles implicaciones para la relación bilateral con México, coincidieron académicos y especialistas en seguridad y relaciones internacionales. Víctor Manuel Sánchez, experto en seguridad y académico de la Universidad Autónoma de Coahuila, consideró que estas acciones pueden traducirse como una estrategia de presión hacia el gobierno mexicano en el marco de la relación bilateral con EU. “No implica que vaya a ser igual en México. Lo que sí es que introduce una presión importante al gobierno de nuestro país y le da una mayor ventaja a EU al momento de negociar temas relacionados con seguridad, extradición de capos y algunos operativos”, precisó.
La modificación de la forma en que son electos los juzgadores marcó una nueva era en el país. En 2025, la implementación de la reforma impulsada por el expresidente AMLO reconfiguró el sistema de justicia mexicano. La organización de los comicios judiciales definió el primer semestre del año. Los tres Poderes de la Unión protagonizaron un tira y afloja por la conformación de las listas de candidatos, debido a que cada uno debía integrar un listado. Sin embargo, el comité técnico del Poder Judicial se negó a continuar con el proceso de selección de candidatos, acatando el fallo de un juez, por lo que el Senado asumió la tarea y los definió, vía tómbola, el último día de enero.
El caso de Venezuela es una advertencia para México, cuyo nuevo gobierno ha modificado el Poder Judicial y ahora avanza con una reforma electoral para instaurar un gobierno peor que el de Nicolás Maduro, advirtió el PRI en un comunicado de prensa. “Debe servir como advertencia del peligro que representa destruir el Poder Judicial, eliminar los organismos autónomos, perseguir a la oposición, censurar a la prensa y devastar la imagen de nuestro país en el mundo”.
El Poder Judicial podría colapsar en 2027 y, si México no logra establecer un entorno de alta inversión privada, enfrentaría una crisis económica y financiera antes de que concluya el sexenio, advirtió el economista Luis de la Calle. En un análisis elaborado para la división de Empresas de BanCoppel, el doctor en Economía expuso que, aunque México ha concentrado más poder en el gobierno que en décadas pasadas, persiste una percepción de limitada capacidad de ejecución. Esta situación, sumada a los retos de seguridad, puede afectar la inversión en el país, indicó en el análisis Del riesgo a la oportunidad: claves para navegar la economía mexicana y global. “En 2027 podría presentarse un colapso del Poder Judicial, con efectos directos en el funcionamiento de la economía. Esto, junto con los retos de seguridad, podría reducir la inversión si no se atienden los riesgos institucionales. Si en 2025 el crecimiento del país disminuye, la principal razón será la caída en la inversión”, indicó.
Guillermo “Billy” Álvarez, ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, fue detenido el día 16 en un operativo de la FGR y la Agencia de Investigación Criminal en el sur de la Ciudad de México. Álvarez Cuevas estaba prófugo de la justicia desde 2020, luego de renunciar a su cargo en la empresa cementera tras ser acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Los elementos federales le ejecutaron la orden de aprehensión que el 29 de julio de 2020 fue girada en su contra por un juez de Control de Almoloya de Juárez, por delincuencia organizada y lavado de dinero.
A diferencia de otras elecciones federales organizadas por el INE, donde se registraron participaciones promedio de 60%, la jornada para elegir juzgadores tuvo una participación de apenas 13%, según estimaciones oficiales. Es decir, con 13 millones de votantes fueron electos nueve ministros de la Corte, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados electorales federales y diversos jueces de Distrito y tribunales estatales, para un total de 2 mil 681 cargos federales y locales. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, informó la noche de los comicios que la estimación de la participación ciudadana en la elección judicial fue de entre 12.5% y 13.3%. “A diferencia de lo que ocurría en los procesos electorales anteriores, en esta ocasión, desde las seis de la tarde inició el cómputo de los votos para los cargos del Poder Judicial”, señaló.
La Ciudad de México marcó un hito histórico en 2025 al celebrar su primera elección del Poder Judicial, un proceso definido por la confrontación política entre Morena y la oposición, así como por cuestionamientos sobre la transparencia en la selección de perfiles. El ciclo cerró el 1 de septiembre, cuando los primeros 137 juzgadores electos por voto popular rindieron protesta ante el Congreso de la Ciudad de México. Este nuevo cuerpo judicial está integrado por los cinco miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, 33 magistrados y 99 jueces, quienes ahora enfrentan el reto de legitimar un sistema de justicia que nació bajo la sombra de la duda política.
A petición del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, la Corte analizará la declaratoria de inconstitucionalidad para eliminar del sistema jurídico la normativa que permite a los pueblos indígenas reclamar la utilización, aprovechamiento y comercialización de elementos de su patrimonio cultural, cuyo antecedente es la resolución dictada en mayo de 2025 por la extinta Primera Sala a favor del estatuto impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El asunto quedó en manos de la ministra Sara Irene Herrerías y será analizado en las próximas semanas.
En un entorno donde se ha reformado el PJF y 32 Poderes Judiciales locales, cuya primera elección fue en 2025, uno de los retos de 2026 es acreditar la independencia judicial mediante resoluciones alejadas de la posible captura por el poder político, partidos políticos u otros grupos de interés. Constitucionalistas señalaron a El Universal que se requiere una correcta puesta en marcha de los Órganos de Administración Judicial, cuyas facultades retoman en buena medida las de los extintos Consejos de la Judicatura, siendo su función administrativa indispensable para el buen funcionamiento de los tribunales. El doctor en Derecho por la UNAM, Marco Zeind Chávez, detalló que se necesita la implementación de los Tribunales de Disciplina Judicial, órganos colegiados encargados de velar por el ejercicio correcto y legal de la función jurisdiccional, sin poner en riesgo la objetividad en las resoluciones de las personas juzgadoras y, con ello, la disciplina judicial.
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