La SIP advirtió presiones estatales contra medios críticos y riesgos a la libertad editorial.

Por Martín García | Reportero                                      

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por acciones de entidades públicas y privadas en Ecuador. Indicó que estas medidas pudieron constituir represalias indirectas contra Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA). La empresa editó los diarios Expreso y Extra, según información difundida por la organización.

La SIP informó que las acciones incluyeron procesos tributarios, financieros y societarios. Señaló que uno de estos mecanismos fue impulsado por un organismo dependiente del Estado ecuatoriano. Afirmó que dichas acciones afectaron la libertad empresarial y de manera indirecta la línea editorial.

De acuerdo con la SIP, la defensa legal de GRANASA presentó comunicaciones formales sobre estos hechos. La organización sostuvo que las medidas buscaron presionar o condicionar la propiedad y la gestión del grupo editorial. Estas prácticas fueron consideradas incompatibles con estándares interamericanos de libertad de expresión.

Acciones estatales señaladas

La SIP observó intentos de revertir la titularidad accionaria de GRANASA. La acción fue atribuida a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS). La empresa afirmó que la titularidad se realizó conforme a la legislación vigente años atrás.

La organización indicó que estas medidas generaron inseguridad jurídica. También abrieron la posibilidad de injerencia indebida en la estructura societaria de un medio de comunicación. La SIP sostuvo que este tipo de prácticas afectaron el pluralismo informativo.

En un comunicado público, GRANASA denunció al gobierno del presidente Daniel Noboa. Señaló el uso de diversos mecanismos para intentar doblegar a la empresa. La compañía afirmó que el objetivo fue sofocar críticas editoriales.

Investigaciones fiscales

GRANASA informó que en septiembre de 2025 conoció actuaciones del Servicio de Rentas Internas (SRI). Estas se relacionaron con presuntas diferencias en declaraciones fiscales de terceros vinculados a su distribución. La empresa solicitó acceso a la documentación correspondiente.

La compañía indicó que no recibió la totalidad de la información solicitada. Según la SIP, esta falta de acceso limitó el derecho a la defensa. La organización consideró que el procedimiento careció de transparencia suficiente.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, afirmó que el uso de instituciones públicas para hostigar medios constituyó censura indirecta. Señaló que los mecanismos administrativos y tributarios vulneraron la libertad de prensa. También afectaron la libertad de empresa, considerada esencial para el periodismo independiente. –sn–

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