Víctima federal esperó apoyos inmediatos mientras autoridad extendió litigio administrativo.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Isabel Medina González, trabajadora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, fue inscrita en el Registro Nacional de Víctimas en septiembre de 2023 y desde entonces aguardó la autorización de medidas de ayuda inmediata sin obtener respuesta. Dichos apoyos incluyeron viáticos y transporte para diligencias relacionadas con su caso. La omisión administrativa persistió pese a los plazos legales vigentes.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) litigó en su contra para evitar otorgar los apoyos. Se sabe que, al menos tres casos similares en los que la Comisión prolongó juicios de amparo hasta dos años. Estos procedimientos correspondieron a dictámenes administrativos que pudieron resolverse en 20 días hábiles.

El origen del caso se remonta a 2022, cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) negó a la catedrática una pensión de viudez retroactiva tras el fallecimiento de su concubino. La institución argumentó que su adscripción a una dependencia federal le impedía acceder a la prestación. La negativa dio paso a acciones legales posteriores.

Negativa del ISSSTE

Ese mismo año, Isabel Medina González presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El organismo analizó el caso y emitió la Recomendación 241/2023. En ella determinó la vulneración de los derechos a la seguridad social y ordenó la reparación del daño.

Tras la recomendación, la víctima fue inscrita en el Registro Nacional de Víctimas en septiembre de 2023. Con ello adquirió el derecho a medidas de ayuda inmediata previstas en la ley. Entre estas se contemplaron apoyos económicos para el seguimiento de su procedimiento.

La legislación estableció que el Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV debía emitir dictamen en un plazo máximo de 20 días hábiles. No obstante, la dependencia estuvo cerca de cumplir un año sin resolver la solicitud. La falta de respuesta mantuvo en suspenso los apoyos a los que tenía derecho. –sn–

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