Elizabeth Mateos presentó una iniciativa para que el cobro sea justo, a fin de garantizar que el acceso a la cultura sea equitativo | Bajan los índices de pobreza en Iztacalco, gracias a los apoyos al campo, entrega de insumos y maquinaria: Paulina Pérez | Van por iniciativa para expedir la Ley del Sellado Automático de Antecedentes Penales de la ciudad de México 

Por Luis Muñoz  

Desde la tribuna del Congreso capitalino, la diputada Elizabeth Mateos expuso que “a fin de garantizar que el acceso a la cultura, la vida comunitaria y los espacios turísticos sea equitativo, deben regularse las tarifas de estacionamientos en zonas con vocación cultural, turística y comunitaria en la ciudad de México”.

La legisladora del grupo parlamentario de Morena explicó que el objetivo de su iniciativa es que “el acceso a estacionamientos sea realmente a un precio justo, y que el costo de estacionarse no sea una barrera que excluya o castigue a quienes solo quieren ejercer un derecho: disfrutar un espacio público o participar en la vida cultural y social de la ciudad”. 

“Cuando el costo de estacionarse es elevado, incierto o poco transparente, la cultura está al alcance, pero no para todos por igual”, destacó.

Señaló que, por ejemplo, en la zona metropolitana del Valle de México, entre semana se realizan 34.56 millones de viajes diarios, de los cuales 6.60 millones se hacen en automóvil, y aunque “la mayoría de los viajes en la metrópoli no se hacen en automóvil, necesitamos que el sitio de aparcamiento, cuando se utiliza, sean un servicio regulado, transparente y orientado al interés público y no un factor de estrés o de desigualdad”.

Mateos Hernández destacó que, considerando que el gasto en transporte y comunicaciones representó en 2024 el 19.5% del gasto monetario promedio mensual de los hogares, “cuando moverse ya cuesta tanto, el estacionamiento no puede convertirse en un cargo que excluye o desincentiva la vida cultural y comunitaria”.

Recordó que en la ciudad, la Ley de establecimientos Mercantiles, establece que el cobro debe hacerse por fracciones de 15 minutos desde la primera hora, con el mismo precio por fracción y el Reglamento de dicha ley refuerza obligaciones clave para los estacionamientos como exhibir tarifas autorizadas y contar con mecanismos de queja para el usuario.

Mateos Hernández presentó la iniciativa para que la Secretaría de Movilidad tenga la facultad de establecer tarifas de referencia accesibles y que las alcaldías solo aprueben las tarifas de estacionamiento en estas zonas si cumplen con los estándares de transparencia y precio justo. 

Subrayó que “no estamos inventando el hilo negro. Estamos haciendo que el marco existente funcione mejor en zonas como: Paseo de la Reforma, Chapultepec, Condesa, Garibaldi, Polanco, San Ángel, Coyoacán, Xochimilco etc. donde la gente va a ejercer derechos, a convivir, a consumir, a hacer comunidad.

Finalmente, la legisladora de Morena dijo que “una ciudad cultural no se presume, se practica. Una ciudad comunitaria no se declara, se facilita. Y una ciudad justa, no es la que abre un museo y pone un parque; es la que permite que la gente llegue, participe y regrese a casa sin sentir que el derecho a la cultura depende del tamaño de la cartera”.

La propuesta fue turnada a las comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales, con opinión de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, para su análisis y dictamen.

DISMINUYE LA POBREZA EN IZTACALCO

Los avances en cuando a la pobreza en los pueblos del sur son evidentes, aunque no significativos, pues “falta mucho por hacer”, reconoció la diputada del Partido Verde en el Congreso capitalino, Paulina Pérez.

Entrevistada en la sede del Poder Legislativo local, dijo que ha habido avances en la alcaldía Iztacalco, una de las más pequeñas de las 16 que comparten el territorio capitalino, con 23.3 kilómetros cuadrados que albergan una población cercana a los 400 mil habitantes.

Indicó que desde la etapa en que Claudia Sheinbaum gobernó la capital (2028-2023), la pobreza ha disminuido gracias a los apoyos al campo, entrega de insumos y maquinaria. 

No obstante, admitió que “falta mucho por hacer”.

De manera significativa, la diputada Pérez destacó como un hecho histórico la realización del Parlamento de Pueblos y Barrios Originarios en el Congreso de la Ciudad de México, con representación de 15 alcaldías, salvo una: Miguel Hidalgo.

El Congreso local abrió las puertas del recinto a comunidades que durante años exigieron voz formal en la toma de decisiones. Por mucho tiempo fueron ignoradas, pero ahora las cosas son diferentes para bien de esas comunidades.

La legisladora también se refirió a la iniciativa para crear el primer Instituto de Lenguas de la ciudad de México, propuesta que buscará preservar y fortalecer las lenguas originarias en la capital.

Su importancia no es menor si se toma en cuenta que en la ciudad de México se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales debido a la migración. Las más predominantes: El náhuatl, mixteco, otomí, mazateco, zapoteco y mazah. 

Se sabe que aproximadamente el 1.5% de la población de la Cdmx habla alguna lengua indígena, convirtiéndola en una “capital indígena” con gran diversidad cultural. 

Como parte de su labor legislativa, la diputada Pérez por el Distrito 16 señaló que también impulsa la armonización del artículo segundo constitucional en materia de derechos indígenas a nivel local.

Además, detalló que se firmaron convenios con alcaldías y representantes institucionales para avanzar en el reconocimiento jurídico de pueblos y barrios originarios, un paso clave para garantizar presupuesto, consulta y autonomía cultural.

Todo este trabajo realizado en su Distrito tiene como objetivo cumplirle a la gente y si bien ha sufrido algunas críticas, eso no la detiene, porque su única motivación es cumplir. 20 años de lucha, se dice fácil. Y la política exige entrega absoluta.

¿Qué sigue de aquí en adelante?

Por ahora, afirma que no piensa en una candidatura a la alcaldía de Tlalpan. No por ahora. Mañana quien sabe.

Hoy, todo su esfuerzo, insiste, está en cumplirle a la gente del Distrito 16 y consolidar los avances legislativos.

ANTECEDENTES PENALES, UN OBSTÁCULO 

La vicecoordinadora del grupo parlamentario del PVEM en el Congreso capitalino, Rebeca Peralta León, presentó una iniciativa por la que se expide la Ley del Sellado Automático de Antecedentes Penales de la Ciudad de México. Con ello se pretende que, como parte de su proceso de reinserción social, las personas que han cumplido una condena tengan acceso, sin ningún obstáculo, al goce de sus derechos humanos al empleo, la educación, la vivienda y a la salud, reconocidos como derechos fundamentales y así evitar actos de exclusión social y discriminación hacia su persona.

Al presentar la propuesta durante la sesión ordinaria del Congreso local, Peralta León señaló que en el Partido Verde “tenemos la firme convicción de que la seguridad ciudadana no se construye únicamente con sanciones, sino también con oportunidades, que permitan a las personas que ya han cumplido su condena puedan acceder a una verdadera reinserción social”.

“Seamos claros, cuando una persona ha cumplido una sanción, ha reparado el daño y ha demostrado que sus acciones son respetuosas de las obligaciones legales, no puede seguir siendo castigada por su pasado. No podemos permitir que sus antecedentes se conviertan en una barrera permanente que limite el acceso a otros derechos, como el empleo, la educación, la salud e incluso la vivienda”, ratificó.

Expuso que “mantener abiertos esos registros, sin límites ni criterios claros, origina una discriminación estructural, exclusión social y, sobre todo, se convierte en un factor de reincidencia”.

“La iniciativa que hoy presentamos, dijo, no busca borrar los delitos, sino evitar que el paso por prisión aparezca en trámites administrativos y laborales”. Con la expedición de la Ley de Sellado Automático de Antecedentes Penales de la Ciudad de México se busca establecer límites razonables al uso de esa información, garantizando que sólo pueda ser consultada en los casos estrictamente necesarios por las autoridades competentes, como Jueces, Fiscalías e Instituciones de Seguridad Ciudadana.

El objetivo es señalar que una vez cumplida la sanción y demostrado un proceso de rehabilitación, esos registros no sean utilizados para discriminar ni cerrar las puertas a una fuente de trabajo, a un servicio público e incluso a una vivienda, subrayó.

Destacó que reconocer el Sellado de Antecedentes Penales, bajo criterios claros y responsables, es apostar por la dignidad humana y por una ciudad más justa e incluyente, por lo que pidió a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobar la iniciativa.

*Periodista: lm0007tri@yahoo.com.mx

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