Investigación en Jalisco vulneró derechos y cadena de custodia.

Por Martín García | Reportero                                      

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 11/2026 contra la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por violaciones a derechos humanos durante la investigación realizada en el inmueble conocido como Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. El organismo acreditó irregularidades en el manejo de indicios, así como fallas en la preservación del lugar de los hechos. Las deficiencias afectaron los derechos a la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.

La investigación fue atraída por la CNDH el 18 de marzo de 2025 ante presuntas violaciones a derechos humanos. Personal del organismo acudió al inmueble los días 19 y 20 de marzo de ese año para realizar diligencias de observación y reconocimiento. El sitio permanecía asegurado por la FEJ, institución responsable del levantamiento de indicios y evidencias vinculadas con hechos delictivos.

El expediente documentó diversas irregularidades durante el procesamiento del lugar. Las evidencias analizadas revelaron omisiones en la identificación, documentación, levantamiento y registro de indicios. Estas fallas fueron atribuidas a personas servidoras públicas de la FEJ y del IJCF.

Investigación del inmueble

La CNDH inició la investigación para esclarecer hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2024. Ese día, elementos de la Guardia Nacional (GN) pusieron a disposición de la fiscalía estatal a 10 personas detenidas tras asegurar el inmueble. La corporación también solicitó resguardar el sitio y documentar posibles evidencias criminalísticas.

En el lugar se reportó la existencia de siete vehículos automotores, armas de fuego y diversos objetos de interés criminalístico. También se registraron indicios de naturaleza balística y un elemento óseo. Estas evidencias quedaron bajo responsabilidad de la FEJ para su resguardo y procesamiento.

Posteriormente, el 3 de octubre de 2024 se instruyó al personal del IJCF realizar una búsqueda exhaustiva en el inmueble. Durante esa diligencia se localizó un lote óseo y diversos objetos relacionados con posibles delitos. Parte de estos elementos no fue asegurada ni registrada en dictámenes periciales.

Omisiones en evidencias

La CNDH concluyó que el personal de la FEJ y del IJCF no realizó un procesamiento técnico integral de todos los indicios localizados. El expediente evidenció omisiones en tareas de identificación, embalaje, sellado, etiquetado y traslado de evidencias. Estas irregularidades afectaron la preservación del lugar de los hechos.

El organismo también observó inconsistencias en la cadena de custodia. Un documento de Mando y Conducción del 18 de septiembre de 2024 ordenó registrar inspecciones y aseguramientos en caso de localizar indicios. Sin embargo, el expediente careció de constancias que acreditaran el resguardo de diversas prendas y objetos.–sn–

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