A más de tres décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el caso continua como referente de impunidad estructural en México.

Por Martín García | Reportero                                      

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su compromiso con el acceso efectivo a la justicia y a la verdad en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. A 32 años de los hechos, el organismo emitió un posicionamiento sustentado en la Recomendación 48VG/2021. El llamado se dirigió a autoridades involucradas en la investigación del crimen ocurrido en 1994.

El organismo alertó sobre presiones dirigidas al gobierno federal para cerrar el caso mediante acciones que calificó como aparentes medidas de justicia. Entre estas se mencionó la posibilidad de otorgar el indulto a Mario Aburto Martínez, condenado por el asesinato.

Llamado a autoridades

La CNDH advirtió que optar por el indulto implicó el riesgo de encubrir hechos relevantes relacionados con el caso. El organismo indicó que esa medida habría representado la pérdida de una oportunidad para esclarecer lo ocurrido. La recomendación insistió en privilegiar el derecho a la verdad de la víctima, su familia y la sociedad.

El documento subrayó la necesidad de profundizar en las investigaciones sobre los hechos del 23 de marzo de 1994. Entre los elementos pendientes figuró la presunta participación de un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). También se incluyeron actos de tortura acreditados contra Mario Aburto Martínez y miembros de su familia.

La CNDH señaló que el caso trascendió el ámbito individual y representó un precedente histórico para el país. La institución documentó irregularidades en las investigaciones originales realizadas en la década de 1990. El organismo planteó la necesidad de esclarecer plenamente los hechos.

Intervención judicial

El organismo dirigió un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para considerar los elementos de la recomendación. La petición se enfocó en que el máximo tribunal actuara dentro de sus atribuciones para contribuir al esclarecimiento. La CNDH consideró que una resolución judicial podría fortalecer el acceso a la justicia.

La Comisión expuso que el análisis del caso debía incorporar el derecho a la verdad como un principio fundamental. Este elemento se consideró clave en procesos relacionados con violaciones graves a derechos humanos. La participación de la SCJN se planteó como un factor relevante en el proceso. –sn–

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