Vinculan a proceso a militares por homicidio de niñas en Sinaloa. Vinculación judicial y uso de la fuerza marcaron el caso. Proceso judicial en marcha
Por Martín García | Reportero
Un total de 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron vinculados a proceso penal por el homicidio de dos niñas en Sinaloa y la tentativa de homicidio contra cuatro integrantes de una familia. La resolución se dictó a 11 meses de los hechos ocurridos en la comunidad de La Cieneguilla.
El pasado 6 de mayo de 2025, la familia se desplazó en una camioneta rumbo a la escuela cuando encontró una vialidad bloqueada. La unidad retornó hacia su domicilio, momento en que un convoy militar abrió fuego sin aviso previo. La versión inicial oficial refirió un enfrentamiento, sin corrección pública posterior.
Los hechos involucraron a dos menores de 11 y 7 años que perdieron la vida, así como a una adolescente de 14 años, un menor de 12 y dos adultos que resultaron afectados. La familia denunció uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza desde el primer momento. El caso avanzó mediante acciones legales impulsadas por las víctimas y organizaciones de derechos humanos.
Investigación y pruebas
El 31 de marzo de 2026, las víctimas recibieron notificación sobre la ejecución de órdenes de aprehensión contra los militares implicados. Durante la audiencia, agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron datos de prueba. Estos elementos acreditaron el uso letal de la fuerza sin justificación.
La autoridad ministerial estableció que los hechos no se ajustaron a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Se determinó que la actuación de los elementos castrenses correspondió a una conducta dolosa. La imputación incluyó homicidio calificado y tentativa bajo la figura de dolo eventual.
Las defensas de los militares argumentaron que actuaron en un contexto de violencia y bajo condiciones de alerta. También señalaron que existía tensión operativa en la región al momento de los hechos. Estas consideraciones fueron expuestas durante la audiencia judicial.
Resolución del juez
El juez de control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Los Mochis, dictó la vinculación a proceso. La resolución se emitió dentro del plazo constitucional ampliado. El juzgador consideró que existía previsibilidad del resultado letal derivado del uso de armas de fuego.
El juez señaló que los elementos militares contaban con adiestramiento en el uso de la fuerza. Indicó que no se acreditó ninguna causa de exclusión de responsabilidad. La decisión permitió el avance del proceso penal hacia la etapa de investigación complementaria. –sn–


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