La falta de mecanismos para verificar sus identidades y proteger a sus familias son factores que han mantenido la desaparición de personas migrantes como una crisis silenciosa.

Por Martín García | Reportero                                      

El 21 de diciembre de 2024, 40 personas migrantes desaparecieron en San José El Hueyate, Chiapas, cuando se trasladaban en lancha hacia la costa de Oaxaca. La búsqueda de esos hombres, mujeres y jóvenes provenientes de países centroamericanos y del Caribe implicará —además de los estigmas y obstáculos institucionales que parecen casi inherentes a la desaparición en México— una complicación ligada a su condición de movilidad: la de ser fantasmas en un territorio que los desconoce.  

“¿Cómo se logra acreditar que la persona estuvo en el país? ¿Bajo qué estatus entró? ¿Cuál es su nombre?”, pregunta Luis Enrique González-Araiza, director del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia (CUDJ) Francisco Suárez, SJ, del ITESO, para ejemplificar los vacíos de información que ni las autoridades mexicanas ni los consulados tienen la voluntad de llenar para iniciar una investigación que los regrese con vida. Esa es la realidad a la que se enfrentan familias cuando la movilidad humana se entrecruza con el delito de la desaparición.  

Este fue el tema que se abordó en el panel organizado de manera conjunta por el ITESO y la Ibero León el pasado 7 de abril. La actividad se llevó a cabo en el marco de las jornadas “Voces buscadoras. Movilidad y desaparición: una crisis invisible”.   –sn–

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