El carbono como herramienta de conservación para miles de hectáreas forestales en la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda

Por Deyanira Vázquez | Reportera

El gobierno de Ǫuerétaro y el Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESG) efectuaron el pago de captura de CO2 a 33 propietarios forestales y a una sociedad comunal para la implementación de acciones encaminadas a la conservación de 6,500 hectáreas de bosques y selvas en la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, uno de los macizos boscosos mejor conservados del centro del país, que funge como pulmón de Ǫuerétaro.

Esto como parte de una política pública a nivel subnacional, denominada “Sello Estatal de Bajas Emisiones de Carbono”, que tomó como referencia al producto Carbono Biodiverso, desarrollado por GESG en 2011. A través de este esquema, se apoya a propietarios forestales serranos que tradicionalmente habían usado sus tierras como agostaderos durante años, para que reorienten la vocación de los terrenos hacia la recuperación de los bosques de roble, propios de esta área natural protegida que abarca el 32% del total de superficie del estado de Ǫuerétaro.

El modelo de Carbono Biodiverso sirvió como referencia para que en 2021 el gobierno del estado creara el “Sello Estatal de Bajas Emisiones de Carbono”, como parte de la aplicación de un impuesto para las empresas que emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera durante sus operaciones. La implementación se llevó a cabo durante la administración del gobernador Mauricio Kuri, como una forma de combatir el cambio climático.

De acuerdo con el subsecretario del Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Ǫuerétaro, Ricardo Torres, este impuesto establece que las empresas que generan emisiones directas de CO2 a la atmósfera deben pagar 5.6 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por cada tonelada de dióxido de carbono equivalente emitida a la atmósfera, lo que equivale a 637 pesos por tonelada emitida.

Dado que se trata de un impuesto no recaudatorio, éste se puede cubrir con pagos para la absorción de CO2 directamente en los bosques o a través de proyectos para la reducción de emisiones. “Por cada tonelada certificada que se pague, se reduce la base gravable del impuesto, por lo que evita cubrirlo y mejor pagar el recurso a los
propietarios de los bosques que se aseguran de que éstos absorban esas toneladas de CO2”, explicó Torres.

Para calcular el impuesto, las empresas deben realizar un inventario de emisiones y con base en ello se determina cuántas toneladas de dióxido de carbono emitieron a la atmósfera. Una vez estimada esa cifra, las empresas pueden optar por la compensación a través del programa de Carbono Biodiverso, que diseñó e implementa desde hace más de una década el GESG, fundado y dirigido por “Pati” Ruiz Corzo. –sn–