El juez dicta prisión preventiva contra Marilyn Cote

Por Jorge Hernández | Corresponsal

La supuesta psiquiatra Marilyn Cote fue vinculada a proceso este viernes por el delito de usurpación de profesión. El juez de control determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado informó que la audiencia inicial concluyó con la formalización de las acusaciones. El caso tomó relevancia luego de que Eurípides Flores, titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la Secretaría de Educación Pública federal, interpusiera la denuncia en su contra.

El señalamiento surgió tras comprobarse que Cote ejercía sin contar con cédula profesional que la acreditara como psiquiatra. Pese a ello, ofrecía consultas y prescribía medicamentos de uso controlado a sus pacientes, poniendo en riesgo la salud de quienes acudían a su consultorio.

Denuncias y antecedentes del caso

Además, la Fiscalía indicó que existen al menos nueve denuncias adicionales contra la imputada. Los denunciantes, quienes fueron tratados y medicados por Cote, relataron experiencias que, aseguran, afectaron su bienestar físico y emocional.

El caso se hizo viral en redes sociales hace unas semanas, cuando se dio a conocer que la detenida solo poseía una licenciatura en derecho. Sin embargo, se promovía como experta en neurociencias y atendía en un consultorio ubicado en las Torres Médicas de Puebla, donde cobraba 1,400 pesos por consulta.

Marilyn Cote fue aprehendida el jueves en el estado de Tlaxcala, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida tras las investigaciones. Su captura ocurrió semanas después de que las autoridades comenzaran a recibir denuncias por su ejercicio irregular de la psiquiatría.

Detención en Tlaxcala y medidas judiciales

Durante la audiencia, la defensa argumentó que no existía intención de causar daño, pero el juez consideró que los hechos representaban un riesgo significativo para los pacientes y la comunidad. En consecuencia, decidió imponer la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Este caso ha generado indignación en el sector médico, donde especialistas señalaron la importancia de regular y verificar las credenciales de los profesionales de la salud. Colegios y asociaciones médicas emitieron comunicados exhortando a las autoridades a reforzar las medidas para evitar casos similares.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública reiteró su compromiso de colaborar con las investigaciones. Eurípides Flores, denunciante principal, afirmó que este caso es un ejemplo de cómo la falta de control puede derivar en riesgos graves para la población.

Investigaciones pendientes y próximos pasos

La Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar el alcance de los daños ocasionados por Cote y establecer responsabilidades legales. El plazo de dos meses servirá para recabar pruebas y testimonios adicionales, así como para analizar las denuncias aún no judicializadas.

El caso será llevado a juicio en una fecha aún por determinar, pero se prevé que podría sentar un precedente en el manejo de casos de usurpación profesional en el ámbito de la salud. –sn–