La Comisión Federal de Electricidad reportó más de un millón de conexiones ilegales y alteraciones en medidores este año, lo que impactó gravemente sus ingresos y expuso a la población a peligros eléctricos.

Por Deyanira Vázquez | Reportera

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró en 2024 más de un millón 123 mil conexiones ilegales en todo México. Este fenómeno incluyó tanto “colgados” directos como el uso de dispositivos conocidos como “diablitos” que alteran medidores.

De acuerdo con cifras oficiales, las pérdidas económicas diarias por estas prácticas superaron los 30 millones de pesos. Este daño económico afectó no solo a la empresa, sino también la calidad del servicio eléctrico en comunidades enteras.

Entre las zonas más afectadas están los municipios fronterizos y aquellos con altos niveles de pobreza. Estas regiones suelen tener una población flotante que evade el pago de la electricidad, conectándose ilegalmente a la red de la CFE.

Millonarias pérdidas económicas

El uso de “diablitos” ha aumentado significativamente en los últimos años, con un alza del 5% respecto al año anterior. Este tipo de fraude se encuentra penalizado por el Código Penal Federal, que establece sanciones de hasta 10 años de prisión.

La CFE estimó que estas prácticas ilícitas generan pérdidas por miles de millones de pesos anuales. Estos recursos podrían destinarse a mejorar la infraestructura y garantizar un suministro eléctrico más estable y seguro.

Riesgos eléctricos y legales para los infractores

Norma Cid, ingeniera del Instituto Politécnico Nacional (IPN), explicó los riesgos asociados al robo de electricidad. Según la experta, las conexiones irregulares pueden provocar incendios graves y daños a los aparatos eléctricos.

La especialista advirtió que estas prácticas afectan también a los usuarios que sí pagan, al generar desequilibrios en la red eléctrica. “El desbalance reduce la calidad del servicio para todos y pone en riesgo la estabilidad de los sistemas locales”, señaló.

El artículo 368 del Código Penal Federal equipara el robo de electricidad al hurto de cualquier bien, imponiendo penas de hasta 10 años de prisión y multas superiores a 100 mil pesos. Además, la CFE tiene la facultad de cortar el suministro de manera definitiva.

Daños colaterales en hogares y negocios

Los comercios pequeños, como restaurantes y lavanderías, también recurren a este tipo de prácticas ilícitas. Según la CFE, estos negocios aprovechan su ubicación en zonas vulnerables para conectarse ilegalmente a la red eléctrica.

En viviendas particulares, las conexiones clandestinas han generado variaciones de voltaje y aumentos desproporcionados en las tarifas de quienes sí pagan. “Si se nota un recibo excesivo o cortes recurrentes, podría haber alguien colgado de la instalación”, alertó la CFE.

Casos extremos, como incendios provocados por cortocircuitos, han sido documentados en comunidades rurales y urbanas, agravando los riesgos para la población.

Fraudes publicitarios complican el panorama

Anuncios publicados en redes sociales ofrecen reducir costos de electricidad hasta en un 70%, utilizando imágenes de medidores y sellos falsos de la CFE. Esta oferta, aparentemente legal, fomenta las prácticas ilícitas entre los usuarios.

La CFE ha identificado estos fraudes como un factor que incrementa las pérdidas financieras y amenaza la seguridad de la red eléctrica. Según la empresa, estas alteraciones no solo son ilegales, sino altamente peligrosas.

Entre las recomendaciones para detectar irregularidades, la CFE sugiere revisar el medidor y reportar cualquier anomalía, como cables adicionales o lecturas inconsistentes.

Acciones necesarias para enfrentar el problema

La CFE planea intensificar sus operativos para detectar y sancionar a quienes cometen estos delitos. La empresa pública subrayó la necesidad de una mayor colaboración ciudadana para denunciar prácticas ilegales.

Por otro lado, expertos como Norma Cid insistieron en que se requiere una campaña de concientización para educar a la población sobre los riesgos eléctricos y legales del robo de energía.

Con estos esfuerzos, se espera reducir las pérdidas económicas y garantizar un servicio más eficiente para todos los usuarios.

El impacto social y económico

El robo de electricidad es más que un delito: es una problemática social que refleja desigualdad y falta de acceso a servicios básicos en muchas regiones del país. La CFE enfrenta el desafío de equilibrar sanciones con soluciones inclusivas para los sectores más vulnerables.

Mientras tanto, los usuarios regulares continúan pagando las consecuencias de estas prácticas, tanto en sus tarifas como en la calidad del servicio. Este problema exige atención inmediata por parte de autoridades y ciudadanos. –sn–