Doble discurso y omisiones oficiales

Por Alfredo Martinez | Corresponsal

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusó a los tres niveles de gobierno de ser los principales transgresores de los derechos lingüísticos en México. Señaló que la pervivencia de las lenguas originarias es resultado de la resistencia y dignidad de los pueblos indígenas, no de políticas gubernamentales.

En un documento público, el consejo denunció que el Estado mantiene un doble discurso. Por un lado, asegura reconocer los derechos de los pueblos originarios, pero, en la práctica, niega la atención pública en lenguas indígenas.

Los integrantes del organismo indicaron que las comunidades enfrentan obstáculos para acceder a la educación en sus lenguas. Asimismo, denunciaron la falta de garantías para recibir atención médica y justicia en su idioma materno.

El documento expone cómo la ausencia de estos derechos refuerza la discriminación y la exclusión social. Indicaron que la imposición del castellano ha sido una herramienta histórica de control gubernamental.

Resistencia cultural y defensa de la lengua

Según el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, la resistencia de los pueblos originarios ha permitido la preservación de sus lenguas. Explicaron que su permanencia no se debe a acciones estatales, sino a la lucha colectiva.

El documento subraya que la lengua se protege al hablarla y escribirla. Además, se refuerza en la enseñanza, la transmisión generacional y su uso en reuniones comunitarias.

El consejo mencionó que la organización autónoma de las comunidades es clave para la protección de sus lenguas. Indicaron que la autonomía y la autodeterminación fortalecen la identidad cultural.

Los representantes enfatizaron la importancia del territorio, el trabajo comunal y el cuidado de los recursos naturales en la conservación de las lenguas. Destacaron que la vida comunitaria es el espacio donde florecen las expresiones lingüísticas ancestrales.

Siglos de imposición lingüística

El documento del consejo recuerda que, desde hace más de cinco siglos, los pueblos indígenas han resistido la imposición del castellano. Mencionaron que la castellanización comenzó en la época colonial y continúa hasta la actualidad.

Señalaron que distintos gobiernos han impuesto políticas educativas para erradicar las lenguas originarias. Indicaron que estas medidas han sido aplicadas sin distinción de ideología política.

El documento sostiene que el Estado mexicano ha sido responsable de la desaparición de lenguas ancestrales. Argumentaron que las políticas educativas y religiosas han marginado las expresiones lingüísticas indígenas.

Los integrantes del consejo aseguraron que las políticas de castellanización han sido utilizadas para la homogenización social. Explicaron que la supresión de las lenguas originarias refuerza la desigualdad.

Dominio del castellano y pérdida de lenguas

Los integrantes del consejo criticaron la imposición del castellano en la educación y la administración pública. Señalaron que las políticas gubernamentales buscan la aculturación forzada de los pueblos indígenas.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Censo de 2020, solo el 6.2% de la población hablaba una lengua indígena. En 1930, el porcentaje era del 16%.

Los datos históricos reflejan la reducción de hablantes de lenguas originarias. En el primer censo de la Nueva España, realizado en 1790, el 60% de la población se identificó como indígena y monolingüe.

El consejo afirmó que estas cifras evidencian el fracaso de las políticas oficiales de protección lingüística. Indicaron que las acciones gubernamentales han sido insuficientes para detener la desaparición de las lenguas originarias.

Los representantes insistieron en que la defensa de la lengua materna depende de las comunidades. Explicaron que la preservación lingüística solo es posible si las generaciones futuras la aprenden y utilizan en su vida cotidiana. –sn–