Postura de México ante una posible medida extrema
Por Martín García | Reportero x
El gobierno de los Estados Unidos ha mostrado intenciones de aplicar la pena de muerte a narcotraficantes, lo que generó diversas reacciones en México. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, fijó la postura del país sobre este tema durante la conferencia del gabinete de seguridad del 28 de febrero.
El funcionario enfatizó la importancia de respetar los acuerdos internacionales y la legislación mexicana vigente. Subrayó que cualquier sanción debe regirse por normas establecidas y no por decisiones unilaterales externas.
En su intervención, Gertz Manero aseguró que las sanciones procesales no las determina el Departamento de Estado de Estados Unidos, sino los jueces de cada país. Recordó que México no contempla la pena de muerte y que ese principio debe ser respetado.
«Hacer hipótesis sobre cuáles van a ser las sanciones… acuérdense de una cosa, las penas o sanciones procesales no las establece el Departamento de Estado, las establecen los jueces y nosotros tenemos un acuerdo muy claro de que una legislación como la mexicana, que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio», declaró el fiscal.
Reacciones ante la política del gobierno de Trump
Cuando un reportero cuestionó si existía garantía de que las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump no afectarían los acuerdos bilaterales, Gertz Manero respondió que la ley internacional será el fundamento de cualquier acción.
«Nuestra garantía es la ley. Cuando se sujeta una operación a una convención internacional, se tienen que respetar las condiciones de esa convención, no hay duda», afirmó el fiscal general.
El pasado 27 de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una declaración tras la entrega de 29 narcotraficantes extraditados por México. Entre ellos se encuentra Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara.
Caro Quintero y las nuevas políticas de justicia
El Departamento de Justicia confirmó que Caro Quintero será presentado ante la Corte del Distrito Este de Nueva York. Su caso será revisado bajo nuevas directrices presidenciales.
«Los fiscales federales evaluarán si los cargos adicionales de terrorismo y violencia son apropiados con base en la política establecida en la Orden Ejecutiva 14157, y si la pena capital está disponible con base en la Orden Ejecutiva 14164», indica el documento oficial.
El documento también menciona que la revisión se hará conforme a la guía emitida el 5 de febrero por el Fiscal General de Estados Unidos. Dichas directrices buscan restablecer la pena de muerte en ciertos delitos relacionados con el narcotráfico.
Impacto en la relación bilateral México-Estados Unidos
El posible restablecimiento de la pena de muerte en casos de narcotráfico podría generar tensiones diplomáticas. México, al ser un país que ha abolido esa práctica, mantiene una postura firme en contra de su aplicación a ciudadanos extraditados.
El debate sobre esta medida se intensificó tras la creciente presión política en Estados Unidos para endurecer las sanciones contra los responsables del tráfico de fentanilo.
Las autoridades estadounidenses argumentan que el narcotráfico ha provocado una crisis de salud pública con miles de muertes por sobredosis cada año. Sin embargo, el gobierno mexicano ha insistido en que el problema debe abordarse con estrategias integrales y no con sanciones extremas. –sn–
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