La Comisión acreditó violaciones graves a derechos humanos y exigió reparación del daño, disculpas públicas e implementación de protocolos para atención a migrantes

Por José Víctor Rodríguez | Reportero

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó al Ejército mexicano por la muerte de seis migrantes, entre ellos una menor de edad, ocurrida en un operativo militar en Chiapas el pasado 1 de octubre.

En un informe, el organismo autónomo documentó violaciones graves a los derechos humanos, por lo que emitió una recomendación dirigida a Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El hecho coincidió con el primer día del mandato de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, en un contexto de alta violencia regional.

Según la recomendación de la CNDH, cuya copia posee este reportero, el caso se desarrolló sobre una carretera del sur del país, ruta clave para el tránsito de migrantes hacia los Estados Unidos. El vehículo en el que viajaban las víctimas fue atacado con armas de fuego por parte de elementos castrenses.

Diversas naciones

Se trató de personas originarias de Egipto, El Salvador y Perú, según confirmó la CNDH en su informe. La agresión dejó un saldo fatal de seis personas muertas y nueve más heridas, resalta la comunicación oficial.

El organismo acreditó que los militares incurrieron en uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Además, señaló el titular de la Sedena que, los disparos no se justificaron conforme a los protocolos legales y operativos. Los hechos ocurrieron durante un operativo que no cumplió con lineamientos de proporcionalidad.

Fuerza letal sin justificación protocolaria

La CNDH examinó los hechos y concluyó que dos soldados dispararon sin aplicar medidas de menor letalidad. Tampoco se corroboró que existiera una amenaza inminente que justificara la apertura de fuego.

El informe subrayó la falta de maniobras disuasivas o de contención previas al ataque armado. “No se intentó una detención mediante métodos no letales”, detalló el organismo nacional.

El documento señala que los responsables no comprobaron que el uso de armas fuera inevitable. En ese sentido, indicó que la respuesta militar se alejó de cualquier criterio proporcional. Las víctimas no portaban armas ni representaban riesgo para la seguridad nacional. Los soldados actuaron sin atender principios básicos de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Víctimas invisibilizadas: exigencias de justicia

La CNDH exigió al titular de la Sedena reparar el daño a familiares y sobrevivientes del ataque.
Pidió también que se emita una disculpa pública, como parte de una reparación integral. Además, urgió a implementar un protocolo específico para trato a personas migrantes. Dicho instrumento deberá normar la actuación castrense en contextos migratorios y humanitarios.

El organismo recomendó capacitar a elementos militares en estándares internacionales. Igualmente, sugirió incorporar supervisión civil en tareas de control fronterizo. Advirtió sobre el riesgo de repetir estos hechos si no se modifican las prácticas actuales. El informe completo ya fue remitido a las autoridades federales involucradas, incluso, al jefe supremo de las fuerzas armadas, Claudia Sheinbaum Pardo.

Militarización y política migratoria: un dilema persistente

La tragedia ocurrió justo cuando Claudia Sheinbaum asumió el poder presidencial.
La funcionaria ha defendido una política de seguridad con enfoque civil, pero sin retirar al Ejército. Hasta ahora, ha evitado confrontarse con el gobierno estadounidense en materia migratoria.

Pese a sus declaraciones, ha mantenido operativos castrenses en la frontera sur. Sin emabrgo, esta estrategia fue consolidada por Andrés Manuel López Obrador con más de 36 mil elementos castrenes. Durante su sexenio, la Guardia Nacional y el Ejército tomaron control de múltiples retenes. Las organizaciones civiles criticaron esa política por criminalizar a migrantes y refugiados.

Crisis humanitaria en aumento

La región sur del país enfrenta una grave crisis migratoria alimentada por conflictos internacionales. Miles de personas atraviesan Chiapas huyendo de violencia, pobreza o persecución. Los operativos militares se han intensificado en zonas de alta circulación de migrantes.

El caso de octubre visibilizó el riesgo que representa la militarización de la contención migratoria. En muchos casos, los soldados carecen de preparación en derechos humanos y trabajo humanitario. El uso de fuerza letal ha derivado en tragedias evitables como la que ahora denunció la CNDH.

Sedena en silencio

Hasta el cierre de esta edición, la Sedena no había respondido públicamente a la recomendación. Tampoco se informó si los militares involucrados enfrentan algún tipo de sanción. El caso podría ser retomado por organismos internacionales en defensa de derechos humanos.

Abogados de víctimas ya preparan acciones legales contra el Estado mexicano. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, buscarán justicia ante instancias nacionales e internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría intervenir si no hay avances concretos.

Violaciones sistemáticas y falta de protocolos

Este caso no ha sido el único en que militares agreden a migrantes en el país. Organismos civiles han documentado un patrón de uso arbitrario de la fuerza. En varias ocasiones, los ataques no fueron investigados ni sancionados adecuadamente.

Por ello, la CNDH subrayó la urgencia de establecer controles claros sobre la actuación militar. Reiteró la necesidad de desmilitarizar las tareas migratorias, como han recomendado expertos. Y recordó que los migrantes no son enemigos del Estado, sino personas vulnerables.