Empleados denuncian violaciones a sus derechos laborales y exigen intervención de autoridades federales para resolver el conflicto

Por Margarita Hernández | Corresponsal

Un grupo de trabajadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) denunció la clausura repentina de su oficina en esta ciudad, medida que, afirmaron, los dejó sin empleo, sin liquidación y sin respuesta institucional. La decisión fue conocida a través del Diario Oficial de la Federación, sin comunicación directa ni formal previa.

Según relataron los afectados, fue hasta el 15 de abril cuando se enteraron del cierre de la Oficina de Apoyo Estatal del CFCRL en Ensenada, al consultar un acuerdo publicado en el DOF. El documento reveló que las operaciones terminarían el 1 de mayo, justo en la fecha simbólica del Día del Trabajo.

La oficina, ubicada en Calle Segunda Número 664, zona centro del municipio, había brindado atención desde noviembre de 2021. En ella laboraban personas con antigüedad aproximada de tres años y medio, quienes a partir del 1 de abril adquirieron formalmente una relación laboral por tiempo indefinido.

Sin aviso previo ni alternativa laboral

Los trabajadores denunciaron que la noticia fue un golpe sorpresivo. El día posterior a la publicación, el director estatal del CFCRL en Baja California acudió a informarles verbalmente que debían firmar un contrato por un mes, mientras tomaban vacaciones forzadas.

La propuesta fue recibida con indignación, al considerarla una estrategia para evitar el pago de prestaciones. “Nos pidieron firmar sin ofrecernos garantías, cuando legalmente no procedía”, indicaron en una carta enviada a diversas autoridades federales.

El documento fue dirigido a la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo; al secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López; al director del CFCRL, Alfredo Domínguez Marrufo; y al agregado laboral de Estados Unidos, Jason Vorderstrasse.

Sin pago de liquidaciones ni derechos adquiridos

Hasta el momento, las y los empleados señalaron que no han recibido ningún tipo de compensación por despido injustificado. Entre las prestaciones adeudadas se encuentran liquidaciones, aguinaldos, días de vacaciones proporcionales y retroactivos salariales.

Tampoco se ha reconocido la antigüedad ni se ha explicado el motivo detrás del cierre, lo cual, afirman, representa una omisión grave de la autoridad como patrón. Esta situación ha dejado a familias completas en vulnerabilidad económica y legal.

“Nos trataron como si no existiéramos. No fuimos informados ni reubicados, mucho menos liquidados conforme a la ley”, expresaron. La única información oficial recibida ha sido el acuerdo publicado el 15 de abril en el Diario Oficial.

Exigen mesa de diálogo y solución inmediata

Ante la falta de respuestas, los trabajadores exigieron que se establezca una mesa de diálogo entre las partes involucradas. Su principal objetivo es negociar el pago justo de todas las prestaciones acumuladas durante su servicio.

También solicitaron que se garantice el respeto a sus derechos laborales y humanos. Argumentaron que el cierre se llevó a cabo sin transparencia ni respeto por el debido proceso laboral, afectando incluso a los usuarios del servicio en Ensenada y San Quintín.

La carta fue firmada por Elva Johanna Aguiar García, Juan Carlos Arce Ramírez, Sandra Priscila Lewis Cano, Diana Laura Murgo Ramírez, Miriam Alcaldesa Seseña y Stephanie Arlin Vázquez Navarrete, todos empleados del CFCRL.

Demanda crece y alcanza a instancias internacionales

En el escrito también se solicitó la atención del gobierno de Estados Unidos, a través del agregado laboral del consulado en Tijuana. Esto, como parte de los compromisos adquiridos en el marco del T-MEC en materia de protección laboral.

La intervención internacional fue considerada necesaria ante la falta de acciones del gobierno federal mexicano. “No queremos que se normalice el atropello de derechos en instituciones que deberían ser modelo en justicia laboral”, señalaron.

El caso cobra relevancia nacional al evidenciar cómo la autoridad laboral viola las mismas normas que está obligada a hacer cumplir. La opacidad, coincidieron, ha sido el signo de este proceso de cierre administrativo.

CFCRL calla, Sheinbaum no responde

Hasta el cierre de esta edición, ninguna de las instancias aludidas ha emitido un posicionamiento oficial. El CFCRL ha evitado ofrecer detalles sobre la medida, y la oficina de la presidente Sheinbaum no ha respondido a la petición formal.

Las personas afectadas reiteraron que están dispuestas a dialogar para encontrar una salida justa y digna. Sin embargo, advirtieron que en caso de no obtener respuesta, acudirán a tribunales laborales y organismos de derechos humanos.

El cierre de esta oficina estatal ha dejado también sin atención a decenas de ciudadanos que acuden regularmente para resolver conflictos laborales. A casi una semana del aviso, el inmueble permanece sin personal y sin servicio al público. –sn–