Autoridades investigan presuntos abusos físicos y negligencia institucional; INVEA colocó sellos por irregularidades administrativas

Por Fausto Hernández | Reportero

La muerte de Érick “N”, niño de 13 años, ocurrida durante un campamento de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, conmocionó a la comunidad escolar y desató una cadena de reacciones legales y sociales. El menor falleció en Cuautla, Morelos, tras participar en una actividad de tres días organizada por dicha institución.

Este lunes, personal del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) clausuró las instalaciones de la academia, ubicada en Santa María la Ribera, aunque la diligencia se relacionó con la falta de medidas de seguridad y no con el fallecimiento.

La clausura ocurrió tras las protestas encabezadas por familiares del menor y otras personas que aseguraron que los alumnos sufrieron maltratos físicos durante el campamento. A pesar de la gravedad del hecho, la institución intentó conservar una imagen de legalidad y responsabilidad.

La alcaldía Cuauhtémoc confirmó que la academia carecía de un programa interno de protección civil y advirtió que se acumulan denuncias en su contra ante diferentes instancias.

Discurso institucional y modelo militarizado

La Academia Ollin Cuauhtémoc mantenía una narrativa institucional centrada en la disciplina, el liderazgo y la formación de “vencedores”. Sus redes sociales promovían cursos que combinaban educación formal con entrenamiento físico y actividades castrenses.

Los anuncios incluían servicios de salud, primeros auxilios, defensa personal y desarrollo emocional. Según su publicidad, no existía requisito de promedio ni condición física para ingresar.

El discurso prometía un sistema “humanitario” y “militarizado” para el desarrollo integral de niños y adolescentes. Se anunciaban paramédicos permanentes y vigilancia constante.

En videos promocionales, se observaban simulacros de rescate, pirámides humanas y fogatas nocturnas, todo enmarcado en la idea de formar líderes con vocación de servicio.

Campamento y tragedia en Morelos

El campamento donde ocurrió el fallecimiento se realizó del 23 al 25 de abril en Cuautla. La madre de Érick, Erika, relató que su hijo fue víctima de castigos físicos, mala alimentación y negligencia.

El 25 de abril, Erika recibió una llamada que le informó sobre el “desnivel” en los signos vitales de su hijo. Al llegar al hospital, encontró que Érick ya no presentaba vida.

La necropsia reveló estallamiento de vísceras, además de moretones, ropa rota y marcas de violencia. Testigos indicaron que el auxilio médico fue solicitado por personas ajenas al personal académico.

El cuerpo del menor fue trasladado a la Ciudad de México, donde su familia exigió justicia y la clausura inmediata del plantel.

Incongruencias entre dictamen y versión oficial

La academia atribuyó la muerte de Érick a un golpe de calor o un ataque de asma. Estas hipótesis fueron desmentidas por el resultado forense.

El 26 de abril, la academia emitió un comunicado lamentando los hechos. Aseguró brindar apoyo a la familia y solicitó evitar la difusión de versiones “no verificadas”.

El 28 de abril, el director general de la institución publicó un video donde rechazó los señalamientos de abuso. Mostró supuestos comprobantes de gastos funerarios y de traslado por más de 30 mil pesos.

Afirmó que no acudió al funeral por “amenazas”, y negó que su personal hubiera cometido actos de violencia contra los estudiantes.

Intervención institucional y clausura

Esa misma tarde, el INVEA colocó sellos de suspensión provisional por no contar con los permisos requeridos. La clausura fue respaldada por la Dirección de Gobierno de la alcaldía.

Simultáneamente, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) informó que la academia no tenía autorización para realizar actividades fuera de su plantel.

La AEFCM aseguró que la institución tampoco tramitó los permisos necesarios para llevar alumnos a un campamento. Se abrieron canales para recibir más denuncias de padres de familia.

A su vez, la Fiscalía General del Estado de Morelos asumió la investigación del caso por tratarse de un hecho ocurrido en su territorio.

Reacciones públicas y exigencia de justicia

El caso ha generado indignación entre colectivos sociales, padres de familia y legisladores. Hasta el momento, se han registrado al menos ocho denuncias formales.

La madre del menor fue recibida en la Fiscalía de la Ciudad de México, donde también se integró una carpeta de investigación complementaria por los presuntos abusos cometidos antes del viaje.

Organizaciones de derechos humanos solicitaron una revisión integral a todas las academias militarizadas en el país, por el riesgo que representan para los menores.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la operación legal de la academia en cuestión. –sn–