Acusan a José Oswaldo Hernández Noguez de manipular programas del bienestar con fines electorales.

Por Deyanira Vázquez | Reportera

Tras casi un año de silencio, surgieron dos denuncias formales en contra de José Oswaldo Hernández Noguez, actual director regional de Programas para el Bienestar. El funcionario también contendió por la presidencia municipal de Jilotepec, postulado por la coalición Morena-PT-PVEM en las elecciones de 2024. Las quejas lo señalaron por presuntamente aprovechar su posición dentro del gobierno federal para beneficiarse políticamente. A decir de sus denunciantes, utilizó recursos públicos para impulsar su candidatura.

Su participación electoral se interrumpió por la reelección del priista Rodolfo Nogués Barajas, quien logró mantenerse en el cargo tras los comicios. Sin embargo, las acusaciones contra Hernández Noguez no desaparecieron, sino que se formalizaron ante instancias federales. Una de ellas llegó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la FGR, donde se expuso la supuesta cooptación de programas sociales con fines electorales. Los denunciantes argumentaron que el uso indebido de los recursos vulneró la equidad en la contienda.

Uso indebido de programas

La otra denuncia fue interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Según el documento presentado, el funcionario habría violentado principios de igualdad y no discriminación. La acusación señaló que condicionó la entrega de tarjetas del bienestar y apoyos de vivienda. Solo quienes respaldaron su proyecto político, dijeron, accedieron a los programas federales en su comunidad. Las comunidades con más carencias habrían sido las más vulneradas por estas acciones.

Los señalamientos subrayaron que Hernández Noguez se benefició de su cargo al frente de los Programas del Bienestar. También indicaron que el uso de recursos públicos afectó la imparcialidad del proceso democrático. A pesar de no haber logrado la presidencia municipal, el funcionario continuó con actividades públicas. Presuntamente, utilizó su acceso a padrones y beneficios sociales para fortalecer su presencia política.

Denuncias ante la FGR y la CNDH

Diversas comunidades del municipio relataron que el funcionario entregó apoyos sociales con un sesgo evidente. Habitantes mencionaron que les exigieron asistir a reuniones políticas para mantener sus beneficios. Algunos denunciaron que fueron excluidos tras manifestar su apoyo a otras opciones políticas. Estos testimonios se integraron como pruebas en las denuncias presentadas.

La primera de ellas se formalizó ante la FGR, la cual deberá determinar si existieron delitos de carácter electoral. La segunda quedó en manos de la CNDH, que deberá analizar si hubo violaciones a derechos humanos. En ambas instancias, las denuncias exigieron la investigación del uso clientelar de los programas federales. Las autoridades aún no han emitido pronunciamiento público sobre el avance de los casos.

Acusan coacción del voto

Vecinos de comunidades como San Lorenzo Octeyuco y San Miguel de la Victoria afirmaron haber sido condicionados. Según ellos, si no acudían a eventos organizados por Hernández Noguez, perdían el acceso a programas de vivienda. Otros mencionaron que las tarjetas del bienestar eran retenidas temporalmente como medida de presión. Estos relatos alimentaron la narrativa de manipulación electoral desde estructuras del gobierno federal.

Durante el periodo electoral, varios testimonios se difundieron en redes comunitarias de Jilotepec. Las publicaciones señalaban directamente a funcionarios del Programa del Bienestar, encabezados por Hernández Noguez. Pese a que las denuncias públicas fueron persistentes, no se había formalizado ningún expediente oficial. Fue hasta casi un año después de las elecciones que los casos llegaron a las instancias correspondientes.

Sospechan nueva campaña anticipada

Actualmente, diversas fuentes ciudadanas señalaron que José Oswaldo Hernández Noguez habría reiniciado su promoción personal. De acuerdo con testimonios locales, el funcionario retomó las visitas a comunidades con alta marginación. En esos encuentros, entregó apoyos sociales vinculados a su gestión como servidor público federal. Estas acciones fueron interpretadas como parte de una campaña anticipada rumbo al próximo proceso electoral.

Personas entrevistadas en comunidades como La Merced y El Jocote afirmaron que el funcionario solicitó respaldo político a cambio de apoyos. Mencionaron que las visitas no fueron acompañadas de otras autoridades federales. Las entregas se realizaron en espacios privados, sin testigos institucionales. Algunos vecinos ya documentaron los hechos en videos y fotografías que circularon en redes sociales.

Exigen intervención institucional

Ante esta situación, organizaciones ciudadanas exigieron que el uso de los recursos federales se mantuviera bajo vigilancia. Señalaron que la reincidencia del funcionario vulneraba los principios democráticos de neutralidad institucional. Además, llamaron a la Secretaría del Bienestar a revisar el desempeño de su director regional en Jilotepec.

Hasta ahora, ni la Secretaría del Bienestar ni otras autoridades han emitido comunicados oficiales sobre el caso. Tampoco hubo pronunciamientos por parte de la coalición Morena-PT-PVEM sobre el comportamiento de su excandidato. La falta de transparencia, afirmaron las voces críticas, podría alentar prácticas similares en otros municipios.

Piden transparencia y sanciones

Diversos actores sociales coincidieron en que el caso debía resolverse con apego a la legalidad. Solicitaron que se garantizara el acceso igualitario a los programas del bienestar sin condiciones políticas. Las autoridades federales, argumentaron, debían sancionar a quienes incurrieran en la coacción del voto.

A través de oficios dirigidos a la Secretaría de la Función Pública, algunas organizaciones pidieron revisar el historial del funcionario. De comprobarse los señalamientos, exigieron su remoción inmediata del cargo. También plantearon medidas para fortalecer la rendición de cuentas en los programas sociales. –sn–