El doctor Jesús Rey Fierro Hernández llama al Estado mexicano a acatar medidas de la ONU y suspender el proceso

Por Gabriela Díaz | Reportera

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-Magister”, encabezado por el doctor Jesús Rey Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, denunció que el actual proceso de elecciones judiciales en México compromete gravemente la autonomía del Poder Judicial y vulnera principios esenciales del Estado de derecho.

A través de un pronunciamiento oficial, Rey Fierro Hernández, también doctor en derecho, informó que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) admitió una queja interpuesta por el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, en la que se señalan violaciones a derechos fundamentales e independencia judicial derivadas de la reforma promovida por el Estado mexicano.

“El Comité internacional ha aceptado examinar nuestra comunicación, lo que constituye un precedente relevante. Esta admisión es una clara señal de preocupación internacional ante el intento de subordinar al Poder Judicial mediante mecanismos electorales masivos”, señaló el presidente del GIDH.

Suspender de inmediato el proceso

En este contexto, el abogado litigante Fierro Hernández hizo un llamado enérgico y firme al Estado mexicano para suspender de inmediato el proceso de elecciones judiciales, mientras se sustancia el caso ante las instancias internacionales. “Insistir en la realización de estos comicios, desoyendo las medidas provisionales del Comité de Derechos Humanos, es una violación flagrante de los compromisos internacionales asumidos por México”, advirtió.

El Comité de la ONU, añadió el especialista en materia de derechos humanos, solicitó formalmente al Estado mexicano la implementación de medidas de protección a favor de jueces y magistrados, con el propósito de evitar cualquier tipo de represalia, intimidación o presión derivada de su colaboración con mecanismos internacionales en materia de respeto a los derechos humanos.

Para el GIDH, la elección de 881 cargos judiciales federales, incluidos ministros de la Suprema Corte, mediante voto popular, representa una afectación profunda y estructural a la independencia judicial, principio indispensable para garantizar una justicia imparcial, autónoma y libre de presiones políticas.

Contrapeso, no un apéndice electoral

“El Poder Judicial debe ser un contrapeso, no un apéndice electoral. Su legitimidad emana del conocimiento, la experiencia y la imparcialidad, no de campañas políticas ni mayorías circunstanciales”, expresó Jesús Rey.

Asimismo, el defensor del pueblo alertó que la comunidad internacional sigue con atención este proceso, y que cualquier vulneración a la institucionalidad judicial podría generar consecuencias graves en la arquitectura democrática del país.

“La justicia no debe estar sujeta a intereses políticos o electorales. Continuar con esta reforma judicial y su proceso de elección en los términos actuales es una regresión democrática flagrante que compromete la estabilidad jurídica de México”, concluyó. –sn–