En un contexto donde México concentra más del 55% de los ciberataques en América Latina, la propuesta carece de garantías para proteger los derechos digitales.

Por Deyanira Vázquez | Reportera

México Evalúa y Coparmex organizan un evento virtual con expertos en mejora regulatoria y digitalización para analizar la propuesta de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos ( LNETB ). Si bien ambas organizaciones reconocen el esfuerzo del Gobierno por simplificar procesos administrativos, advierten que, si no se mejora su diseño, la iniciativa podría comprometer la transparencia, la calidad regulatoria y la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas.

En 2023, las MiPymes invirtieron en promedio 500 horas anuales en trámites, y sólo el 16.2% de estos se realizó en línea, de acuerdo al aporte de México Evalúa en la última edición del Índice de Burocracia en Iberoamérica .

La propuesta de ley —que se votará en período extraordinario, sin parlamento abierto— promete reducir a la mitad los tiempos de gestión y digitalizar el 80% de los trámites mediante herramientas como la “Llave Mx” (identidad digital única). También plantea eliminar duplicidades, homologar procesos, brindar un expediente a cada ciudadano y otorgar validez legal a los documentos digitales. En teoría, estos avances permitirían reducir la corrupción y cerrar brechas.

Sin embargo, los expertos alertan que, sin rediseñar primero los trámites existentes, la digitalización podría perpetuar procesos ineficientes o incluso perjudiciales. Al respecto, Mariana Campos, directora de México Evalúa, quien colaboró en el proceso de digitalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT), compartió el principal aprendizaje de esa experiencia: “No puedes digitalizar encima de procesos o de trámites que no están bien establecidos, que son redundantes o que tienen vicios”.

Riesgos regulatorios y falta de participación ciudadana
El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) es un mecanismo clave para evaluar la pertinencia de nuevas normas. Por ello, una de las principales preocupaciones es que la ley contempla demasiadas excepciones a la aplicación del AIR incluso en temas sensibles como expropiaciones, fiscalidad o seguridad, de manera que en la práctica es como si se le elimina. Además, para el tema de las consultas públicas, se subraya la necesidad de involucrar a organismos ciudadanos para que ayuden a fortalecer el diseño de normas.

“150 mil regulaciones a nivel nacional y más de 300 mil trámites en los tres niveles de gobierno, es un reto enorme; la mejor forma de implementar un proceso de simplificación es hacerlo de la mano con el usuario”, señaló Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión de Competitividad y Mejora Regulatoria de Coparmex. –sn–