La AES de Guerrero denunció a la alcaldesa por no aclarar recursos públicos.
Por Ángel Verduzco | Corresponsal
La Auditoría Superior del Estado (AES) de Guerrero pidió a la alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez rendir cuentas. Solicitó comprobar el destino de 898 millones de pesos de la Cuenta Pública Municipal 2023. La autoridad local incumplió con el plazo para justificar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
De acuerdo con la AES, los fondos no fueron aclarados ante el vencimiento de la fecha oficial. Por ello, el organismo presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero. Argumentó ejercicio ilícito del servicio público y negativa de rendición de cuentas.
Según la denuncia, el ayuntamiento de Acapulco omitió documentación clave sobre la aplicación del presupuesto. La información solicitada incluía comprobantes del gasto, contratos y reportes financieros. La AES afirmó que existe un convenio vigente con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Fondo federal bajo revisión
A pesar de lo anterior, Abelina López Rodríguez rechazó la solicitud de la auditoría estatal. Aseguró que los recursos provinieron directamente del gobierno federal. Sostuvo que únicamente la ASF tiene facultad para exigir informes sobre esos fondos.
Sin embargo, la AES sostuvo que el convenio firmado con la ASF le permite fiscalizar esos recursos. Enfatizó que no ha recibido ninguna documentación por parte de la administración local. Hasta el momento, la alcaldesa no presentó pruebas que respalden el destino del dinero público.
La cantidad señalada corresponde al presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Este recurso busca mejorar condiciones de vida en comunidades marginadas. Su uso está sujeto a estricta vigilancia para evitar desvíos.
Denuncia persecución política
Frente a la denuncia, Abelina López Rodríguez acusó que existe una campaña de persecución política en su contra. Expresó que los señalamientos tienen motivación electoral de cara al proceso de 2027. Afirmó que su aspiración a la gubernatura incomoda a ciertos grupos de poder.
“No hay pruebas de malversación, lo que hay es un ataque político”, dijo durante una conferencia de prensa. Cuestionó que la auditoría actúe de forma parcial y selectiva en su revisión. También pidió que el caso se turne a la ASF y no a la FGE estatal.
Hasta ahora, ni la Fiscalía General del Estado ni la ASF han emitido nuevos pronunciamientos. La AES, en cambio, reiteró que cumplió con sus atribuciones conforme al marco legal. –sn–
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