SN Redacción
El bloque de Morena en el Senado aprobó una reforma legal que permite al gobierno federal evitar la consulta pública de sus proyectos de regulación, incluidos los de alto impacto económico o social, hasta el día que sean publicados en el Diario Oficial. La reforma extingue a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, cuyo portal de anteproyectos ha sido, desde hace 25 años, uno de los principales repositorios de información pública del gobierno.
Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron anoche la iniciativa presidencial que regula la reforma constitucional que devuelve a la Sedena el control operativo y el mando de la Guardia Nacional. Con la nueva Ley de la Guardia Nacional —avalada con 354 votos a favor, 124 en contra y enviada al Senado para su revisión— se otorgan atribuciones en materia de inteligencia, intervención de llamadas telefónicas, redes sociales y correos electrónicos bajo autorización judicial, así como la posibilidad de realizar operativos encubiertos.
La Cámara de Diputados aprobó, por 349 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y 132 en contra del PAN, PRI y MC, expedir una nueva Ley de la Guardia Nacional para quitarle el carácter civil al cuerpo policiaco, convertirla en Fuerza Armada permanente dependiente de la Sedena, otorgarle facultades de inteligencia y conceder licencias a los militares para ocupar cargos de elección popular o puestos en cualquiera de los tres órdenes de gobierno.
La diputada Laura Ballesteros (MC) presentó una moción suspensiva por considerar que con las reformas se consolida la militarización de la seguridad pública del país, pero fue desechada por Morena y aliados en votación a mano alzada. La legisladora adelantó que su bancada presentará un amparo en cuanto termine el proceso.
La organización Causa en Común reprobó la militarización de la seguridad pública tras los cambios aprobados en la Cámara de Diputados. Consideró que esta acción pone en riesgo principios democráticos que suponen una separación entre el ámbito civil y el tratamiento de la seguridad. México requiere una política basada en corporaciones civiles, fiscalías profesionales e independientes y un Poder Judicial autónomo.
Ayer el Senado aprobó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que digitalizará y centralizará datos personales y biométricos mediante la Llave MX. Aunque la legislación promete simplificación administrativa, expertos advierten riesgos de ciberseguridad, filtraciones de datos y posible uso indebido de la información por parte del gobierno federal.
La reforma fue aprobada con 75 votos a favor y 37 en contra. Mely Romero Celis (PRI) acusó que esta ley promueve un modelo autoritario con control centralizado del aparato gubernamental.
Un tribunal federal ordenó a Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, pagar al gobierno federal un adeudo fiscal de aproximadamente 2 mil millones de pesos, derivado de la omisión del pago del ISR correspondiente a 2010. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en Cdmx rechazó amparar a la empresa de Salinas Pliego, por lo que le ordenó el pago. La sentencia puede ser impugnada mediante recurso de revisión ante la SCJN, cuya integración cambiará el primero de septiembre.
La presidente electa del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García, advirtió que si un magistrado o ministro no se apega a la Constitución, se le sancionará con amonestación o cese de funciones. Aclaró que el nuevo órgano jurisdiccional actuará de oficio y por quejas, sin modificar sentencias, pero buscará agilizar la justicia y asegurar que el personal judicial actúe conforme a la ley.
Datos de la Judicatura Federal indican que 63 mil 223 personas se encuentran en prisión preventiva oficiosa sin sentencia. Esta medida ha sido defendida por la presidente Claudia Sheinbaum, pero será analizada por la SCJN el próximo 5 de agosto. La reforma de 2024, que amplió el catálogo de delitos con cárcel automática, mantiene el debate entre el gobierno federal, el máximo tribunal e instancias internacionales.
Una jueza federal en Nayarit otorgó una suspensión provisional para impedir la demolición de la Ciudad de las Artes en Tepic y la construcción del estadio de futbol Nicolás Álvarez Ortega. Ordenó que no continúe la demolición ni la deforestación del área.
El gobierno de Cdmx informó que busca consensos con vecinos de Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Xochimilco para construir tres Utopías. En Cuajimalpa, vecinos obtuvieron un amparo que suspendió las obras. La consejera jurídica Eréndira Cruzvillegas indicó que el proceso legal continúa.
La presidente Claudia Sheinbaum heredó una posición fiscal complicada y alta incertidumbre, afirmó Shelly Shetty, jefa de calificaciones soberanas de Fitch Ratings. En el foro “Fitch on México 2025”, explicó que las reformas judiciales han generado desconfianza entre inversionistas.
Empresarios manifestaron preocupación por la nueva conformación del Poder Judicial, pues no cuentan con elementos para prever riesgos legales. Michel Levien, experto en anticorrupción, afirmó que las empresas enfrentan incertidumbre jurídica.
El análisis de los resultados de la elección del Poder Judicial será resuelto en tribunales. Organizaciones como Podermx, Elecciones y Más, PROJUC, Consejo de Litigio Estratégico y Defensorxs impugnaron los comicios por presunta injerencia del gobierno federal.
La reforma electoral de la presidente Claudia Sheinbaum será discutida después del primero de septiembre, informó Ricardo Monreal. El paquete de reformas al Poder Judicial tampoco se abordará en el actual periodo extraordinario.
La jefa de gobierno de Cdmx, Clara Brugada Molina, informó que el número de migrantes en situación de calle se redujo de tres mil a 450 personas. La mayoría ha recibido apoyo jurídico o albergue.
Jueces que lleven casos relacionados con crimen organizado podrán solicitar protección institucional para su identidad y familia, según iniciativa presidencial en materia de delincuencia organizada.
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia busca fortalecer capacidades contra el crimen organizado y colaborar con la FGR. Así lo expresó la presidente Claudia Sheinbaum.
Más de 500 servidores públicos municipales han sido sancionados en los últimos dos años, informó el contralor del Poder Legislativo, Juan José Hernández Vences. Las alcaldías con más denuncias son Tepotzotlán, Naucalpan, Calimaya, Coyotepec, Santo Tomás de los Plátanos y Huehuetoca.
El ministro Javier Laynez propuso amparar al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, contra un libro de texto que lo exhibe como ejemplo de discriminación. La SEP deberá dejar de distribuir la obra y eliminar toda referencia a su nombre.
El académico Luis Enrique Sánchez declaró que el dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, presentará una acción de inconstitucionalidad contra la “Ley de Ciberasedio” en Puebla, por atentar contra la libertad de expresión.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que las tensiones entre Estados Unidos e Irán han retrasado negociaciones comerciales sobre aranceles al acero y aluminio, aunque las pláticas avanzan.
México emitió nuevos bonos de referencia y refinanció deuda externa, según la SHCP. La operación incluyó emisiones por 3,950 y 2,850 millones de dólares con vencimientos en 2032 y 2038, respectivamente.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, enfrenta una segunda acusación penal por presunto financiamiento ilegal durante su campaña electoral de 2022, informó la Fiscalía General de ese país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a CNN y The New York Times de manipular la narrativa sobre los bombardeos en instalaciones nucleares de Irán, luego de que ambos medios filtraron que el programa nuclear solo sufrió retrasos menores.
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