Por José Víctor Rodríguez Nájera
La ética pública no admite atajos. Cuando un gobierno se construye sobre promesas de honestidad, rendición de cuentas y derechos humanos, cualquier fisura representa no solo una contradicción, sino una traición a su propia base moral. El caso de Mitzi Nayelli Segura Matadamas, funcionaria del municipio de Naucalpan, revela un patrón de simulación institucional que debilita la credibilidad de Morena y de los gobiernos que actúan bajo su emblema.
Segura Matadamas aparece en la página oficial del gobierno municipal que dirige Isaac Martín Montoya Márquez como directora del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad.
En su currículum institucional, exhibido por el gobierno municipal de Naucalpan, se afirma que cuenta con una licenciatura en Comunicación por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, una revisión al Registro Nacional de Profesionistas revela que ese título no existe. No se trata de un error menor, sino de una falta que podría derivar en responsabilidades administrativas y penales por usurpación de funciones y falsificación de documentos oficiales.
El municipio de Naucalpan, gobernado por Montoya Márquez, enfrenta así una crisis de integridad que alcanza al más alto nivel de su política de género. ¿Cómo puede una administración impulsar políticas públicas de protección a las mujeres cuando coloca al frente de esa tarea a una persona sin la formación, la certificación profesional ni la probidad necesarias?
El problema no se limita a una funcionaria ni a un gobierno local. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuya administración representa la instauración de los principios de Morena en el Estado de México, tiene la obligación moral y legal de sancionar este tipo de prácticas. Permitir que se mantenga a una persona con credenciales académicas falsas en un cargo de responsabilidad pública, además vinculado a los derechos de las mujeres, compromete toda la política de género de la entidad.
Morena prometió regeneración ética. No hay regeneración cuando la opacidad reemplaza la legalidad, ni cuando se otorgan cargos públicos por lealtades partidistas o favores políticos. La trayectoria de Segura Matadamas en administraciones pasadas, incluso bajo gobiernos del Partido Acción Nacional, refuerza la sospecha de una permanencia motivada por conveniencias más que por méritos.
La simulación institucional no solo vulnera el servicio público, también revictimiza a las mujeres que recurren a estas instancias en busca de apoyo. ¿Qué confianza puede tener una víctima de violencia cuando quien dirige el área carece de formación profesional y técnica, pero conserva su cargo por vínculos partidistas?
El delito en cuestión no es menor. Usurpar un título universitario para acceder a un cargo público constituye una falta grave que puede derivar en inhabilitación y responsabilidades penales. Sin embargo, la impunidad parece proteger estas conductas cuando el respaldo político pesa más que la verdad legal.
Naucalpan se convierte así en ejemplo de cómo una estructura de gobierno, en apariencia alineada con los valores progresistas, termina replicando las prácticas del viejo régimen. La ética partidista no puede ser de discurso. La integridad comienza por el cumplimiento riguroso de los requisitos básicos de un cargo público, incluso, al interior del partido Morena, que exige honestidad, transparencia y honradez intachables.
Es imperativo que el gobierno mexiquense intervenga. No se trata de una vendetta política ni de una cacería de errores administrativos. Es una obligación ante el derecho constitucional de los ciudadanos a ser gobernados por personas honestas, preparadas y legalmente habilitadas.
El respeto a los derechos humanos de las mujeres requiere políticas públicas construidas con rigor. No puede basarse en la improvisación, la mentira ni el clientelismo. La “directora” del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad es, hoy, el ejemplo más claro de cómo una causa justa puede corromperse desde su raíz.
Punto Cero
En medio del escándalo que involucra a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública en por liderar el narcotráfico en Tabasco, buscado por la Interpol, el actual senador Adán Augusto López Hernández, gobernador tabasqueño durante la gestión de Bermúdez Requena, reapareció en redes sociales tras varios días sin actos públicos. En su mensaje, defendió su gestión como gobernador de Tabasco y afirmó estar a disposición de cualquier autoridad que lo requiera.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
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