Ejidatarios sorprendieron a dos hombres talando árboles en Santa Cruz Huitzizilapan.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

La comunidad de Santa Cruz Huitzizilapan, en el municipio de Lerma, vivió una jornada de indignación luego de que vecinos capturaron a dos presuntos talamontes sorprendidos durante una vigilancia comunitaria en zona ejidal. Los hechos ocurrieron en el paraje Monjini, donde comuneros escucharon el sonido de motosierras mientras recorrían el bosque. Al adentrarse en el lugar, localizaron a dos hombres con un árbol recién derribado y herramientas para transportar madera.

Ante el hallazgo, los vecinos se organizaron rápidamente y, tras una breve persecución, lograron retener a los presuntos infractores. Posteriormente los entregaron a elementos de la Policía Municipal, quienes se trasladaron hasta la zona del operativo. El ambiente de celebración por la detención se tornó en inquietud ante la posibilidad de que los sujetos quedaran en libertad, como ha sucedido en casos similares, según versiones de los propios pobladores.

Temor a la impunidad

La comunidad ha registrado múltiples episodios de tala ilegal sin consecuencias legales efectivas para los responsables. Esto ha generado desconfianza en las autoridades judiciales, a quienes acusan de actuar con lentitud. “De nada sirve arriesgarse a detenerlos si a los dos días los dejan ir”, declaró Mario Valerio, uno de los comuneros involucrados en la detención, quien pidió acciones concretas del gobierno estatal.

Los habitantes subrayaron que el paraje Monjini forma parte de un ecosistema vital para el equilibrio ambiental del Valle de Toluca, donde cada árbol representa una barrera contra el crecimiento urbano desmedido. Afirmaron que la vigilancia comunitaria se mantuvo desde hace varios meses como única alternativa ante la escasa presencia de seguridad en la zona ejidal.

Demanda de castigo ejemplar

El sentimiento general entre los vecinos es de hartazgo por la omisión de las instituciones ante la tala clandestina. Los comuneros indicaron que no es la primera vez que enfrentan solos este tipo de situaciones. “El bosque es nuestro sustento, nuestra agua, nuestra vida”, expresaron varios ejidatarios, quienes se organizaron en guardias rotativas para monitorear los accesos al paraje.

Señalaron que los detenidos son ajenos a la comunidad y que portaban equipo especializado para la extracción rápida de madera, lo que hace suponer que no era la primera vez que incursionaban en el área.
Además de las motosierras, les aseguraron sogas, herramientas de corte, costales y un vehículo para cargar los troncos talados.

Fallas del sistema judicial
Uno de los temores constantes en la comunidad es que los responsables sean liberados por supuesta falta de pruebas o errores procesales. Denunciaron que, aunque aportan evidencia y testigos, los procedimientos no prosperan. Han documentado otros casos de reincidencia, donde los mismos sujetos fueron identificados en diversas talas, sin que las autoridades judiciales emitieran una sentencia firme.

“No hay justicia si no hay voluntad”, dijo uno de los coordinadores de la vigilancia forestal, quien solicitó medidas cautelares contra los talamontes mientras se deslinda su situación legal. Pese a las denuncias previas, afirmaron que ni la Fiscalía estatal ni la Procuraduría Ambiental han respondido con contundencia ante estos delitos.

Organización vecinal continúa

Los pobladores de Santa Cruz Huitzizilapan reiteraron su compromiso de continuar con rondas comunitarias y exigieron al municipio mayor presencia policial. Advirtieron que la tala ilegal podría agudizar la crisis hídrica y el calentamiento local, al eliminar la cobertura vegetal que regula el clima y filtra el agua de lluvia.

Además, demandaron campañas de reforestación inmediata y la instalación de cámaras de vigilancia en accesos al bosque. Llamaron también al Congreso del Estado de México para que impulse una ley que castigue con mayor severidad la tala clandestina en zonas ejidales.

Autoridades omisas

Pese a los llamados reiterados, el gobierno municipal no se pronunció públicamente sobre la detención ni sobre el estado procesal de los acusados. Los comuneros consideraron que el silencio institucional también forma parte del problema, al enviar el mensaje de que estos delitos quedan impunes.

El colectivo de vigilancia comunitaria insistió en que no busca justicia por mano propia, sino apoyo legal y protección a su territorio. Afirmaron que, mientras no haya consecuencias reales para los infractores, el daño ambiental seguirá acumulándose sin freno.–sn–

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