Una reforma judicial redujo la independencia del Poder Judicial y generó críticas internacionales.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

El colectivo Human Rights Watch (HRW) afirmó que el cambio constitucional aprobado en septiembre de 2024 eliminó la permanencia de jueces y magistrados. La medida introdujo un modelo inédito en México: elegir mediante voto popular a integrantes judiciales. Bajo este esquema, el Poder Judicial quedó expuesto a presiones políticas.

El 1 de septiembre de 2025, seis de los nueve ministros de la Suprema Corte asumieron sus cargos. Junto a ellos fueron designados 800 magistrados federales y 1,800 jueces locales. Todos resultaron electos en una votación celebrada el pasado 1 de junio.

El proceso electoral registró únicamente un 13% de participación ciudadana, informó la OEA. Dicho porcentaje fue descrito como uno de los más bajos de la región. Observadores internacionales señalaron irregularidades en el desarrollo de la jornada.

Proceso de selección cuestionado

Las comisiones de evaluación designadas por el presidente, el Senado y la Suprema Corte tuvieron limitaciones. No aprobaron estatutos que definieran criterios claros de selección. Además, dispusieron de plazos reducidos para revisar cientos de expedientes.

Según el Observatorio de la Reforma Judicial, las comisiones debían analizar hasta 40 solicitudes diarias. Entre los requisitos figuraban cartas de recomendación vecinales y una breve carta de motivación. Los observadores señalaron falta de parámetros uniformes.

En enero de 2025, la Comisión de Evaluación del Poder Judicial renunció tras un mandato judicial. Posteriormente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación transfirió sus facultades al Senado. En la práctica, Morena y sus aliados definieron la mayoría de candidaturas.

El procedimiento concluyó con un sorteo supuestamente aleatorio para determinar aspirantes aptos a competir. Sin embargo, organizaciones documentaron deficiencias y ausencia de transparencia. Estas fallas fueron señaladas por Human Rights Watch y organismos internacionales.

Críticas internacionales a la reforma

La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus Estrada, declaró que la medida debilitaba al sistema judicial. Señaló que el modelo hacía a los jueces más leales al gobierno federal. Añadió que vigilarían el cumplimiento constitucional.

La OEA subrayó que México era el único país en el mundo con elección total de jueces. Señaló que el procedimiento resultaba anómalo frente a estándares internacionales. Documentó también fallas en el financiamiento y la fiscalización de campañas.

Los observadores internacionales reportaron la distribución de “acordeones” con listas de candidatos. Dichos materiales circularon en formato físico y digital entre la población. Identificaron como responsables a actores no determinados.

Los seis ministros electos de la Suprema Corte provenían de listas elaboradas por el Ejecutivo. Algunos también fueron incluidos por el Congreso, donde Morena tiene mayoría. Estos perfiles se sumaron a tres nombrados previamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Tribunal disciplinario y riesgos

La reforma incluyó la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Este órgano, también electo por voto popular, recibió facultades para sancionar y destituir jueces. Se estableció que podrían ser castigados si fallaban contra jurisprudencia o criterios oficiales.

Organismos internacionales advirtieron que estas disposiciones incrementaban el riesgo de injerencia política. Resaltaron que la independencia judicial debía garantizarse frente a presiones externas. La ONU reiteró que el nombramiento de jueces debía basarse en mérito profesional.

El relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados publicó una recomendación. Señaló la necesidad de procesos apolíticos de designación. Destacó que un juez debía decidir únicamente con base en hechos y leyes.

La mitad restante del Poder Judicial Federal sería renovada en 2027. Analistas internacionales sugirieron que las autoridades mexicanas debían corregir fallas antes de la nueva ronda. La OEA instó a modificar el marco constitucional o incluir salvaguardas sólidas.

Impacto nacional e internacional

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, presidido por Jesús Rey Fierro Hernández, advirtió riesgos. El doctor en derecho señaló que la reforma fracturaba la división de poderes. Recordó que sin jueces independientes no había garantías para los derechos humanos.

Fierro Hernández recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017. En declaraciones públicas afirmó que los procesos electivos carecieron de legalidad y transparencia. Aseguró que la baja participación reflejaba desconfianza ciudadana.

El GIDH anunció que llevaría el caso ante instancias internacionales. Entre ellas consideraron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU. Informaron que documentarían afectaciones directas a los derechos fundamentales.

En el ámbito interno, diversas organizaciones civiles manifestaron preocupación. Señalaron que el debilitamiento judicial podía afectar casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Advirtieron que el nuevo modelo podía generar clientelismo político. –sn–

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