La Suprema Corte protege concubinas de militares y anula cobros municipales indebidos.

Por Martín García | Reportero                                      

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las concubinas de militares y marinos tenían derecho a recibir pensión y seguridad social, siempre que acreditaran el vínculo con el elemento de las Fuerzas Armadas.

La resolución invalidó el artículo 160 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM), que limitaba los derechos de las parejas en concubinato. Con ello, se aprobó la primera declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la nueva Corte.

Los ministros precisaron que los derechos no dependían del reconocimiento expreso del militar o marino, sino de la acreditación del vínculo de vida en común, mediante cualquier medio legal admitido en juicio.

Alcances de la resolución

La SCJN determinó que la norma derogada afectaba de forma desproporcionada a mujeres, al excluirlas de pensiones y servicios médicos en caso de no contar con un trámite administrativo previo.

Los efectos de la sentencia fueron generales, por lo que todas las familias militares en concubinato podrán acceder a pensiones de viudez y atención médico-quirúrgica establecidas en el artículo 143 de la ley.

La Nueva Corte resaltó que la protección debía fundarse en la realidad de la vida compartida y no en formalidades administrativas que obstaculizaban derechos fundamentales.

El caso se originó en 2021, cuando la Segunda Sala de la SCJN remitió al Pleno la solicitud de invalidez del artículo 160 del ISSFAM, resuelto finalmente en sesión del 18 de septiembre de 2025.

Cobros municipales invalidados

En otro asunto, la SCJN resolvió que los municipios carecían de facultades para cobrar licencias de construcción relacionadas con gasoductos, subestaciones eléctricas o plantas fotovoltaicas.

El Pleno declaró inválidas disposiciones de leyes de ingresos de Jalpa, Zacatecas, así como de Nuevo Casas Grandes y Buenaventura, Chihuahua, que incluían cobros indebidos.

La Corte fundamentó su decisión en los artículos 27 y 73 de la Constitución Federal, que establecen que los recursos estratégicos como hidrocarburos y energía eléctrica corresponden al Congreso de la Unión.

De esta manera, se ratificó que el dominio de la Nación sobre dichos recursos era directo e inalienable, sin que los municipios pudieran establecer gravámenes adicionales.

Controversias constitucionales

Las sentencias derivaron de las Controversias Constitucionales 63/2025, 34/2025 y 55/2025, promovidas por el Poder Ejecutivo federal contra disposiciones estatales de Zacatecas y Chihuahua.

La impugnación solicitó la invalidez de artículos en las leyes de ingresos municipales que imponían cobros no previstos en la Constitución.

Los actos fueron publicados en los Periódicos Oficiales de ambas entidades los días 28 y 30 de diciembre de 2024, para el ejercicio fiscal de 2025.

El fallo del Pleno de la SCJN reafirmó el principio de supremacía constitucional en materia de regulación de recursos estratégicos.

Impacto nacional

Con estas resoluciones, la SCJN sentó precedentes relevantes para la protección de derechos sociales de concubinas en el ámbito militar y para delimitar las facultades municipales en materia fiscal.

La Corte subrayó que los beneficios de pensión y seguridad social debían aplicarse sin discriminación y con perspectiva de igualdad.

Asimismo, se estableció que los municipios no podían alterar el régimen constitucional sobre energía y gasoductos, al tratarse de recursos reservados a la federación.

Ambas decisiones fueron aprobadas en sesión pública del Pleno con mayoría de votos, consolidando el criterio de la Nueva Corte en su integración 2025. –sn–

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