Colectivos ambientales advirtieron sobre el impacto del proyecto de Yasmín Esquivel en la SCJN.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

Diversas organizaciones civiles expresaron su preocupación ante el contenido del proyecto de sentencia elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa en la contradicción de criterios 217/2021, por su potencial retroceso en materia de derechos humanos y justicia ambiental. El documento fue programado para discusión el 9 de octubre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El proyecto propuso restringir la legitimación activa de asociaciones civiles y defensoras del medio ambiente para promover juicios de amparo por violaciones al derecho a un entorno sano, limitando la participación de la sociedad civil en causas ambientales.

Según el texto, el objeto social de una organización resultó insuficiente para acreditar interés legítimo, dejando sin efecto criterios anteriores que habían reconocido la posibilidad de que asociaciones civiles actuaran en defensa de derechos colectivos y difusos.

Riesgo de retroceso ambiental

En resoluciones previas, la Corte había sostenido que las decisiones en materia ambiental debían garantizar legitimación amplia a las asociaciones, permitiendo su acceso a la tutela judicial con base en su objeto social orientado a la defensa del medio ambiente.

Esa jurisprudencia reconocía que el derecho a un medio ambiente sano, previsto en el artículo 4 constitucional, constituía un derecho difuso, protegido en favor de toda la colectividad, y que las organizaciones especializadas formaban parte de esa comunidad beneficiaria.

Por ello, las asociaciones no necesitaban acreditar una afectación individual para acudir al amparo, bastando con demostrar su misión institucional en la promoción y defensa del interés público ambiental.

Contradicción con compromisos internacionales

El Acuerdo de Escazú, firmado y ratificado por México, obliga a garantizar acceso efectivo a la justicia ambiental y a eliminar barreras para la defensa del entorno por parte de personas y colectivos. Las organizaciones señalaron que restringir la legitimación contradice los principios de este tratado internacional.

Además, advirtieron que el proyecto vulneraría el principio de no regresión ambiental, pilar reconocido en los instrumentos internacionales que México ha suscrito, y que prohíbe reducir el alcance de los derechos previamente garantizados.

Las agrupaciones recordaron que el Acuerdo de Escazú fue concebido para fortalecer la participación pública y el acceso a la información ambiental, por lo que limitar la actuación de asociaciones representaría un incumplimiento directo de sus obligaciones internacionales.

Coincidencia con reformas restrictivas

La preocupación creció ante el contexto legislativo actual. El Senado de la República aprobó reformas a la Ley de Amparo orientadas a restringir el interés legítimo y limitar la suspensión de actos de autoridad, medida que podría reducir la capacidad ciudadana para frenar violaciones a derechos fundamentales.

El análisis simultáneo del proyecto de la SCJN, señalaron las organizaciones, reflejó una tendencia institucional hacia el cierre del espacio cívico y la desprotección de derechos colectivos. En conjunto, estos cambios afectaron la eficacia de los mecanismos de control constitucional.

Expertos en derecho ambiental y constitucional coincidieron en que tales modificaciones podrían debilitar la protección del medio ambiente y los derechos humanos frente a megaproyectos o políticas públicas con impacto social negativo.

Impacto en la defensa colectiva

De aprobarse el criterio propuesto, las asociaciones civiles y colectivos comunitarios quedarían sin posibilidad de promover amparos si no acreditaban afectaciones directas al entorno durante la etapa inicial del juicio.

Esa exigencia implicaría un retroceso frente a los avances jurisprudenciales que habían reconocido el interés legítimo como herramienta de defensa para causas ambientales, sociales y de derechos humanos.

En términos prácticos, la medida reduciría la capacidad de la sociedad civil organizada y de comunidades locales para oponerse a proyectos extractivos, obras públicas o decisiones gubernamentales que afectaran la biodiversidad o el equilibrio ecológico. –sn–

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