Senado avala ley nacional y fortalece penas por extorsión federal. Aprobación legislativa.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad la reforma integral contra la extorsión, que expidió la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, y modificó diversas leyes federales como el Código Penal Federal y la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

La reforma estableció un tipo penal único a nivel nacional y definió la extorsión como la conducta en la que una persona “sin derecho, obligue a otra a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro, o causando daño patrimonial, moral, físico o psicológico”. El dictamen fue respaldado por senadores de distintos grupos parlamentarios y especialistas invitados a las mesas de trabajo.

Tras observaciones realizadas por senadores y asesores jurídicos, las comisiones elevaron la penalidad mínima y máxima del delito básico de 6–15 años, como venía de Diputados, a 15–25 años de prisión, con el objetivo de evitar que la nueva ley redujera penas vigentes en estados como Chihuahua, Quintana Roo, Michoacán y Morelos. Esta modificación buscó impedir liberaciones anticipadas de personas sentenciadas por extorsión y reforzar la seguridad jurídica. Expertos en derecho penal señalaron que esta medida armoniza el marco legal federal con criterios de justicia efectiva.

El dictamen también incrementó las sanciones en casos de extorsión agravada según la modalidad y el impacto del delito, estableciendo penas de 19 a 33 años cuando exista cobro continuo, víctimas comerciantes o empresarios, o cuando se use un tercero o dependencias públicas. Se contemplaron penas de 20 a 37 años si el delito afecta migrantes, menores, mujeres embarazadas o se emplean medios electrónicos. Los casos con violencia física, participación de menores, servidores públicos o grupos criminales implicaron sanciones de 31 a 42 años de prisión, considerando la gravedad del acto.

Sanciones a servidores públicos

La reforma también contempló responsabilidades específicas para servidores públicos y personas relacionadas con el delito, imponiendo de 4 a 12 años de prisión a quienes cooperen, faciliten o auxilien la extorsión. Servidores públicos que divulgaran información confidencial de carpetas de investigación recibieron penas de 4 a 16 años. Además, quienes omitan denunciar casos de extorsión, teniendo funciones de prevención, investigación o persecución, fueron sujetos a 10 a 20 años de prisión y multa de 200 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

De manera adicional, se sancionó con 6 a 12 años de prisión la introducción de dispositivos electrónicos a centros penitenciarios sin autorización legal. Las penas se incrementaron hasta en un 50% si participaban defensores, asesores jurídicos o personas privadas de la libertad. La legislación estableció reglas claras sobre agravantes y reparación del daño para garantizar cumplimiento estricto del marco constitucional.

Investigación especializada

El dictamen obliga a las fiscalías a crear unidades especializadas en extorsión, integradas por ministerios públicos, policías y analistas certificados, siguiendo criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Mientras se implementan estas unidades, las fiscalías podrán apoyarse temporalmente en las Unidades Antisecuestro, por su experiencia e infraestructura. La ley incluyó mecanismos para bloquear comunicaciones desde centros penitenciarios, considerados puntos estratégicos de origen de extorsiones telefónicas.

El presidente de la Comisión de Justicia, senador Javier Corral Jurado, explicó que el Senado realizó 15 modificaciones sustanciales al dictamen de Diputados, entre ellas elevar penalidades y ajustar agravantes para que fueran medibles y aplicables a comunidades específicas. Se modificaron reglas de reparación del daño y destino de recursos provenientes de extinción de dominio. Se ajustaron también las pruebas permitidas, respetando estrictamente la Constitución, y se eliminaron beneficios preliberatorios para sentenciados por extorsión.

Corral Jurado subrayó que la reforma responde a una exigencia nacional y que la Cámara de Diputados hizo un trabajo excepcional, pero la revisión del Senado era indispensable para afinar penalidades y reforzar la protección de víctimas. Señaló que la medida busca homologar criterios legales en todo el país. La legislación busca garantizar seguridad, justicia y prevención de delitos de extorsión a nivel federal.

El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva del Senado y se programó para discusión y votación en el Pleno del Senado. Los senadores manifestaron que el debate público y la revisión legislativa fortalecen la legalidad y protección de la ciudadanía. La aprobación definitiva permitirá que la Ley General entre en vigor y sea aplicada por todas las fiscalías del país. –sn–

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