La CNDH emitió recomendaciones y documentó violaciones graves a derechos humanos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 27 recomendaciones por violaciones graves a garantías fundamentales. Los señalamientos se dirigieron principalmente a corporaciones federales de seguridad. Los documentos correspondieron a expedientes publicados durante 2025.

La mayoría de las recomendaciones se enfocaron en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar). En total, la SSPC acumuló 12 recomendaciones, Sedena siete y Semar seis. La revisión se basó en información oficial del organismo.

El organismo autónomo fue encabezado por Rosario Piedra Ibarra durante la emisión de estos documentos. Las denuncias se relacionaron con tratos crueles e inhumanos. También se incluyeron casos de tortura y uso excesivo de la fuerza.

Violaciones documentadas

Las recomendaciones señalaron retención ilegal y violencia sexual. También se documentaron privaciones de la vida. Los hechos fueron atribuidos a personal de dependencias federales.

La mayoría de los casos correspondieron a hechos ocurridos antes de 2024. Algunos expedientes dataron desde 2012. Las investigaciones se iniciaron tras denuncias formales de personas agraviadas.

En el caso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), varias recomendaciones se vincularon con agresiones de la extinta Policía Federal. Los documentos precisaron responsabilidades institucionales. Las conclusiones se integraron tras procesos de análisis.

Comparativo anual

Durante 2024, la CNDH registró 30 recomendaciones por violaciones graves. La SSPC encabezó nuevamente la lista con nueve casos. Le siguieron la Fiscalía General de la República (FGR) con siete, Semar con seis y Sedena con cuatro.

En la revisión de 2025, también se emitieron recomendaciones contra la FGR. Se contabilizaron tres casos para esa institución. Además, se incluyeron fiscalías estatales.

Las fiscalías de Guanajuato, Guerrero y Tabasco recibieron una recomendación cada una. Las agresiones acreditadas se relacionaron con violencia desproporcionada. También se documentó falta de protección judicial. –sn–

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