Ejercer el periodismo en México nunca ha sido una labor segura, pero en 2025 el riesgo ha escalado a un nuevo y peligroso nivel: informar puede llevarte al banquillo de los acusados.

Por Raúl García Araujo                                            

Mientras siete periodistas han sido asesinados en el país este año, según Artículo 19, hoy además enfrentamos una forma moderna de censura: la criminalización del ejercicio periodístico desde las propias instituciones del Estado, una práctica que no sólo intimida al comunicador, sino que erosiona directamente el derecho de la sociedad a estar informada.

El caso del colega veracruzano Rafael “Lafita” León Segovia no es un episodio aislado, es una advertencia nacional.

Un juez de control, José Guadalupe Nucamendi Albores, desestimó finalmente el delito de terrorismo —una acusación tan grave como absurda—, pero aun así decidió vincular a proceso al periodista por otros cargos, imponiéndole prisión domiciliaria durante un año, no por haber cometido un crimen, sino por hacer su trabajo.

La audiencia, documentada por Artículo 19, exhibió a una Fiscalía de Justicia de Veracruz sin pruebas sólidas, con inconsistencias, argumentos endebles y una narrativa preocupante: si el periodista llega primero a cubrir una nota, entonces “sabía” del delito.

Bajo esa lógica perversa, informar se convierte en sospecha y la eficacia profesional pasa a ser “prueba criminal”.

La Fiscalía llegó al extremo de acusarlo de no denunciar hechos delictivos que supuestamente conocía por mensajes de texto, como si el periodista tuviera funciones de Ministerio Público y como si la recepción de información de una fuente fuera participación delictiva, una distorsión jurídica que pone en jaque a todo el gremio.

Peor aún, la acusación se sustenta principalmente en un “testigo protegido” cuyas declaraciones son contradictorias y plagadas de irregularidades.

Aun así, en apenas veinte días la Fiscalía integró y judicializó una carpeta por terrorismo, encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad, mientras solicita cuatro meses para la investigación complementaria, una diligencia que contrasta dolorosamente con la impunidad absoluta en los asesinatos de periodistas en Veracruz, una de las entidades más letales para la prensa.

El mensaje es claro y estremecedor: se persigue con rapidez al que informa, pero no al que mata al periodista.

La medida cautelar impuesta —arraigo domiciliario— resulta desproporcionada y devastadora, pues impide a Rafael salir a las calles, cubrir hechos, trabajar, vivir de su oficio y cumplir con el derecho social a la información; no sólo se castiga al periodista, se castiga a la sociedad.

Por eso este caso encendió todas las alarmas. La propia presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo con claridad: no existe precedente de acusaciones por terrorismo en México y exigió a la Fiscalía de Veracruz que explique si existe un delito real y probado, subrayando que ninguna investigación debe estar relacionada con la labor profesional del comunicador.

Entonces, ¿qué estamos viendo? Una peligrosa deriva: la utilización del aparato judicial como instrumento de intimidación política.

Ni en los peores tiempos del viejo régimen —cuando el poder lo controlaba todo— se normalizaba con tanta facilidad que un periodista fuera procesado por publicar información incómoda.

Hoy le tocó a Rafael, mañana puede tocarle a cualquier reportero, columnista o medio que se atreva a incomodar al poder, y por eso este no es un pleito personal ni un asunto local, es una causa del periodismo mexicano.

Cuando informar se vuelve delito, la democracia deja de existir. Hoy más que nunca el gremio está llamado a la solidaridad, a la defensa común de la libertad de expresión y a no permitir que el miedo sustituya al periodismo, porque si callan a uno, nos ponen en riesgo a todos.

En Cortito

Nos cuentan que el cierre de año en Ecatepec dejó una señal política clara: cuando hay coordinación real entre los tres niveles de gobierno, los resultados en seguridad sí llegan.

Desde el C5 de la policía estatal, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Mesa de Paz junto a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, y el mensaje fue contundente: Ecatepec es prioridad para el gobierno estatal y federal, y ese respaldo se traduce en acciones concretas, no en discursos.

Delfina Gómez no sólo reconoció el trabajo en equipo, sino que subrayó que los resultados positivos de las Mesas de Paz ya se reflejan en todo el Estado de México, destacando particularmente el caso de Ecatepec como ejemplo de cómo la coordinación institucional, el Mando Unificado y la voluntad política pueden revertir una de las problemáticas más complejas del país: la inseguridad en zonas metropolitanas densamente pobladas.

En esa misma línea, Azucena Cisneros agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la propia gobernadora, señalando que la implementación del Mando Unificado, junto con el despliegue de Marina, Sedena, Guardia Nacional, policía estatal y Fiscalía, ha sido clave para inhibir la comisión de delitos y recuperar la tranquilidad de las comunidades.

La seguridad, en Ecatepec, dejó de ser un tema de buenas intenciones para convertirse en una estrategia operativa con resultados medibles.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Esthela, confianza de Sheinbaum

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.