SN Redacción
A 24 horas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, la presidente Claudia Sheinbaum realizó una intensa gira de trabajo por los hospitales donde fueron internados los heridos para expresarles su solidaridad y el respaldo del gobierno. Anunció, además, que el gobierno federal entregará un apoyo inicial de 30 mil pesos a las familias de cada víctima del accidente del Tren Interoceánico, que dejó 13 muertos.
La Presidencia de la República emitió ayer un decreto con el que declaró formalmente a 2026 “Año de Margarita Maza Parada”, por lo que esa frase se incluirá en toda la documentación oficial de la Federación. En el documento publicado en el DOF se invitó a las entidades federativas, municipios y demarcaciones a adherirse a la declaratoria. En tanto, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial Federales, así como con los órganos públicos autónomos, establecerá un programa de actividades para “conmemorar y honrar” su obra en favor de la patria.
Una tripulación de 22 personas de 12 nacionalidades estuvo privada de la libertad durante 44 días en un buque de carga que fue asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR) en Topolobampo, Sinaloa, luego de que los propios marineros denunciaran el hallazgo de un bulto con cuatro kilos de cocaína.
En los últimos cinco años, al menos 59 personas dedicadas a la defensa del medio ambiente y del territorio han sido reportadas como desaparecidas en el país mientras realizaban labores de protección comunitaria y ambiental. La cifra corresponde al periodo de 2020 a 2024 y fue dada a conocer por Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). La presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, Gabriella Citroni, advirtió que uno de los principales obstáculos para atender esta crisis es la ausencia de registros oficiales específicos sobre la desaparición de defensores ambientales. Esta carencia, explicó, impide la creación de políticas públicas focalizadas y vuelve insuficientes las acciones existentes para garantizar su seguridad.
Luego de que la presidente Claudia Sheinbaum afirmó que en México nunca ha habido una acusación por terrorismo, la gobernadora de Veracruz tuvo que corregir su postura respecto a la acusación de dicho delito contra el periodista Rafael León, detenido el pasado 24 de diciembre. “No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y en su caso tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz porque no ha habido una acusación por terrorismo en México. Yo creo que nunca, entonces tiene que explicar la fiscalía”, declaró la mandataria. La gobernadora de Veracruz había afirmado que la fiscalía actuó porque debía haber hechos judiciales y penales, y se tenía que aplicar la ley.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) obtuvo 26 sentencias favorables en los juicios de amparo promovidos por empresas que buscaban mantener la venta de comida chatarra en escuelas del país, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.
En el contexto de diferencias entre el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y el director general de Materiales Educativos de esa dependencia, Marx Arriaga, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que “nadie es portador de la verdad absoluta en la Cuarta Transformación”, ya que “eso le corresponde al pueblo”.
El último asesinado de la lista es El Panu, ejecutado cuatro días antes de Navidad. Sus pleitos abiertos y conocidos en Culiacán con Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, primo de Iván Archivaldo, han reavivado las teorías sobre deserciones y deslealtades en el primer círculo de Los Chapitos. De otros operadores, fuentes federales confirmaron a Milenio que, al menos, tres de ellos han dejado de apoyar con intensidad a los hijos de El Chapo.
La copropietaria de la organización Miss Universo, la empresaria tailandesa Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, fue condenada a dos años de prisión por un tribunal de Bangkok tras ser declarada culpable del delito de fraude, relacionado con la emisión de bonos corporativos de su empresa JKN Global Group. (…) El caso de Tailandia se suma a los problemas legales que enfrenta el copropietario del concurso, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, quien también se encuentra bajo investigación judicial en México. En México, un juez federal concedió una suspensión definitiva a favor del copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, con lo que quedaron frenadas de manera temporal las acciones legales derivadas de la revocación del criterio de oportunidad que le había otorgado la Fiscalía General de la República (FGR).
Por cargos de portación de arma de fuego y delitos contra la salud, un juez de control ordenó abrir un proceso contra Mario Alberto Cárdenas Medina, alias “El Betillo” o “Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo. El juzgador estimó suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal para vincular a “El Betillo” y a dos hombres más, quienes fueron aprehendidos en Monterrey. A los detenidos se les fijó prisión preventiva oficiosa en la cárcel de Apodaca y el juez dispuso tres meses de plazo para realizar la investigación complementaria.
A pesar de que esta normativa se aprobó a finales de marzo, el 7 de diciembre fanáticos de la tauromaquia y opositores al espectáculo sin violencia se manifestaron afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Segunda Sala desechara el amparo que suspendía las nuevas corridas, lo cual no ocurrió.
Un Tribunal Colegiado dio luz verde para extraditar a Estados Unidos a Roterto Nájera Gutiérrez, alias La Gallina, lugarteniente del capo Joaquín El Chapo Guzmán Loera en el sureste del país y Belice. La Gallina, requerido por una Corte Federal de Georgia para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de cocaína cometidos entre 2013 y 2018, impugnó la decisión del juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en la ciudad de México, que le negó el amparo y la protección de la justicia contra su traslado al vecino país del norte. Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la sentencia impugnada al determinar que el juez cumplió los requisitos procedimentales establecidos para autorizar su entrega a Estados Unidos.
Una agresión armada directa contra los ocupantes de un automóvil de alta gama provocó una intensa movilización policiaca la mañana de ayer en el municipio de Zapopan, Jalisco, con un saldo preliminar de tres personas muertas y cuatro más gravemente lesionadas.
En un esfuerzo por reforzar la seguridad durante el cierre de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevó a cabo una serie de operativos entre el 26 y el 28 de diciembre, los cuales resultaron en la detención de 38 personas vinculadas a diversos delitos en las 16 alcaldías de la capital. De acuerdo con los reportes oficiales, las acciones de vigilancia permitieron la captura de individuos por crímenes de alto impacto.
Para dar continuidad al ciclo de talleres de capacitación para personas juzgadoras, iniciado por el magistrado Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el Poder Judicial del Estado de México refrendó su compromiso con la profesionalización permanente de quienes imparten justicia, mediante jornadas formativas orientadas al fortalecimiento de conocimientos, habilidades y criterios jurisdiccionales en las materias Penal, Familiar y Civil y Mercantil, con el propósito de consolidar una impartición de justicia eficiente, confiable, transparente y cercana a la ciudadanía.
El Poder Judicial de Quintana Roo inició una investigación contra el juez José Luis Jonathan Yong Mendoza, quien fue exhibido en un video cuando amenazaba a su pareja con un arma de fuego al interior del Residencial Palmaris, en Cancún. Tras varios días, mediante un comunicado, el Poder Judicial estatal informó que por los hechos registrados el pasado 24 de diciembre en Cancún y tras la denuncia recibida el 26 de diciembre, “con el objetivo de garantizar que los hechos sean investigados con responsabilidad, transparencia y apego a la ley, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas inició las diligencias correspondientes y solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial la aplicación de una medida cautelar, correspondiente a la suspensión temporal de funciones al juzgador”.
Aurelio Arizmendi López, hermano de Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, seguirá en el Penal Federal del Altiplano, luego de que un juzgado federal determinó que, pese a que las pruebas sobre secuestro eran ilícitas, aún enfrenta otra sentencia por delincuencia organizada.
Entre los poderes y los órganos autónomos de Morelos existe una añeja confrontación. Se acusan mutuamente de presuntas invasiones de facultades, conflicto que ha llegado de manera recurrente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha debido fungir como árbitro. La entidad morelense también figura como la que tiene más sentencias de la Corte pendientes de cumplimiento, derivadas principalmente de controversias promovidas por el Poder Judicial local, que ha acusado a los otros poderes de invadir sus competencias. Ante este escenario, el Máximo Tribunal intervino recientemente a través de su Secretaría de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, al instalar dos mesas de trabajo con legisladores de Morelos, sus equipos y personal de la Secretaría de Hacienda estatal. El objetivo fue brindar acompañamiento institucional para el cumplimiento de 263 controversias constitucionales, según revela el primer informe de labores del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.
Una economía prácticamente estancada, inversión paralizada por los altos niveles de incertidumbre y un clima institucional debilitado por la desconfianza y la inseguridad fueron los factores que marcaron el cierre de 2025, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La Coparmex detalló que entre los puntos que generaron este rezago sobresalen las reformas estructurales que incrementaron la incertidumbre institucional, particularmente en materia judicial, en la defensa de los derechos y en el debilitamiento de las instituciones electorales. Estos cambios, de acuerdo con el análisis, introdujeron dudas adicionales sobre la protección jurídica de personas y empresas. “El proceso electoral y, en consecuencia, la implementación de la reforma del Poder Judicial generaron alertas sobre la experiencia e independencia de jueces y la certeza jurídica”, se lee en el documento.
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