La SIP advirtió riesgos a la libertad de expresión por procesos judiciales recientes.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó profunda preocupación por una escalada de acciones judiciales en México en contra de la prensa y los periodistas. La organización documentó casos que involucraron a periodistas en procesos penales vinculados con su labor informativa. Estos hechos representaron una tendencia que afectó el libre ejercicio de la libertad de expresión.

La SIP señaló que el uso del sistema penal contra periodistas generó alarma en la comunidad informativa regional. Los señalamientos se centraron en procedimientos judiciales considerados intimidatorios. La organización difundió su postura mediante un pronunciamiento público.

De acuerdo con la SIP, estos procesos ocurrieron en un contexto de creciente presión institucional. Los casos documentados involucraron a comunicadores en ejercicio profesional. La organización sostuvo que el impacto trascendió a la sociedad por afectar el derecho a la información.

Casos recientes

En el estado de Puebla, el periodista Rodolfo Ruiz, director del portal e-Consulta, fue vinculado a proceso. La imputación correspondió al presunto manejo de recursos de procedencia ilícita. Informes de prensa señalaron cuestionamientos sobre la solidez de las acusaciones.

La SIP indicó que el proceso judicial contra Rodolfo Ruiz presentó señalamientos de irregularidades. El caso permaneció bajo seguimiento de organizaciones defensoras de la libertad de expresión. El periodista continuó su situación jurídica en instancias locales.

En Veracruz, el periodista Rafael León Segovia fue imputado por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública. Los hechos se relacionaron con su cobertura periodística. La acusación inicial excluyó el delito de terrorismo, según informó la autoridad estatal.

Seguimiento internacional

La fiscal general de Veracruz, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó la imputación sin el cargo de terrorismo. Como medida cautelar, se impuso resguardo domiciliario por un año. La decisión fue comunicada de manera oficial.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) monitoreó el caso. El organismo instó a respetar garantías judiciales y el debido proceso. El llamado se difundió mediante un mensaje en la red X.

La SIP consideró que la intervención de instancias internacionales reflejó la gravedad del contexto. La organización subrayó que estos casos involucraron el uso del sistema penal. El señalamiento apuntó a riesgos estructurales para la prensa. –sn–

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