Hay denuncias formales contra Tereso Medina, quien aspira a dirigir la CTM, con pruebas documentales y audios, que evidencian presiones para forzar la renuncia a derechos sindicales. 

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, denunció públicamente el uso de instituciones de justicia en Coahuila para perseguir a dirigentes sindicales y criminalizar la protesta laboral, al tiempo que expresó su respaldo a trabajadores de Altos Hornos de México y a líderes obreros de la región norte del estado.

En conferencia de prensa, acompañado por legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo e integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Mejía Berdeja sostuvo que la Fiscalía General del Estado de Coahuila “se está utilizando como un instrumento de represión sindical y política”, particularmente en casos vinculados a la defensa de derechos laborales.

El legislador federal expuso que, tras la quiebra y proceso de liquidación de Altos Hornos de México, más de 14 mil trabajadores en Coahuila acumulan más de dos años y medio sin recibir salario. Recordó que la crisis de la empresa deriva de los manejos “corruptos y fraudulentos” de su exdirectivo Alonso Ancira, quien —dijo— fue beneficiado durante años por gobiernos del PRI y del PAN.

Justicia laboral

“Hoy lo que exigimos es justicia laboral. Que cualquier proceso de subasta o reestructura garantice, en primer término, el pago de los pasivos laborales y que se reactive una industria que, bien administrada, es rentable y estratégica para la región”, afirmó.

Mejía Berdeja denunció que trabajadores que resguardan las instalaciones de la siderúrgica en Monclova para evitar el retiro ilegal de maquinaria y activos fueron objeto de acciones penales. En particular, informó que la Fiscalía estatal giró citatorios contra el trabajador Juan Hervey Valenzuela de la Torre, a quien se pretende imputar por el presunto delito de despojo.

“Se busca criminalizar una protesta legítima. Defender el patrimonio industrial para garantizar el pago de salarios no es un delito. Es un acto de dignidad obrera”, subrayó.

Acciones contra Alonso Ancira

Ricardo “El Tigre” Mejía adelantó que ya fue presentado un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a las autoridades a evitar la judicialización de conflictos laborales y pidió la intervención de la Fiscalía General de la República para que reactive acciones legales contra Alonso Ancira, quien —recordó— se comprometió a pagar 218 millones de dólares por concepto de reparación del daño en el caso Agronitrogenados y sólo cubrió parcialmente ese monto.

En la misma conferencia, Mejía Berdeja abordó el caso de los dirigentes sindicales Leocadio Hernández Torres y Leocadio Hernández Hernández, representantes de la Federación de Trabajadores de la Región Norte de Coahuila, quienes —aseguró— fueron despojados de su representación sindical mediante una “maquinación judicial” impulsada por el actual dirigente cetemista en el estado, Tereso Medina.

“El compañero Leocadio Hernández Torres fue privado de su libertad a finales de 2023 bajo una acusación fabricada de extorsión, simplemente por ejercer un derecho elemental: el emplazamiento a huelga”, afirmó. Mejía Berdeja recordó que, un juez dictó prisión preventiva justificada sin valorar adecuadamente las circunstancias del caso.

Hay denuncias ante la FGR contra Tereso Medina

El legislador petista sostuvo que existen denuncias formales ante la Fiscalía General de la República por el presunto delito de extorsión en contra de Tereso Medina, –quien aspira a dirigir a la CTM– y otros implicados, y aseguró que cuentan con pruebas documentales y audios que, dijo, evidencian presiones para forzar la renuncia a derechos sindicales a cambio de modificar medidas cautelares.

“No se puede aspirar a dirigir la Confederación de Trabajadores de México cuando pesan señalamientos tan graves. Eso no es sindicalismo; es abuso de poder”, enfatizó.

Coahuila perdió 22 mil empleos

El también ex subtitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal vinculó estos hechos con un contexto más amplio de deterioro laboral en la entidad. Recordó que en el último año Coahuila perdió 22 mil empleos formales, particularmente en la región sureste, incluyendo Saltillo y Ramos Arispe. “Mientras miles de familias pierden su fuente de ingreso, hay dirigentes que guardan silencio y no defienden a los trabajadores”, señaló.

Finalmente, Ricardo “El Tigre” Mejía reiteró que el Partido del Trabajo mantendrá su respaldo a las causas obreras y dará seguimiento legislativo y jurídico a ambos casos. “En Coahuila no vamos a callar frente a la persecución política, ni ante el saqueo de los derechos laborales. Vamos a acompañar a los trabajadores hasta que haya justicia”, concluyó. –sn–

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