El Estado debe garantizar a las mujeres una vida libre de violencia: Diputada Elizabeth Mateos

Por Luis Muñoz | Reportero                                                      

Con el objetivo de fortalecer la protección de las mujeres víctimas de violencia, la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante del grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para homologar el Código Nacional de Procedimientos Penales con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de garantizar que las medidas de protección no estén sujetas a plazos rígidos cuando el riesgo continúa.

El hecho de que el 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha vivido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, no busca alarmar, sino dimensionar la magnitud del problema y evidenciar la necesidad de que el Estado fortalezca y perfeccione cada herramienta destinada a proteger la vida y la seguridad de las mujeres.

La legisladora señaló que en la práctica, las medidas de protección suelen durar 30 días, con posibilidad de ampliarse otros 30; sin embargo, cuestionó que la violencia pueda cesar únicamente porque transcurra ese lapso. “La protección no puede caducar por calendario cuando el riesgo sigue vivo”, expreso la funcionaria.

Durante su participación en tribuna en la sesión de este jueves, Mateos Hernández subrayó que la Ley General ya establece que las órdenes de protección son urgentes, de aplicación inmediata, y diseñadas para salvaguardar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las víctimas. 

Por ello propuso que el Código Nacional de Procedimientos Penales debe reflejar ese estándar sin interpretaciones restrictivas ni vacíos que debiliten la seguridad de las mujeres.

“Si el riesgo sigue, la protección debe seguir”, puntualizó.

Asimismo, sostuvo que la duración de las medidas no puede depender únicamente de plazos fijos, sino de una evaluación real de la amenaza.

Señaló que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha vivido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, porcentaje que no busca alarmar, sino dimensionar la magnitud del problema y evidenciar la necesidad de que el Estado fortalezca y perfeccione cada herramienta destinada a proteger la vida y la seguridad de las mujeres.

Destacó además que tanto en el país como en la Ciudad de México se han impulsado políticas públicas y mecanismos de atención que han fortalecido la red de apoyo institucional para las mujeres; sin embargo, consideró necesario brindar un soporte normativo claro, coherente y sin contradicciones.

Recordó que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo que, en materia de violencia de género, “si el riesgo persiste, la protección puede y debe continuar, reafirmando que la finalidad de estas medidas es garantizar una protección efectiva”.

La protección no puede ser simbólica; tiene que ser eficaz”, enfatizó la diputada.

En su intervención informó que esta propuesta forma parte de una agenda constante en favor de las mujeres, en la que ha impulsado recientemente iniciativas como: “El que pega, paga”, “Estafa Romance”, “Traición cero, liquidación” y el registro de violentadores. 

A esta nueva propuesta la denominó “Protección sin caducidad. Nuestro Salvavidas Violeta”, con el propósito de que la protección se mantenga hasta que cese la amenaza.

Finalmente, Mateos Hernández hizo un llamado a fortalecer el paquete de iniciativas identificado como 8M (presentadas el 8 de marzo), al considerar que la vida y la seguridad de las mujeres no deben estar sujetas a plazos.

La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. –sn–

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