SN Redacción
Tras ocho años de ordenarse su creación, la justicia federal finalmente instruyó integrar la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala, determinación que comprometería la existencia de la unidad especial de la Fiscalía General de la República (FGR) hoy responsable de la indagatoria. El Tribunal Colegiado de Apelación de Tamaulipas dio los primeros pasos para conformar la comisión, ya que ordenó requerir a Ernestina Godoy, fiscal general de la República, y a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para que nombren a sus representantes ante el inédito organismo.
La Fiscalía General de la República detuvo a Marcelo Villalba Adame, exagente de la Policía de Huitzuco, Guerrero, por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014. Villalba fue detenido en Guerrero por elementos de la Policía Federal Ministerial, con base en una orden de aprehensión librada desde agosto de 2022 por delincuencia organizada y desaparición forzada de personas. Según informes federales, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca le dictó la formal prisión por los dos ilícitos y, como ambos contemplan la prisión preventiva de oficio, permanecerá preso mientras se tramita su proceso.
Alejandro Palacios Benítez, «El Cholo», presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, enfrenta un nuevo juicio por el ataque al autobús del equipo de futbol Los Avispones, el día en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Carlos Medrano García, secretario en funciones del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, dictó la formal prisión al presunto narcotraficante por los delitos de homicidio calificado en agravio de tres personas y tentativa de homicidio en perjuicio de 37.
Ayer, fuerzas federales realizaron golpes contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz, donde detuvieron a un jefe operativo y 13 integrantes más, mientras que en Jalisco cayó una mujer ligada al reclutador del rancho Izaguirre, usado presuntamente como centro de adiestramiento criminal de la organización. En la zona conurbada entre los municipios de Veracruz y Boca del Río, fuerzas federales detuvieron a 14 presuntos miembros de una célula dedicada al secuestro, entre ellos Israel Meneses, identificado como jefe operativo del CJNG.
La familia de Miguel Ángel Rojas Hernández, fotoperiodista que perdió la vida en el festival AXE Ceremonia 2025, solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) la comparecencia de Diego Jiménez Labora, fundador del concierto, y otros accionistas vinculados a Grupo ECO, con el objetivo de esclarecer los hechos negligentes que derivaron en la tragedia. Dado que la audiencia inicial por el caso AXE Ceremonia aún no ha sido celebrada, la familia Rojas Martínez presentará queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial por aparentes irregularidades en el trámite del amparo indirecto 853/2025, en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, a cargo de la juez María del Carmen Sánchez Cisneros.
Ayer se llevó a cabo la asamblea nacional constitutiva de la organización civil Somos México como parte del proceso para convertirse en nuevo partido político, en un acto en el que también se nombró a la dirigencia y los integrantes de su consejo nacional y consejo consultivo ciudadano. A mano alzada, los delegados de la agrupación —formada y dirigida en gran medida por exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y de las marchas de la llamada marea rosa— designaron por mayoría como su presidente a Guadalupe Acosta Naranjo —exintegrante del grupo conocido como los «Chuchos» del extinto Partido de la Revolución Democrática— y a la ex candidata presidencial Cecilia Soto como su secretaria general.
En un encuentro destinado a estrechar la coordinación institucional, el magistrado Rufino H. León Tovar realizó una visita oficial a las instalaciones del Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF), con sede en esta entidad. Durante su recorrido, también se reunió con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.
El pasado miércoles, la Suprema Corte declaró constitucional el tope impuesto al alquiler en la capital, que no deberá subir más que la inflación del año anterior, cuyo presidente Hugo Aguilar argumentó que la medida «responde a un objetivo de justicia social, pues parte del reconocimiento de que el acceso a la vivienda no puede quedar exclusivamente sujeto a dinámicas de mercado que, en contextos de alta presión inmobiliaria, generan expulsión y profundizan desigualdades urbanas».
La reforma constitucional anunciada por la presidente Claudia Sheinbaum para reducir las pensiones millonarias que obtienen exfuncionarios de empresas públicas y banca de desarrollo sí podrá aplicarse en cuanto se promulgue, porque el principio de no retroactividad no se aplica en modificaciones a la Constitución y así lo establecen además tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtieron legisladores de Morena.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la asociación Construyendo Sociedades de Paz no utilizar las siglas CSP, que coinciden con las iniciales de la Presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Los magistrados emitieron la resolución en carácter de «medida preventiva» y al mismo tiempo ordenaron al Instituto Nacional Electoral (INE) pronunciarse de inmediato sobre la petición de la mandataria del 5 de febrero de negar el registro como partido político nacional a esta organización si persistía en su estrategia.
Entre los legisladores de Morena ya se instaló la idea de que la reforma electoral que enviará la presidente Claudia Sheinbaum tendrá que defenderse incluso sin el respaldo del PT y el PVEM, y con la posibilidad de que los votos no alcancen para ser aprobada. Para el oficialismo, la instrucción es clara: mantener el proyecto presidencial intacto, tal como lo presente la mandataria el próximo martes, abrir el debate y medir fuerzas con los aliados.
De gira de trabajo por Coahuila, la presidente Claudia Sheinbaum, acompañada por su anfitrión, el gobernador Manolo Jiménez, encabezó la entrega de Viviendas para el Bienestar en Monclova, donde aseguró que este programa es «el más ambicioso en la historia de México, donde la meta es construir 1.8 millones de viviendas».
La recibieron coreando encendidamente su nombre. Proclamaban su simpatía a la presidente Claudia Sheinbaum, pero al mismo tiempo ondeaban pancartas con una consigna clara: «¡Queremos justicia social!». Ellos son los extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), con años a cuestas de un conflicto laboral derivado de la voracidad de su antiguo patrón, Alonso Ancira, quien al provocar el cierre de la acerera también colapsó la economía de esta ciudad.
Conocedora del conflicto y con una postura indeclinable a favor de los trabajadores, al venir aquí la presidente Sheinbaum sabía que debería responder, y por eso no dudó en ratificarles su solidaridad. Adelantó que aun cuando la decisión sobre el futuro de AHMSA está en manos del Poder Judicial, el gobierno federal ha expuesto claramente dos condiciones como alternativa al conflicto en la subasta de la empresa a efectuarse el 27 de abril, con un valor mínimo de referencia de mil 127 millones de pesos.
Estados Unidos tiene congelada desde hace casi dos años la solicitud del gobierno federal para detener de manera provisional con fines de extradición al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El 25 de abril de 2024 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a la justicia federal que ya había tramitado la solicitud de detención para su extradición y que los estadounidenses tenían bajo «estudio» el requerimiento.
El próximo martes, la ministra Lenia Batres Guadarrama propondrá ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no se conceda protección y amparo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, con lo que se validaría la primera orden de aprehensión librada contra el político panista por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en 2021.
Los gobiernos municipales se han convertido en la principal fuente de irregularidades detectadas en el gasto público revisado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues seis de cada 10 pesos de recursos federales transferidos a municipios no fueron debidamente comprobados por las administraciones locales, de acuerdo con la tercera entrega de informes de la cuenta pública 2024, presentada esta semana a la Cámara de Diputados.
¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.
Sociedad Noticias 