Ex servidor público del Instituto Politécnico Nacional (IPN) enfrenta proceso por contratos con una empresa señalada por simulación por más de 11 millones de pesos.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La Fiscalía General de la República (FGR), que dirige la senadora con licencia por Morena, Ernestina Godoy, informó la vinculación a proceso de Javier Tapia Santoyo, ex servidor público del Instituto Politécnico Nacional (IPN) señalado por uso ilícito de atribuciones y ejercicio abusivo de funciones. La investigación se relacionó con contratos firmados en 2018 con una empresa incluida en el listado del artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, por una bolsa superior a los 11 millones de pesos.
La FGR precisó que la resolución judicial derivó de una audiencia en la que el Ministerio Público federal presentó datos de prueba contra el ex funcionario. El caso fue investigado por la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC). La autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal.
De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos investigados ocurrieron cuando el imputado ejercía funciones como servidor público en 2018. Durante ese periodo suscribió tres contratos con una empresa considerada dentro del listado de contribuyentes que simulan operaciones. El monto aproximado de los contratos ascendió a alrededor de 11 millones de pesos.
Investigación por contratos
La FGR indicó que la empresa involucrada figuraba en el listado del artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación. Dicho artículo se refiere a contribuyentes que presuntamente realizan operaciones simuladas. La firma de contratos con empresas incluidas en ese listado constituye uno de los elementos investigados por la fiscalía.
Las autoridades federales señalaron que el imputado habría actuado en conjunto con otros funcionarios públicos. Algunos de ellos fueron vinculados a proceso en días anteriores por hechos relacionados. La investigación federal se centró en posibles irregularidades administrativas y penales derivadas de los contratos.
El Ministerio Público adscrito a la FEMCC presentó ante el juez diversos datos de prueba. Estos elementos permitieron sustentar la solicitud de vinculación a proceso contra Javier Tapia Santoyo. La autoridad judicial aceptó los argumentos expuestos por la fiscalía federal.
Medidas cautelares
Durante la audiencia se determinaron medidas cautelares para el imputado. El juez ordenó la presentación periódica mensual ante la autoridad judicial correspondiente. También se estableció la prohibición de salir del país mientras se desarrolla el proceso penal.
El órgano jurisdiccional fijó además un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. Durante ese periodo las autoridades podrán recabar más pruebas relacionadas con el caso. La FGR continuará con las diligencias para fortalecer la carpeta de investigación.
El comunicado oficial recordó que la persona imputada mantiene la presunción de inocencia. Esta condición permanecerá vigente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente. El proceso continuará conforme a las etapas previstas en el sistema penal acusatorio. –sn–


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