Se debe permitir ingreso de alimentos en eventos públicos masivos, para evitar abusos de vendedores: Diputada Elizabeth Mateos

Por Luis Muñoz | Reportero                                                      

La diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Espectáculos Públicos, este miércoles, con el objetivo de permitir el ingreso de alimentos y bebidas para consumo personal en eventos masivos realizados en espacios abiertos y así evitar abusos en precios de alimentos y bebidas y garantizar condiciones más justas para las personas asistentes.  

En tribuna la legisladora señaló que asistir a conciertos, festivales o eventos deportivos en la capital “ya no es cualquier cosa…es un esfuerzo”, al referirse al impacto económico, de tiempo y de organización que implica para la ciudadanía.

En ese sentido, destacó que la magnitud de estos eventos refleja su relevancia en la vida cotidiana. Tan solo en 2025, la Policía Bancaria e Industrial (PBI) desplegó 553 operativos de seguridad en conciertos y festivales, con una asistencia global superior a los 10 millones de personas.

Sin embargo, advirtió, esta realidad también evidencia prácticas que afectan a los asistentes. “Cuando alguien entra a un espectáculo público, también lo hace a un esquema donde no tiene opciones”, afirmó al señalar que dentro de estos espacios no se permite ingresar alimentos o bebidas, lo que obliga a consumir productos con precios elevados.

De acuerdo con lo expuesto, en recintos como el Estadio GNP, una botella de agua potable de 600 ml puede costar alrededor de 45 pesos, un refresco 50 pesos, un electrolito hasta 90 pesos y una pizza individual cerca de 120 pesos; son precios que en algunos casos multiplican varias veces su valor fuera del evento.

A esto se suma que los boletos pueden costar desde los mil 700 pesos hasta más de 17 mil pesos, lo que incrementa considerablemente el gasto total. En contraste, señaló que el salario mínimo diario en México ronda los 315 pesos, por lo que, en muchos casos, el acceso a estos eventos representa varios días de trabajo.

Por ello, la diputada Mateos Hernández, planteó que esta situación genera una barrera económica.

“De verdad esto es accesible?”, cuestionó al advertir que se trata de una forma de “discriminación de facto”, donde el acceso depende del nivel de ingresos”.

Asimismo, explicó que dentro de los eventos no existe competencia en la venta de alimentos y bebidas, ya que las empresas organizadoras controlan tanto la oferta como los precios. “No hay alternativas, no hay posibilidad de elegir”, subrayó la diputada.

Frente a este escenario, la iniciativa propone permitir el ingreso de refrigerios y bebidas para consumo personal en espectáculos públicos realizados en espacios abiertos, bajo condiciones específicas de seguridad, orden y protección civil.

La propuesta establece que únicamente se podrán ingresar porciones individuales, bebidas selladas y envases seguros en cantidades limitadas, al tiempo que se prohíben recipientes peligrosos, envases de vidrio y objetos que representan un riesgo.

Esta medida no aplicará en recintos cerrados ni espacios con restricciones especiales por razones de protección civil o valor patrimonial.

“Es decir: orden sí…abuso no”, puntualizó la legisladora.

Finalmente, la diputada destacó que esta propuesta cobra relevancia ante la proximidad de eventos masivos de gran escala, como el Mundial, en los que se prevé la asistencia de miles de personas en condiciones que requieren garantizar aspectos básicos como la hidratación.

“La hidratación y la alimentación no son un capricho. Son una necesidad y también es un tema de seguridad”, afirmó.

La legisladora concluyó señalando que la iniciativa busca equilibrar las condiciones dentro de estos espacios, sin afectar la operación de los organizadores, pero sí devolviendo a las personas la posibilidad de elegir, así como de evitar prácticas que encarezcan su experiencia.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Administración Pública local para su análisis y dictamen. –sn–

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