Sheinbaum rechazó y desestimó el informe del CED calificándolo de “inexacto” pues no refleja la situación actual del país.
Por Luis Muñoz
Este dos de abril el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) pidió a la Asamblea General que “discuta de manera urgente la situación de las desapariciones en México”, hecho que desestimó la presidente Claudia Sheinbaum, por tratarse de un pedido “parcial y sesgado”.
Nada extraño. Los gobiernos de México nunca han sido proclives a aceptar sugerencias o recomendaciones de organismos internacionales como la ONU.
¿Qué dijo el CED?
Que el secretario general de la ONU remita a la Asamblea General la situación en México, con el argumento de que se pronuncie sobre el asunto y contemple medidas para apoyar al país “en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”.
Eso no le pareció a la presidente Sheinbaum, quien rechazó y desestimó el informe calificándolo de “inexacto” porque “no refleja la situación actual del país”.
En las “mañaneras” del 6 y 7 de abril la titular del Ejecutivo federal fue contundente. Dijo que el organismo internacional “ignoró la información oficial proporcionada por su gobierno y basó su análisis en datos extrapolados de años anteriores”.
De acuerdo con el Comité, la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, según cita CNN en español.

El CED explicó que llevar el tema ante la Asamblea General tiene un carácter preventivo para “movilizar la atención y el apoyo internacionales, no para señalar responsabilidades penales individuales.
Agregó que sabe que la situación de violencia en México se ha agravado desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006 y que, si bien no tiene pruebas de que las desapariciones forzadas se deriven de una política de Estado, esto no resta urgencia al problema, ni significa que se deba descartar que haya casos que puedan considerarse crímenes de lesa humanidad.
En este contexto, la presidente del PAN en la capital del país, Luisa Gutiérrez Ureña, exigió al gobierno atender la crisis sobre desapariciones, pues la tendencia va al alza.
También expresó su rechazo a la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al minimizar y rechazar el dictamen del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Destacó que se advierte una crisis de más de 132 mil 400 personas desaparecidas en el país, así como más de 4 mil 500 fosas clandestinas y alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar.
Gutiérrez llamó al gobierno federal a no resistirse en aceptar este fenómeno cruel en México y avanzar en política pública que coadyuve en el fortalecimiento de instituciones para la búsqueda.
Tan solo en Cdmx, de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, en el primer trimestre de este año, suman 242 casos de personas desaparecidas, una tendencia que, de continuar así, representaría un repunte del 57% respecto al mismo periodo de 2025, con 154 reportes.

En cuando al gobierno central, dijo que éste debe reforzar las políticas de búsqueda y atención a víctimas, así como no escatimar recursos para la localización de personas. Que haya máxima publicidad en los medios y el espacio público para ayudar a las personas que tienen algún pariente sin encontrar. “Estamos en medio de una crisis totalmente desbordada”, enfatizó.
Por otra parte, Gutiérrez Ureña recordó que los restos de 13 personas fueron localizados en la capital como resultado de las Jornadas de Búsqueda entre mayo de 2025 y marzo de 2026, entre ellos dos menores de edad que ya fueron identificados.
Héctor Barrera Marmolejo, secretario general del PAN Cdmx, detalló que en los últimos diez años, en el país han desaparecido más de 18 mil mujeres de entre 15 a 29 años. “No hay seguridad en las calles. Y mientras el gobierno siga negando el problema, sigan asfixiando a las Fiscalías y reduciendo dinero a los albergues para mujeres violentadas, la tendencia seguirá en aumento”.
Señaló que el PAN exige acciones contundentes y reclama atención primaria para la agenda de seguridad. “Hemos visto como hay marchas, bloqueo de avenidas y el grito de auxilio de miles de familias que reclaman justicia y acabar con la impunidad, nosotros sí estamos del lado de las víctimas”.
La diputada Laura Álvarez Soto, también criticó la reacción del gobierno federal frente a los recientes señalamientos de la ONU sobre la crisis de desapariciones en el país, al considerar que la postura adoptada privilegia la defensa de la narrativa sobre la atención de fondo a una tragedia que afecta a miles de familias.
Añadió que, lejos de colocarse a la defensiva, el Estado mexicano debería reconocer con claridad la dimensión del problema y aprovechar el acompañamiento técnico ofrecido por la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades institucionales de búsqueda, investigación y sanción.
Advirtió que la desaparición de personas no admite evasivas ni narrativas que minimicen su gravedad. “Las madres buscadoras, las familias y todas las personas que viven la ausencia de un ser querido merecen acciones contundentes que permitan encontrar verdad y justicia”.
*Periodista: lm0007tri@yahoo.com.mx
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